La impaciencia de 'Ceniciencia'

Es época de campaña electoral, un tiempo de promesas. Con inquietud, buscamos en los programas electorales de los dos partidos mayoritarios qué promesas le corresponden a Ceniciencia, pero nos encontramos tan sólo con palabras grandiosas y huecas. El partido del actual Gobierno habla de "Emprender, Evolucionar y Expandir". De "expandir" no hay duda porque llevamos años expandiendo a nuestros científicos por todos los rincones del mundo en busca de un empleo digno, más que "emprender" es un "desprenderse" de capital humano; y la "evolución" es regresiva: muchos investigadores sienten que su carrera está siguiendo un movimiento browniano de pasos antes impensables, con contratos de doctor que se convierten en contratos de licenciado, y contratos senior del programa Ramón y Cajal (RyC) que terminan en contratos en prácticas o por obra y servicio. Mientras, el partido favorito en las encuestas centra sus soluciones para I+D en la innovación y en la trasferencia de conocimiento al sector privado, que si bien es condición necesaria, no es ni mucho menos una condición suficiente. En cualquier caso, no queremos palabras grandiosas que acaben como las hojas del otoño que se las lleva el viento y pronto se olvidan. Necesitamos acciones concretas.

Desde la Plataforma Investigación Digna venimos reivindicando una planificación a largo plazo los recursos humanos y financieros en investigación; que el recorte de presupuestos no afecte desproporcionadamente a la I+D; que el binomio investigación-innovación no acabe en una una absorción vertical; que los investigadores en todas las etapas realicen su trabajo bajo contrato y con un salario digno; que el nuevo contrato de acceso al sistema español de investigación sea un tenure-track y no un contrato temporal más; y que se cumplan los compromisos adquiridos con los investigadores del programa RyC mediante la creación de un número suficiente de puestos de trabajo estables. Con respecto a estas reivindicaciones, la Ley de la Ciencia recientemente aprobada hizo tan sólo dos concesiones: las becas se convertirían en contratos -desde el pasado 1 de noviembre esto ya es una realidad- y se crearía un número suficiente de plazas para estabilizar a los investigadores del programa RyC que hayan superado las evaluaciones. A pesar de la aprobación de la Ley de la Ciencia hace casi medio año, el futuro de éstos últimos es cada vez más sombrío.

A partir de la convocatoria del 2007 (cuyos contratos empiezan a vencer en el 2012), a aquellos investigadores del programa RyC que superen las evaluaciones se les garantiza explícitamente su estabilización: "La formalización por parte de los Centros de I+D de estos acuerdos de incorporación implica que garantizan el compromiso de crear, antes de la finalización del contrato, puestos de trabajo permanentes con un perfil adecuado a las plazas cubiertas." (Cf. BOE). Pero esta situación se aleja cada día más de la realidad. A pesar de que la nueva Ley de la Ciencia se reafirma en su compromiso de estabilizarlos, las oportunidades de opositar son escasísimas, casi simbólicas. Si a esto añadimos que el mayor organismo de investigación en España, el CSIC, ha adoptado una política "aleatoria" de incorporación de investigadores (convocando plazas estables de perfiles excesivamente abiertos), nos encontramos con que no sólo se está negando una oportunidad real de estabilización a los investigadores del programa RyC que hayan superado las evaluaciones (tal como requiere el BOE), sino que además difícilmente los centros podrán llevar a cabo sus propios planes estratégicos, ya que en ellos están integradas las líneas de trabajo de sus investigadores RyC. La estabilización de estos investigadores es una quimera, y su carácter quimérico ha sido asumido de forma natural a nivel institucional: en la reunión de directores de centros del CSIC del pasado Julio, el CSIC dejó claro que no tiene ninguna solución para estos investigadores, más allá de que puedan ser recontratados temporalmente con cargo a proyectos con remanentes, abusando de la generosidad de otros investigadores del centro.

