La nueva financiación castiga a quien peor gestiona la dependencia

Este año las comunidades se repartirán 283 millones de euros para financiar la Ley de Dependencia. Es solo una parte de lo que reciben, el llamado nivel acordado. La cantidad es la misma que en 2010, pero los criterios de distribución han cambiado. Ahora se prima, sobre todo, la agilidad en la gestión, es decir, el número de dependientes que ya tienen concedida una ayuda o la cantidad de solicitantes a los que se les ha calificado con algún grado de dependencia; también los servicios prescritos, en contra de las ayudas económicas. Las comunidades que mejores cifras presenten en estos capítulos reciben más dinero.

Con los nuevos criterios de reparto, recogidos en el Boletín Oficial del Estado, la Comunidad Valenciana es la que más ha perdido: recibirá 4,5 millones menos que en 2010; después Galicia y Madrid, que pierden 2,5 y 2,3 millones respectivamente; y después Canarias, Cataluña y Asturias. Ganan Andalucía (más de nueve millones), Murcia (1,3), Castilla-La Mancha (1) y Cantabria (633.000 euros).

El criterio con más peso es el número de personas con ayuda ya concedida

El reparto ya no prima la población "potencialmente" dependiente

En los primeros años de la ley este dinero se repartía siguiendo unos criterios provisionales, que primaban la "población potencialmente dependiente". Ese factor tenía un peso de un 55% y ahora solo de un 20%. Para hallar la población potencialmente dependiente se tiene en cuenta sobre todo el envejecimiento de la población. Esa es la razón por la cual Castilla y León, que presenta unos buenos resultados de gestión de la ley, haya salido un poco perjudicada con el nuevo reparto, porque tiene una población muy envejecida.

El otro cambio significativo es el de los programas individuales de atención, que antes pesaban un 18,9% y ahora un 53,9%. Decir programas individuales de atención es lo mismo que decir personas con la ayuda concedida. Este es ahora el criterio que más pesa de todos.

Las comunidades son las que aprobaron estos nuevos criterios de reparto, y ellas son las que remiten al Gobierno cada mes sus propios datos de gestión. En todo caso, este análisis de la gestión de la ley en las autonomías coincide con otros estudios, como el recientemente publicado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

Estos 283 millones se dividen en tres apartados, el fondo general (que se lleva el 80% del total), el fondo de compensación (10%) y el fondo de cumplimiento de acuerdos (10%). Es en el fondo general donde se tienen en cuenta los criterios antes señalados y otros, como la superficie de la comunidad, la dispersión de los habitantes (donde Galicia se lleva la palma) o la insularidad. Pero el peso de estos factores es muy pequeño.

El fondo de compensación tiene en cuenta la renta per cápita y la media de las pensiones que se cobran (Asturias gana en este apartado), así como el número de emigrantes retornados o el coste de los servicios en cada comunidad. Y el fondo de cumplimiento de acuerdos, como su nombre indica, pretende compensar lo que cada Administración dedica a, por ejemplo, la formación de los cuidadores de personas dependientes o la redacción de normativa regional donde recoger los acuerdos suscritos.

Calcular la población potencialmente dependiente no es fácil, por eso se toma la edad como indicador aproximado. Pero se entendía que, pasado un rodaje, la ley iría arrojando cifras incontestables de personas con dependencia, de la edad que fuera. Y por eso el criterio de población "potencialmente" dependiente ha perdido peso en favor de la población realmente dependiente, la que figura en las listas oficiales.