Los jueces tumban la ocurrencia de Camps de dar Ciudadanía en inglés

La Generalitat valenciana ha perdido el pulso que sostenía contra la comunidad educativa, el Gobierno y el sentido común: Educación para la Ciudadanía no se puede impartir obligatoriamente en inglés. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha tumbado los pilares sobre los que el Gobierno que dirige Francisco Camps, del PP, cimentó su boicot a la asignatura. La sentencia, que recurrirá el Consell, anula la imposición de dar la materia en inglés, pero también la posibilidad de aprobar mediante la elaboración de un trabajo, así como la opción de que los alumnos puedan acogerse a la objeción de conciencia.

La resolución, planteada por CC OO y la abogacía del Estado, no puede ser más oportuna. Llega cuando Camps, después de recular hace unos meses por la presión de padres, alumnos, profesores y directores de centros, había reactivado para el próximo curso su planteamiento docente respecto a Ciudadanía.

Los magistrados revocan los artículos clave del boicoteo a la asignatura

La decisión avala las movilizaciones de la comunidad educativa

La sala no censura que se use el inglés, sino que se imponga el idioma

La Generalitat recurrirá la resolución al Tribunal Supremo

La sección segunda de la sala de lo contencioso administrativo del TSJ no entra en las motivaciones ideológicas por las que el PP valenciano recurrió al inglés y a ocurrencias como la de dar las clases con la doble figura del profesor y el traductor para obstaculizar una asignatura que, según el consejero de Educación, Alejandro Font de Mora, induce a los niños "a votar a los socialistas".

La sala, que firma la sentencia por unanimidad, sí aborda -y echa por tierra- los argumentos a los que se agarró el Ejecutivo valenciano para travestir su batalla política en una política de fomento del inglés en las aulas. Eso, dice la sala, está muy bien: "No se trata de destacar la importancia y necesidad de que los estudiantes adquieran destrezas en idiomas extranjeros, sino que tal finalidad se consiga en el marco curricular del sistema educativo". El problema es que la propia Generalitat no ha respetado su normativa, que contempla la posibilidad de dar asignaturas en inglés, pero siempre dentro del llamado programa de educación plurilingüe, una fórmula en la que "serían los centros educativos en cada caso, los que deberían solicitar la autorización correspondiente a la Consejería", apunta la sentencia. Es decir, "la imposición de impartir una asignatura curricular en lengua extranjera no puede ampararse" en la orden impugnada. Conclusión: la opción de dar la asignatura en inglés debería partir de los centros siempre que padres y profesores se acogieran voluntariamente a estos programas de educación plurilingüe en los que se puede dar Ciudadanía, pero también matemáticas o geografía en inglés. Ocurre que sólo tres centros de la Comunidad Valenciana desarrollan actualmente esa posibilidad.

Además de anular el artículo que obliga a dar la clase en inglés, el TSJ considera que la Consejería de Educación "no tiene competencia" para ofrecer una opción alternativa a la clase presencial "al ser una materia curricular y obligatoria, infringiendo la Ley Orgánica de la Educación". De esta forma, la sentencia se carga la posibilidad de esquivar las clases con un trabajo. Y reafirma esta decisión en "la doctrina reiterada del Tribunal Supremo" que desestima la declaración de objeción de conciencia y estima la obligación de cursar la asignatura y asistir a las clases.

El de ayer no es el primer varapalo judicial que recibe Camps en su cruzada contra la asignatura -y, por elevación, contra el Gobierno-, aunque sí el más serio. El TSJ ya se había pronunciado dos veces en sendas suspensiones cautelares contra la Citizenship del Gobierno valenciano. Es cierto que otra sentencia desestimó el recurso de un profesor que consideraba que el traductor atentaba contra la libertad de cátedra. Pero también es verdad que la resolución hecha pública ayer es la más contundente sobre la materia. Y que anula todo el andamiaje de instrucciones emitidas por la Consejería de Educación que da cuerpo a la orden anulada, entre ellas, la más famosa, la que se refiere a la presencia de los dos profesores.

La sentencia da la razón al nutrido movimiento ciudadano que se agrupó en torno a la Plataforma per l'Ensenyament Públic (formada por sindicatos, asociaciones de padres, de alumnos, de docentes y la Federació Escola Valenciana). En una exhibición de músculo sin precedentes contra el todopoderoso PP valenciano, la Plataforma sacó a la calle a 44.000 personas a finales de noviembre de 2008. Sólo las protestas contra la guerra de Irak han movilizado a la sociedad valenciana de esta forma en los últimos años.

Con esta exhibición de fuerza, la Plataforma consiguió una moratoria indefinida en la aplicación de la orden, así como la apertura de una negociación con la Generalitat. El fracaso de esos contactos llevó a una huelga general que vació las aulas el pasado mes de abril. Reforzado tras su victoria en las elecciones europeas, en junio la Generaliat volvió a poner en marcha el engranaje para resucitar sus intenciones iniciales de impartir la asignatura en inglés.

Pese a la decisión de la sala, el consejero de Educación, Alejandro Font de Mora, anunció ayer que su departamento presentará un recurso de casación en el Tribunal Supremo, lo que, previsiblemente, retrasará la aplicación de la sentencia. Una vez más, y a pesar de que el tribunal desmonta el argumento del fomento de la enseñanza del idioma, la Generalitat expresó su intención de que todos los alumnos "dominen el castellano, valenciano e inglés hablado y escrito al finalizar la educación secundaria". Font de Mora señaló que la sentencia "no tiene efectos prácticos" e insistió en el discurso oficial de que la moratoria dictada en diciembre sigue vigente y que "la asignatura se imparte de forma voluntaria".