El juez culpa a guardias civiles del montaje contra la clínica Isadora

"No existe el más mínimo indicio de que en la clínica Isadora se haya practicado un solo aborto fuera de los casos permitidos por la ley". Con estas palabras tan contundentes se cierra finalmente el llamado caso Isadora. La justicia dice ahora que la persecución policial y judicial al centro privado madrileño, que duró dos años y medio, carecía del más mínimo fundamento y que la Guardia Civil manipuló la realidad "de modo, cuando menos, oblicuo o torticero". No había nada de lo que acusar a ninguno de los tres médicos que fueron imputados. El procedimiento se ha sobreseído de forma definitiva y el juez expresa el derecho de los médicos y de Isadora a emprender acciones penales por la actuación de los agentes de la Guardia Civil.

"Ni había caso penal el 16 ni el 21 de febrero. Ni lo ha habido ni lo hay"

El auto que cierra el caso, del titular del juzgado de Instrucción número seis de Madrid, habla de "abortos imaginados", de persecución "inquisitorial", de "causa general" contra la clínica y los médicos, de una puesta en escena "tremendista", de un uso "espurio" del proceso por parte de los agentes del Seprona con fines "publicitarios-intimidatorios". Dice que el resultado de las diligencias penales que abrió otro magistrado es "inconsistente y superfluo" y que la actuación de un capitán jefe del Seprona, un srgento y un alférez "olvidó palmariamente que el Estado constitucional y democrático de Derecho (...) se debe caracterizar por someter a severas restricciones el poder de los agentes públicos que pretenden actuar a través del proceso penal".

El magistrado, en el auto dictado el 15 de octubre, afirma también que el derecho a la intimidad de las pacientes de Isadora quedó "devastado" porque en el procedimiento judicial no se tomó ninguna medida para preservar su anonimato.

El acoso a Isadora comenzó en febrero de 2007. El ambiente era propicio. Meses antes se había conocido el reportaje de una televisión danesa sobre las clínicas del doctor Morín en Barcelona, donde supuestamente se practicaban abortos a mujeres en avanzado estado de gestación. Los centros privados de toda España quedaron bajo sospecha. Las clínicas practican el 98% de las interrupciones de embarazo porque la sanidad pública se ha negado durante 25 años a hacerse cargo de esta prestación sanitaria.

En medio de este clima, las asociaciones antiabortistas empezaron a acusar a los centros de cometer todo tipo de tropelías. Entre otras, gestionar mal los residuos orgánicos. Muchas eran denuncias anónimas que, sin embargo, dieron lugar a actuaciones de las autoridades. Una de ellas llevó a dos agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) a las puertas de Isadora el 16 de febrero de 2007.

Allí había un contenedor cerrado esperando a ser recogido por una empresa de gestión de residuos. Los agentes decidieron, sin que en ningún momento se haya aclarado el motivo, que allí pasaba algo raro. Acudieron a los juzgados de Plaza de Castilla hablando de "supuestos abortos ilegales" cuando ni siquiera habían abierto los bidones con los residuos. El magistrado del número seis, de guardia, los mandó a casa diciendo que no había "el más mínimo indicio racional" de delito.

Los agentes, que al parecer querían abrir los bidones como fuera, acudieron entonces a la Comunidad de Madrid. Un técnico de la Unidad de Sanidad Mortuoria accedió a abrirlos con ellos y se los llevaron a un tanatorio de Alcobendas. Encontraron nueve fetos y pensaron, no se sabe con qué base, que eran muy grandes. Volvieron a los juzgados. Primero lo intentaron con la juez de guardia de Alcobendas, pero ésta les dijo que los competentes eran los de Plaza de Castilla. En vez de acudir otra vez y con sus nuevas pruebas ante el primer magistrado, el que les había tumbado el caso, fingieron que esa era la primera vez que se trataba el asunto. Y en ese segundo intento, el 21 de febrero, tuvieron más suerte. La denuncia recayó en un juez, José Sierra Fernández, que sí vio indicios de delito.

El Seprona siguió investigando. Identificó y llamó a declarar a mujeres pacientes de la clínica. En algunos casos los agentes se presentaron, sin más, en sus casas, vulnerando su derecho a la intimidad. No tuvieron en cuenta que muchas de ellas quizá no habían contado a sus familias que habían abortado.

El proceso judicial siguió su curso. Tres médicos fueron imputados, pero de ningún hecho en concreto. De abortos ilegales en general. El juez admitió que se personara en el procedimiento el partido ultraderechista Alternativa Española, de forma que tuvo acceso a información sobre las pacientes de la clínica. Otras organizaciones, como Unidos por la Vida, también lo intentaron.

Los abogados de los médicos y de Isadora recurrieron todas estas decisiones. La Audiencia Provincial de Madrid les dio la razón en todo el pasado mes de julio: ni el juez Sierra era competente para tramitar el caso -que debía volver al primer magistrado que se ocupó del asunto-, ni las organizaciones antiabortistas tenían derecho a estar en la causa. Además, el tribunal desautorizó a la Guardia Civil por su actuación. Por primera vez, se dijo que los agentes desobedecieron la resolución del primer magistrado a sabiendas para buscar uno más favorable a sus tesis.

El caso, por orden de la Audiencia, volvió a ese primer magistrado, Ramiro García de Dios, que es el que acaba de cerrarlo de forma definitiva: "Ni había caso penal el 16 de febrero del 2007, ni el 21 de febrero de 2007, ni lo ha habido ni lo hay". Sólo el fiscal podría recurrir esta decisión y no parece probable.

La Comunidad de Madrid ha sostenido que no tuvo nada que ver con las actuaciones del Seprona, pero hay algunos puntos que no están claros. El 23 de febrero de 2007 se dictó una propuesta de cierre de la clínica que no fue notificada al centro ni llegó a ejecutarse. El escrito desapareció a pesar de que sostenía que la clínica infringía numerosas normas sobre gestión de residuos que sí son competencia de la Comunidad.

En cuanto a los agentes del Seprona, el Ministerio del Interior abrió un expediente disciplinario que aún no está cerrado. La Guardia Civil ha negado en todo momento que sus agentes cometieran irregularidad alguna. Ahora que una Audiencia Provincial y un juzgado de instrucción sostienen lo contrario, tendrán que decidir si alguien va a responder o no por estos hechos.