Una cooperativa de Málaga demanda al Gobierno de Hamburgo por la crisis del pepino

El bufete alemán Linden Partners, que representa a la cooperativa malagueña Frunet, ha presentado una demanda ante los tribunales de lo Contencioso-administrativo de Hamburgo contra las autoridades alemanas por el perjuicio generado tras la crisis del pepino. El objetivo de la primera demanda es lograr acceder a los expedientes elaborados por las autoridades de Hamburgo, tras la negativa de estas a facilitarlos. "El lunes aceptaron nuestra exigencia y el martes nos negaron la revisión. Sospechamos que existió negligencia en la toma de las muestras y, además, nuestro cliente no ha tenido derecho a ser escuchado", explicó Nina Sherber, letrada de Linden Partners.

La demanda busca una autorización por parte de los tribunales para acceder a los expedientes y disponer de la información para evaluar la posible negligencia de las autoridades. Posteriormente, la intención de Frunet es presentar otra demanda contra las mismas autoridades por las pérdidas económicas, que aún están pendientes de evaluar pero que superarán el millón de euros, según Server.

"Existen evidencias de que las dos muestras que dieron lugar a la alerta de los pepinos de Frunet no fueron examinadas de manera apropiada", señaló la empresa malagueña en un comunicado. Las autoridades permitieron a Frunet acceder a los resultados de dos muestras de pepino, pero la empresa solicitó acceder al expediente completo y las autoridades denegaron esta petición. En el comunicado, Frunet critica con dureza la política de información de las autoridades sanitarias de Hamburgo, que se ha demostrado "falsa y confusa" por sus "mensajes contradictorios".

El responsable de Frutas y Hortaliza de la organización agraria COAG en Almería, Andrés Góngora, reconoció que están en conversaciones con un gabinete jurídico de Hamburgo para ver la posibilidad de demandar al Gobierno de ese Estado así como a la senadora que acusó a la hortaliza de Almería de ser la responsable de la infección y al instituto alemán Koch. "Lo que creemos es que debe ser el Gobierno español el que plantee la demanda, estamos a la espera de lo que digan", ha afirmado.

Fulgencio Torres, presidente de Hortyfruta, la patronal del sector, en cuyo seno se procede al inicio de las iniciativas jurídicas, también incidió en este extremo y dijo que las indemnizaciones planteadas por ahora son "ridículas". "No demandaremos si las indemnizaciones se corresponden con el daño hecho y si se actúa para restaurar la imagen del sector y levantar el consumo. Porque ahora los precios están hundidos en el mercado nacional, hacia donde estamos derivando parte de nuestros productos. La sandía y el melón no, porque en Europa no los producen", afirmó. Torres también cree que debe ser el Gobierno quien defienda estos intereses y espera que las indemnizaciones estén a la altura de las pérdidas ocasionadas por la crisis.

Sin embargo, el secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López Garrido, ha descartado hoy una demanda "Estado contra Estado" por la crisis del pepino. López, de visita en Berlín para debatir con su homólogo alemán Werner Hoyer las ayudas a los agricultores afectados, propone "mirar hacia adelante". Para ello, se ha llegado a un compromiso con Alemania para lanzar medidas de promoción que permitan "recuperar el prestigio de los productos españoles".

El pasado 26 de mayo, la senadora (ministra) de Sanidad de Hamburgo, Cornelia Prüfer-Storcks, acusó infundadamente a unos pepinos andaluces de estar contaminados por la misma bacteria E.coli enterohemorrágica (EHEC) que ha provocado la ola de infecciones que ha matado a 29 personas en Alemania. El sector hortofrutícola cuantifica en 200 millones de euros semanales las pérdidas provocadas por la acusación contra las hortalizas españolas.

Resolución de la Cámara

El Parlamento de Andalucía ha aprobado hoy por unanimidad una batería de iniciativas en favor del sector hortofrutícola andaluz, golpeado duramente por la falsa alerta alimentaria por los pepinos producidos en invernaderos de la comunidad. La Cámara reclama al Gobierno central que exija indemnizaciones económicas ante las autoridades comunitarias y alemanas por esta crisis, que consideran injustificada. La mayoría de las propuestas aprobadas, incluidas en dos iniciativas defendidas por separado por los grupos socialista y popular, consisten en reclamar al Ejecutivo central la puesta en marcha de acciones como campañas de promoción y la exigencia a Alemania de una rectificación por achacar sin pruebas a los productos andaluces la infección que ha causado la muerte de personas.

En cuanto a las competencias de la Junta, el Parlamento insta al Gobierno a proporcionar "asesoramiento y apoyo jurídico" al sector para presentar sus reclamaciones. Los socialistas se han opuesto a una propuesta del PP, sin cuantificar, para que en los Presupuestos de la comunidad para 2012 figure un apoyo "contundente y económico" a la comercialización del sector agrícola andaluz. El portavoz socialista ha dejado abierta la puerta a esta partida específica, pero cuando a final de año se debaten las cuentas de la Junta en el Parlamento.

Pese a que los tres grupos de la Cámara han votado unidos algunas de las propuestas, las intervenciones de los distintos portavoces han estado llenas de reproches mutuos, sobre todo entre la popular Carmen Crespo y el socialista Jesús García Quero. La primera ha señalado la "incapacidad manifiesta" del Gobierno andaluz en la crisis y ha acusado a la consejera de Agricultura y al presidente de la Junta de "dejadez". El diputado socialista le ha recriminado el "no tener altura de miras" y ha defendido la actuación de la Junta desde que el 26 de mayo la responsable de Sanidad de Hamburgo, Cornelia Prüfer-Storcks, implicase a unas partidas de pepinos andaluces de estar contaminados con la bacteria Escherichia Coli. "Les pido que no denigren públicamente la unidad ante esta crisis", ha dicho el socialista.

El grupo socialista ha aceptado una enmienda del diputado de IU Juan Manuel Sánchez Gordillo para que la Junta se comprometa a incluir una partida presupuestaria, sin cuantificar, destinada a los 70.000 trabajadores que no van a poder ser contratados por la crisis alimentaria.