Los ecologistas denuncian un "frenazo" en política ambiental

Cinco de las organizaciones ecologistas más importantes, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/Bird Life y WWF, se unieron para hacer un balance sobre la gestión ambiental del Gobierno. "Decepcionante" ha sido la calificación general y el máximo responsable señalado ha sido el el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, principalmente por sus políticas de la segunda legislatura.

Juan Carlos Del Olmo, de WWF, considera que en esta última etapa "se ha producido un frenazo" en política ambiental como consecuencia de la crisis económica. La partida presupuestaria destinada a este fin es la que más recortes ha sufrido en los últimos años, según apuntaron esta mañana en una rueda de prensa en la que presentaron un balance general de la gestión ambiental. Los ecologistas acusan al Ministerio de Fomento de llevar una política de transportes basada en "el despilfarro y la destrucción". Como alternativa, proponen la implantación de la famosa Euroviñeta y la aprobación de una Ley de Movilidad Sostenible. Una medida de la que ya ha hablado el Ejecutivo, pero que ha sido continuamente aplazada, según los activistas.

Para Juan Carlos del Olmos, de WWF, "se ha producido un frenazo" en política medioambiental como consecuencia de la crisis económica

Luis González, de Ecologistas en Acción: "El 80% de los españoles respira aire contaminado"

Los activistas reconocen que el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino se ha abierto más al diálogo pero consideran que no ha cumplido con sus promesas.

A 300 días del fin de la legislatura, los ecologistas interpretan, en un informe presentado esta mañana en una rueda de prensa, que "las políticas ambientales han pasado a un segundo plano y se ha producido una pérdida de liderazgo evidente en materia de sostenibilidad". Uno de los datos más llamativos que se han apuntado es que el Gobierno ha invertido 325 millones de euros en políticas que pretenden reducir la contaminación mientras ha gastado cuarenta veces más, 13.600 millones, en infraestructuras de transporte que los verdes consideran contaminantes. "España es el país de la Unión Europea que más kilómetros de carreteras y de vías ferroviarias tiene", subrayó Del Olmo.

El regreso a los 120 kilómetros por hora también es cuestionado en un momento en el que, según los ecologistas, "el precio de barril de petróleo es superior al precio que justificó la medida de los 110".

El estilo de la ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, ha sido elogiado por su apertura al diálogo. "Cuando llegó, la comunicación con el ministerio estaba totalmente interrumpida. Con ella hay reuniones de trabajo habitualmente, lo que está permitiendo, en algunos casos, que la agenda vaya más deprisa y, en otros, que podamos hacer llegar nuestras propuestas", destacó Asunción Ruiz, directora de SEO/Bird Life.

El medio ambiente, área por área

En materia de agua, el coordinador de Ecologistas en Acción, Luis González, critica que el Gobierno siga instalado en la "vieja cultura del agua" en la que no se sienten los costes ambientales, donde ningún plan de cuenca ha sido todavía aprobado y "los que están en trámite presentan graves carencias", y porque todavía existen medio millón de pozos ilegales.

"El 80% de los españoles respira aire contaminado", advierte González. La culpa, según interpreta, es del MARM por la "dejación de sus responsabilidades" en materia de calidad del aire y porque no ha exigido lo suficiente a comunidades autónomas y ayuntamientos.

La directora ambiental de Amigos de la Tierra, Liliane Spendeler, denuncia la "contradicción del discurso con la práctica" en materia de cambio climático y ha pedido un compromiso de reducción de emisiones del 40 por ciento. "Es absolutamente imprescindible que el Gobierno siga haciendo esfuerzos", ha subrayado.

Respecto a residuos, Spendeler ha dicho que la nueva Ley "introduce avances" o la consideración del sistema de devolución y retorno pero los tilda de "insuficientes" y lamenta que el Gobierno ha dejado pasar una oportunidad, ya que "ni siquiera ha prohibido el uso de las bolsas de un solo uso".

La directora ejecutiva de Greenpeace, Miren Gutiérrez, acusa al Gobierno de "estancamiento y abandono" de las políticas contra la contaminación química. Los españoles, apunta Gutiérrez, "tienen 300 sustancias químicas en su cuerpo que nuestros abuelos no tenían" y pide una actualización del Protocolo de Estocolmo -que regula el tema- con un "criterio unificado".

Las políticas energéticas también están estancadas, según los ecologistas, por la falta de apoyo a las energías renovables lo que queda demostrado por la falta de un calendario de cierre de las centrales nucleares como prometió el Ejecutivo en su programa, porque no se abandona el proyecto del almacén temporal centralizado de residuos (ATC) nucleares y porque tampoco hay salida para el carbón.

En materia de costas, los activistas creen que hay una oportunidad si se defiende la Ley "sin arbitrariedades" y se suspende la concesión para una refinería en Vizcaya o la refinería Balboa, prevista en Extremadura.

La situación de la pesca también se puede mejorar. Del Olmo reconoce al Ministerio de Medio Ambiente "avances" como la propuesta de protección de ecosistemas vulnerables, en protección de tiburones o medidas para evitar la muerte accidental de aves o la "buena" noticia de la recuperación de la anchoa. "Ahora España es un actor importantísimo en la discusión de la política pesquera común que se está estudiando en Bruselas", destaca.

Del Olmo ha criticado que el Gobierno está "fuertemente influido por los sectores más industriales" en el área agrícola, hasta el punto de que el 80% del agua de España se destina a utilidades rurales. "Rosa Aguilar ha dicho que se quiere una Política Agrícola Común mucho más verde, pero queremos ver políticas concretas. Las propuestas verdes del MARM en la PAC son palabras vacías", sentencia.

Algunos de los proyectos denunciados por los ambientalistas, por sus impactos ambientales y sociales, son: la Refinería del Grupo Balboa (en Extremadura), el Dragado del Guadalquivir (en Andalucía), el embalse de Biscarrués (en Aragón), el hotel Algarrobico (en Andalucía), la estación de esquí de San Glorio (en Castilla León), el puerto de Granadilla (en Canarias) o el polígono industrial de Las Aletas (en Andalucía).

Tras la rueda de prensa, el ministerio ha anunciado que ha dado luz verde a Biscarrués, en el Río Gállego, uno de los embalses más polémicos. El ministerio destaca que ha incluido salvaguardas ambientales, como la garantía de que habrá un caudal de 90 metros cúbicos por segundo aguas abajo de la presa. Aún así, la noticia ha recibido el rechazo de los ecologistas.

La conclusión para Ruiz, es que "la política medioambiental del Gobierno se ha reverdecido" y que "la conservación en este país está en tramitación".

Los ecologistas consideran que el Gobierno tiene, de momento, "un insuficiente" aunque con más voluntad política, podría lograr un aprobado antes del fin de la legislatura.

El objetivo del informe es dar un toque de atención al Ejecutivo y ofrecerle "propuestas realistas" para que cambie su gestión en estos últimos meses.