El 70% de los ciudadanos aceptaría que la sanidad vuelva al Estado central para protegerla

Que el sistema nacional de salud pasa por un mal momento financiero es un secreto a voces. Como indicador puede servir una encuesta encargada por el Consejo General de Colegios de Enfermería que señala que el 91,9% de la población así lo admite, y que, de ellos, el 86,6% (casi el 80% del total de la muestra, 1.200 personas entrevistadas por teléfono a finales de octubre) cree que los problemas son graves, y el 64,2% que van a incrementarse.

El trabajo ha sido presentado esta mañana por el presidente de los colegios de enfermería, Máximo González Jurado, y por José María Sansegundo, director de la empresa que ha hecho el trabajo, Análisis e Investigación. Este último dijo que el margen de error era inferior al 3%.

González Jurado calificó los resultados generales del trabajo como la reflexión del temor de los ciudadanos que se ven en la disyuntiva de elegir entre mantener un sistema que les gusta, pero que reciben a diario el mensaje de que este es insostenible. Y, quizá, la muestra más destacada de esta disposición a hacer cesiones para mantener un bien mayor sea la respuesta a la pregunta de si creen que el Estado central debería recuperar las competencias sanitarias. Entonces, un 42,3% los consideró muy adecuado, y el 27,5% lo aceptó -"sin grandes entusiasmos", dijo Sansegundo-. Esto arroja un 69,8% de aceptación a la propuesta.

Sin embargo, la interpretación de este resultado debe hacerse con prudencia. "Esto no quiere decir que haya un rechazo a la gestión de las comunidades; si lo hubiera, la satisfacción con el sistema no sería tan alta en todas las encuestas sanitarias", dijo González Jurado (en esta, los encuestados aprueban la formación, medios, atención e incluso la gestión, y solo suspenden la financiación y las listas de espera). Sansegundo remachó la idea: "Todo esto está en línea del concepto de salvar el sistema, aunque sea haciendo concesiones".

De hecho, de las medidas consultadas hay otra que tiene aún más aceptación: que el Estado -se entiende que el central- asuma el déficit "sin restricciones, ya que se trata de un servicio esencial".

En el trabajo se observa, además, que hay una clara dicotomía: alrededor de un tercio estaría dispuesto a aceptar cambios como que se introdujera un copago en función de la renta o el llamado ticket moderador -un pago fijo por usar algunos servicios-, pero, a la vez, hay muchas dudas sobre si estas medidas son justas o necesarias (alrededor del 50% no lo piensa así), y es abrumadoramente mayoritaria la opinión de que estos elementos, ajenos por naturaleza al actual modelo, vayan a ser socialmente aceptados.

La encuesta -que se puede consultar íntegra en el documento adjunto- también trata temas sectoriales (el papel de la enfermería, con sus cambios como que puedan recomendar fármacos o que tengan más papel en la atención de enfermos crónicos o niños sanos) y también incide sobre la participación de la sanidad privada. En general, son mayoría quienes, aun si pudieran elegir, preferirían ir a la pública para los cuatro aspectos principales (consultas, emergencias, enfermedades leves y graves). La elección está decantada, sobre todo, en el caso de las emergencias y las enfermedades u operaciones graves. Y ello a pesar de que casi el 25% de la población tiene un doble aseguramiento y hasta un 5% solo lo tiene privado (algo que puede cambiar con la nueva ley de Salud Pública que abre la puerta a que se acabe con los casos en que una persona, aunque sea española y viva en España -y, por tanto, pague impuestos aunque no sea el IRPF-, no tenga sanidad pública).

La buena noticia es que, a pesar de la crisis y de los recortes, solo un 31% ha notado que la atención se haya deteriorado en los últimos meses.

También los médicos

Justo a continuación de la presentación del estudio del colegio de enfermería, la Organización Médica Colegial (OMC) hizo público su trabajo sobre la profesión Mediscopia. Aunque la base del informe es la demografía médica, de él se desprenden también claramente conclusiones para la sostenibilidad del sistema, como se encargó de recalcar el presidente de la OMC, Juan José Rodríguez Sendín.

El presidente de los médicos resaltó la existencia de barreras entre las comunidades. Y no solo para los pacientes. De hecho, también la hay para los médicos, y ello a pesar de la ley de ordenación de las profesiones sanitarias de 2003, que no se ha desarrollado. Para empezar, ni siquiera se ha elaborado el primer paso: un registro de profesionales. Eso hace que no se sepa en estos momentos cuántos médicos o de qué especialidades hay, dijo el economista José Luis Lancho, que ha dirigido el trabajo.

Pese a ello, hay datos que se saben. Por ejemplo, que la proporción de médicos que atienden a pacientes en la sanidad pública por comunidades muestra una gran desigualdad. En Aragón hay 270,31 por 100.000 (datos de 2008); en Cataluña son 128,66. La desigualdad se mantiene desde 2006.

Si se incluye también la sanidad privada, la proporción es de 350 por 100.000 (media española). La OCDE tiene un promedio de 3,1. Si las comunidades autónomas fueran países de la OCDE, la clasificación total la liderarían Aragón, Madrid y Navarra, por delante de Austria, Bélgica y Noruega. Esto indica -afirma Rodríguez Sendín- que no se puede hablar de falta de médicos, sino de un mal reparto (aparte de lo que suceda con las con las especialidades).

El número de facultativos en los hospitales (los más fáciles de medir) aumenta más que la población y el IPC. Eso hace que los ratios de eficacia hayan caído.

También pone en duda la necesidad de mantener el numerus clausus de las facultades y la oferta MIR. Esta ha subido hasta 7.000 plazas por año, pero si se sigue así se creará una bolsa de paro, además de que "un médico que no ejerce pierde facultades", dijo Rodríguez Sendín.

La conclusión del presidente de los médicos es que hay "escandalosas áreas donde mejorar la gestión". Este también resaltó que si es verdad que el porcentaje del PIB que se dedica a la sanidad pública (6,5%) está por debajo de la media de la OCDE, si se le añade el gasto privado sube al 9%, que es la media de la OCDE. Lo que contradice la idea de que la sanidad -en general- está mal financiada, y redunda en su idea de que lo que ocurre es que hay mal uso de los fondos.