Los delitos de impago de pensiones a los hijos se han duplicado en 10 años

El impago de pensiones (destinadas sobre todo a los hijos) tras la ruptura de las parejas es un delito en alza. Las denuncias se han duplicado con creces entre 1994 y 2004: de 4.336 a 9.136, según la Fiscalía General del Estado. Pese a que dos leyes promovidas por el Gobierno (la reforma del divorcio y la de violencia de género) le obligan a crear un fondo estatal que garantice el pago de alimentos a los hijos de padres morosos, el Ejecutivo apenas ha empezado a dar los primeros pasos para ello. Aparte del fondo estatal, Cataluña y el País Vasco prevén iniciativas similares, aún sin desarrollar.

Los delitos de impago de pensiones han aumentado un 110% entre 1994 y 2004, según los datos contenidos en las memorias de la Fiscalía General del Estado. En ese lapso, las demandas de separación y divorcio aumentaron un 70,6% (de 79.068 a 134.031), a tenor del Consejo General del Poder Judicial. Las memorias no detallan cuántos casos se refieren al impago de la pensión de alimentos para los hijos, o de la compensatoria para el ex cónyuge (menos frecuente y destinada prácticamente siempre a la mujer). "Las pensiones compensatorias para el ex cónyuge disminuyen por la creciente incorporación laboral de la mujer. Además, a menudo tienen una limitación temporal", detalla el presidente de la Asociación Española de Abogados de Familia, Luis Zarraluqui.

"El impago es un problema, aunque a veces se limite a un atraso en el envío de la cuantía acordada. En ocasiones se utiliza para jorobar al ex cónyuge, pero repercute en los hijos", añade Zarraluqui. "El incumplimiento de los pagos es una forma de control y violencia sobre la mujer y los hijos", opina la presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez del Campo.

Asegura, además, que "en el 60% de los casos las mujeres no denuncian la situación de impago a causa del tremendo desgaste personal y el coste en abogados que supone, y la escasa eficacia de las sentencias que puedan acabar dictándose en muchos casos". Según sus datos, "el impago entre los padres con nómina alcanza al 67%, por lo que se les embarga". "Entre los profesionales liberales, para los que no cabe esa posibilidad, alcanza el 80%", añade.

Zarraluqui y Pérez del Campo figuran entre los partidarios de la creación de un fondo de garantía de pensiones para atajar el problema de los impagos. El presidente de los abogados de familia propone que "el Estado adelante una cuantía razonable que cubra sólo la necesidad de sustento del menor y luego la reclame al progenitor moroso al subrogarse en los derechos de la parte acreedora". La pensión alimentaria suele rondar los 300 euros mensuales.

El coste, presumiblemente elevado, del fondo de garantía -limitado a las pensiones de los hijos menores- es el mayor obstáculo con que se topa el Ejecutivo para sacar adelante esta herramienta prometida en el programa electoral del PSOE en 2004. Una fuente gubernamental aseguró ayer que "el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el de Justicia han empezado a colaborar con vistas a la regulación del fondo". Si esa tarea llega a buen puerto, aún quedará obtener el visto bueno de Economía.

Las modificaciones de grupos parlamentarios distintos del socialista en la tramitación de dos leyes promovidas por el Ejecutivo (la de reforma del divorcio y la integral contra la violencia de género, que llevan más de un año en vigor) imponen la creación de este fondo. "El Estado garantizará el pago de alimentos reconocidos e impagados a favor de los hijos e hijas menores de edad en convenio judicialmente aprobado o en resolución judicial, a través de una legislación específica que concretará el sistema de cobertura en dichos supuestos", plantea la disposición adicional de la reforma del divorcio. En la Ley Integral contra la Violencia de Género figura la misma redacción con una apostilla sobre los casos de maltrato.

La creación de un fondo que garantice las pensiones impagadas (existe en países como Suecia, Bélgica o Irlanda) es una demanda de las organizaciones de mujeres desde los años ochenta. En 1987, el Gobierno socialista incluyó la puesta en marcha del fondo en su plan de acción para la igualdad de oportunidades. Pero esta medida no vio la luz. Lo mismo ocurrió con el PP en el Ejecutivo. Su ministro de Trabajo, Javier Arenas, anunció en 1996 que el proyecto para crear el fondo se aprobaría en "un mes".