Un fallo de Kioto incentiva el uso de gases nocivos en países pobres

El principal sistema usado por las empresas europeas para compensar sus emisiones de CO2 en países en desarrollo está bajo sospecha. La Comisión Europea ha propuesto a los Estados prohibir el uso de créditos de CO2 derivados de la quema de un gas de efecto invernadero, el HFC-23, porque considera que en realidad el sistema ha impulsado el aumento de sustancias que dañan la capa de ozono y duda de que se reduzcan las emisiones de dióxido de carbono. Las eléctricas europeas tienen cientos de millones de euros comprados con ese sistema y piden que el veto no se aplique de forma retroactiva. En España, Enel-Endesa sería la más afectada por la decisión, pero también están Repsol, Cepsa, Gas Natural Fenosa, Cementos Portland e Iberdrola.

El mecanismo de desarrollo limpio (MDL) creado por el Protocolo de Kioto permite a las firmas europeas compensar parte de sus emisiones. Pueden invertir en una planta eficiente en países en desarrollo y se apuntan el ahorro de CO2 conseguido para emitirlo en Europa. Hay más de 2.500 proyectos presentados a Naciones Unidas, pero el más rentable -y el que más créditos de CO2 genera- ha resultado más que polémico. El HFC-23 tiene un poder de calentamiento 11.700 veces superior al CO2, así que por cada tonelada de HFC-23 que no va a la atmósfera, las firmas reciben permiso para emitir 11.700 toneladas de dióxido de carbono. El HFC-23 es un residuo que aparece al usar HFC-22, gas empleado en la fabricación de aires acondicionados en países en desarrollo.

"Consecuencias indeseables"

El sistema, según Bruselas, es fallido porque ha generado "consecuencias indeseables". Quemar HFC-23 es muy barato. Cada planta cuesta unos siete millones de dólares (5,3 millones de euros) y los costes anuales de operación son de 200.000 dólares (151.000 euros). Con esa inversión se puede eliminar el equivalente a unos cinco millones de toneladas de CO2, que al precio del mercado rondan los 50 millones de euros. Una inversión más que redonda. Las plantas de tratamiento de HFC-23 surgieron en China (10), India (7) y una en Corea, Argentina y México. Aunque son solo 20 (frente a más de 2.500 proyectos de CDM presentados) han generado el 52% de los créditos de CO2 para las firmas europeas.

Es tan rentable que tiene sentido generar más HFC-22, un gas contaminante para la capa de ozono. El precio del derecho de emisión generado por evitar una tonelada de HFC-23 es entre 2,5 y 3,3 veces superior al de comprar HFC-22. Y la Comisión tiene dudas de que las emisiones evitadas de CO2 sean tales. Es decir, que sin esos incentivos quizá no se habría producido el HFC-23 y por lo tanto no habría que eliminarlo. La ONG CDM-Watch, que denunció la situación a principios de 2010, es más contundente. "Son créditos de CO2 que no ahorran nada de CO2 y que van en contra de la política de la UE", dice Eva Filzmoser.

Ismael Romeo, director de la bolsa de CO2 Sendeco2, explica que el sistema ha generado todo tipo de sospechas: "Se sospecha que en China se genera cada vez más HFC-22 para poder eliminar el subproducto, el HFC-23 y vender el derecho de CO2". El Gobierno chino ha puesto impuestos de hasta el 65% sobre esta transacción, por lo que ingresa ingentes cantidades de dinero. Romeo opina que "el CDM funciona, pero que no se han controlado los efectos secundarios" del sistema de compensación de emisiones.

El informe destaca que la UE está por un lado financiando la eliminación del HFC-22 dentro del Protocolo de Montreal para defender la capa de ozono y, por otro, impulsando su producción. El veto propuesto a partir de 2013 será debatido previsiblemente por los ministros el 15 de diciembre, pero se podría retrasar. Está sometida a presiones. En Europa, de aquí a 2012, esos derechos de emisión rondarán los 5.000 millones de euros, según el sector.

Cristina Rivera, jefa del departamento de Cambio Climático de la patronal eléctrica, Unesa, pide que se matice la propuesta: "Podemos estar de acuerdo en que ambientalmente no tiene sentido, pero no se puede aplicar una restricción de forma retroactiva. Esos proyectos han sido aprobados por Naciones Unidas y tienen todos los permisos europeos. ¿Quién va a invertir en el CDM si te pueden cambiar las reglas en cualquier momento? Que impidan la apertura de nuevas plantas", afirma. La preocupación del sector en Cancún es palpable. La patronal europea ha protestado y la española espera contar con el apoyo del Gobierno para suavizar la propuesta.