Incluso el CSIC ha tomado la decisión de eliminar, a partir de agosto de 2011, la extensión por un sexto año de los contratos de los investigadores del programa RyC que no se hayan estabilizado, una práctica que se había realizado como medida de emergencia para evitar una fuga de cerebros. El abandono de estos investigadores, que el propio Gobierno siempre ha calificado "de élite", no sólo supone una pérdida irreparable de capital humano, sino un incumplimiento de la normativa relacionada con las subvenciones públicas, ya que se hace uso de una de ellas en forma diferente a las condiciones de la misma. El Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN), por su parte, ejerce una manifiesta "dejación de funciones" al no garantizar el cumplimiento y la correcta ejecución de un programa que el propio ministerio puso en marcha.

La problemática de los investigadores del programa RyC ilustra un problema clave que lastra el despegue de la I+D en nuestro país y es que ni al CSIC ni al propio MICINN se les ha otorgado de una autoridad real para gestionar sus recursos humanos. Es imprescindible que así se haga para evitar situaciones como las que han ocurrido en los últimos dos años donde el CSIC, a pesar de tener apoyo del MICINN, acabó recibiendo un 17% del número de plazas que consideraba necesario para no venirse abajo. En palabras recientes del director científico de un centro del CSIC: "lo que nos espera es una hecatombe". Es imprescindible que al CSIC se le permita de una vez firmar el contrato de gestión. El cómo se reparten los recursos, ahora limitados, es también crítico, siendo necesario flexibilizar los presupuestos: ¿qué sentido tiene construir edificios que no se van a llenar, acometer reformas prescindibles y comprar instrumentación muy costosa, cuando el capítulo de recursos humanos carece de presupuesto para mantener a los investigadores que puedan sacar provecho a estas instalaciones? La autogestión de los centros es crítica, siempre que estos centros se rijan exclusivamente por criterios de excelencia científica. Y para que esto pueda llevarse a cabo es urgente que la nueva Agencia Estatal de Investigación, que operará como agencia de financiación, disponga de un presupuesto suficiente y sostenido en el tiempo que permita una planificación real a largo plazo (e independencia política); sólo así podremos evitar que los planes estratégicos de los centros acaben en papel mojado. Por último, para velar por la excelencia científica, es necesario que se lleven a cabo evaluaciones, tanto de la labor de los investigadores, como de la compleción de los objetivos de los proyectos a los que se han concedido subvenciones públicas, y que estas evaluaciones tengan una repercusión real en la futura asignación de plazas estables a los centros y en la continuación de la financiación pública.

En el Discurso del Estado de la Nación del pasado Junio, la palabra "ciencia" sólo apareció en una referencia a la Ley de la Ciencia pero dentro del contexto de cómo va a beneficiar a "innovación" (de nuevo la amenaza de una absorción vertical), y en el resto del discurso "ciencia" sólo volvió a aparecer como parte de "impaciencia", quizá muy apropiadamente. Impaciencia es lo que sentimos muchos investigadores cuando vemos que los programas electorales de los dos grandes partidos, en sus secciones sobre I+D, no dicen nada relevante en materia de recursos humanos, ni de carrera científica, ni de estabilidad y flexibilidad presupuestaria, ni de autogestión de los centros, ni de aumento de la inversión pública (condición necesaria para que aumente la privada). Pedimos al Gobierno entrante que atienda las reivindicaciones casi unánimes de la comunidad científica y que las peticiones de los más altos responsables políticos y sociales de la ciencia sean consideradas como una prioridad (para comprobar que no lo han sido basta comparar el borrador inicial de la Ley de la Ciencia con el texto que finalmente fue aprobado). Un país que pretenda apoyarse en I+D para cambiar el modelo económico tiene que proteger su capital humano como un tesoro y evitar la sensación de impotencia y desconfianza de sus investigadores, incluyendo los más altos cargos de la ciencia en España, respecto a las instancias superiores de decisión.

Amaya Moro-Martín, Andrés Moya Bedón y Juan Carlos Suárez Yanes son investigadores del CSIC y miembros de la Plataforma Investigación Digna.