Un obispo a punto de jubilarse, nuevo jefe de la inquisición

Los cardenales españoles se resisten a dejar paso a prelados más jóvenes. Lo han demostrado en las elecciones de esta semana para renovar los cargos en la Conferencia Episcopal Española. En la asamblea plenaria, compuesta por 78 obispos y una edad media cercana a los 65 años, copan ya el Comité Ejecutivo y ayer han entregado la mejor de sus comisiones -la doctrinal- al único cardenal que había quedado fuera.

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Se trata del arzobispo de Valencia, Agustín García-Gasco (Corral de Almaguer, Toledo, 1931). Presidirá la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, que es como se llama desde 1965 el Santo Oficio de la Inquisición. Pese a ocupar ese cargo desde marzo de 2007 por fallecimiento de su titular, el obispo auxiliar de Madrid Eugenio Romero Pose, entraba dentro de la lógica que ayer se le buscaría un sustituto más joven y, sobre todo, con tres años de ejercicio por delante.

García-Gasco ha sobrepasado ya dos años la edad reglamentaria de jubilación (75) y tiene cursada a Roma su petición de retiro. El Papa le distinguió en otoño con el capelo cardenalicio, que le permitirá votar en un cónclave hasta los 80 años, pero se da por seguro que no seguirá al frente del arzobispado de Valencia muchos meses más.

La Comisión para la Doctrina de la Fe es la encargada de velar por la ortodoxia de la doctrina católica y vigila que "lo que se diga en la Iglesia, de palabra o por escrito, sobre el evangelio responda a la verdad tal y como lo entiende la Iglesia". Heredera del Santo Oficio de la Inquisición, surgió con ese nombre en el Concilio Vaticano II, cuyos dos papas protagonistas, Juan XXIII y Pablo VI, habían sido molestados por el inquisidor de turno cuando eran jóvenes sacerdotes. Juan Pablo II designó para gestionar tan inmenso poder al entonces arzobispo Joseph Ratzinger, que había destacado como teólogo asesor de aquel concilio entre el sector de los progresistas.

La sorpresa fue que, con los años, la decisión de suprimir la Inquisición y sustituirla por un organismo que buscase el impulso de la doctrina y la teología, más que su control, se convirtió de nuevo, en manos del cardenal Ratzinger, hoy Benedicto XVI, en una temible policía de la fe, como es conocida entre sus detractores.

Entre sus víctimas recientes se cuentan pensadores de la talla de Hans Küng, Edward Schillebeeckx, Charles Curran y gran parte de los teólogos latinoamericanos de la liberación, como Leonardo Boff y Jon Sobrino.

También ha condenado en España numerosas opiniones y libros, entre otros de Marciano Vidal, Juan José Tamayo, José Antonio Pagola, José María Vigil, Casiano Floristan y los jesuitas José María Castillo y Juan Masiá.

Doctrina de la Fe cuenta con el asesoramiento de una Comisión Teológica, de la que en España forman parte 16 teólogos y filósofos de las facultades y centros de estudios teológicos de toda España. Su función es asesorar a los obispos en todo lo que se someta a su consulta. La comisión elabora también documentos de orientación doctrinal sobre diversos aspectos de la fe y la vida cristiana, unos que son publicados bajo su propio nombre y otros que son elaborados para su uso por la Comisión Permanente o la Asamblea Plenaria de la CEE.

Durante años ese trabajo de dirección y coordinación estuvo dirigido por el jesuita Juan Antonio Martínez Camino, que se ganó allí el prestigio y la autoridad que llevaron al cardenal Antonio María Rouco a nombrarle primero portavoz y secretario general de la Conferencia Episcopal, y hace apenas tres meses obispo auxiliar del arzobispado de Madrid.

Ayer se comentaba en la sede de la conferencia que la permanencia de García-Gasco en comisión doctrinal lo será por apenas unos meses, hasta que en noviembre Martínez Camino deje la portavocía y asuma la presidencia de una comisión que conoce como pocos.

Entre las muchas votaciones de ayer para elegir presidencias de comisiones (que dan derecho a pertenecer a la Comisión Permanente episcopal), destacan la reelección de José Sánchez, obispo de Sigüenza-Guadalajara y ex portavoz de la CEE, en Migraciones, y el ascenso de Casimiro López Llorente, obispo de Segorbe-Castellón, a la presidencia de Enseñanza y Catequesis, encargada de negociar con el Gobierno los temas de educación.