La exigencia de "principios de igualdad y mérito"

"Amiguismo, enchufismo, nepotismo, servilismo...". Con estos calificativos juzga la actitud de los prelados el secretario general de la Unión Sindical Independiente de Trabajadores-Empleados Públicos (USITe.p.), Alfredo Sepúlveda. Su sindicato tacha de "pretensión completamente inasumible" el empeño de los obispos "de vincular al profesor a un puesto concreto de trabajo" porque rompe de raíz "los mínimos indispensables de movilidad de los empleados públicos y somete al profesorado a la misma sumisión que padecía [antes de la LOE]".

Los obispos celebraron con júbilo el acuerdo alcanzado en diciembre de 1998 por la Conferencia Episcopal con el Ministerio de Educación, liderado entonces por Mariano Rajoy. Entre otras ventajas, consiguieron que sus docentes de moral católica tuvieran los mismos salarios que el resto de los profesores interinos. Se reservaban, además, el derecho a seguir seleccionando a esos docentes para cada curso, como si fuesen catequistas.

No pensaron entonces que el acuerdo iba a ocasionarles tantos disgustos. Cada año, los obispos prescinden de profesores sin explicación alguna o por razones rechazadas casi siempre por los tribunales, y la riada de sentencias e indemnizaciones que paga la Administración obligó al Gobierno socialista a legislar sobre la materia hace dos años.

Nuevo conflicto

Acaba de surgir un nuevo motivo de conflicto. Se libra en torno a la formación profesional de esos empleados. Hasta ahora, su puesto de trabajo estaba vinculado a la propuesta previa del obispo, que podía decidir hasta el destino. Es decir, los prelados no sólo los seleccionaban para que el Estado contratase y pagase, sino que imponían el lugar y las circunstancias de su trabajo.

El Gobierno ha decretado, en cambio, que esos docentes accederán "al destino de conformidad con criterios objetivos de valoración por parte de la Administración". Y fija, entre otros, "la experiencia docente", preferentemente "en centros públicos y en el mismo nivel educativo de la plaza a la que se opta", y las "titulaciones académicas, de modo preferente las más afines, por su contenido, a la enseñanza de religión". "Se respetará, en todo caso, los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad", añade el Ejecutivo.