Las chicas también pegan

Tamara vive en el centro de reforma juvenil donde su madre, Isa, cumple 21 meses de internamiento por tres delitos: robo con violencia, maltrato familiar y agresión a la autoridad. Tamara no conoce a su padre, recluido en la prisión de Jaén por fechorías similares. Tampoco conoce un hogar propio aunque eso, a su edad, debe de ser una cuestión secundaria. Tamara es un bebé de tres meses, que nació cuando su madre, de 16, era poco más que una niña.

La Ley de Responsabilidad Penal del Menor permite que cualquier joven madre internada por delinquir pueda cuidar de su hijo menor de tres años, el mismo límite de las reclusas adultas. Lo que no prevé la norma son los desvíos inesperados, como el de una joven, más atrapada por la heroína que por la maternidad, que aprovechó una salida al médico para fugarse y abandonar a su hijo en el centro de reforma juvenil Bahía de Cádiz, uno de los pocos femeninos de España, donde cumplen medidas judiciales 38 menores, incluidas madres precoces con tres bebés.

La maternidad es uno de los "daños colaterales" en estas dependencias, según su directora, Francisca Guerrero, que aprecia un aumento de los delitos violentos entre las internas. "Las chicas suelen venir por maltrato familiar, lesiones y agresiones; es raro que vengan por robo", expone. También son infrecuentes los ingresos por crímenes, aunque eso no evita que resulten espeluznantes: una joven de 14 años mató a su padre tras rociarle con gasolina y prender-le fuego porque no la dejaba salir.

El tipo medio en el centro es, afortunadamente, el de la almeriense que está a dos semanas de recuperar la libertad. "Cumplo nueve meses por una pelea con otra niña, le rompí las cosas". Renuncia a los detalles. ¿Por qué ocurrió? "Por las miradas. Tonterías. Fue un momento". Un impulso.

También un impulso le llevó a "tatuarse" con la punta de un bolígrafo. El trío de la mano simboliza a sus amigas. El quinteto de la barriga significa su actual circunstancia: "Cuatro paredes, yo en medio". En el patio, sentadas al sol, las tres chicas lucen las secuelas del artesanal tatuaje, pequeñas picaduras encarnadas. Amigas para siempre.

Un centro de reforma no es una cárcel. "Tampoco un hotel o un colegio mayor", aclara la directora. "Les recordamos que están aquí cumpliendo una medida judicial, les cuesta menos trabajo asumir que han cometido un delito que a los chicos, quizás porque son más maduras", expone. Las instalaciones de El Puerto de Santa María (Cádiz), que gestiona la entidad Afanas, se dividen en módulos de estructura similar: habitaciones individuales; una sala común con televisión, música y libros; baño compartido y aulas. Pero su naturaleza varía, entre el módulo de observación donde ingresan las recién llegadas y el finalista existe una escala de prohibiciones y privilegios. Las pertenencias se convierten en gratificaciones. Ninguna joven viste ropa propia; la comodidad de los cuartos se gradúa hasta el confortable chalé de la última fase. Los móviles y el mp3 están vetados. Un teléfono fijo, común, les permite recibir y hacer llamadas restringidas. Vuelven al correo convencional. La peor de las ausencias es el tabaco. Por supuesto, nada de drogas. Tras cada permiso en el exterior, se comprueba si han consumido estupefacientes. Hacerlo significa retroceder en el escalafón de privilegios. Internada por robar, Sabina (nombre falso como los de todas las menores citadas) perdió lo ganado en dos años en un permiso de Semana Santa por un positivo en hachís. Salida fulminante de la empresa de reinserción. Vuelta atrás.

Algunas jóvenes agradecen la ocasión de formarse. En los talleres eligen prácticas ligadas tradicionalmente a lo femenino: la peluquería, la estética, la cerámica. El intento por romper estereotipos con clases de mecánica fracasó por su desinterés, así que se ha relegado la batalla contra los clichés sexistas. La verdadera guerra es devolverlas a la sociedad reformadas. "La ley tiene algo magnífico, establece que la medida sea resocializadora y reeducadora", elogia Salvador Espinosa, el jefe de servicio de la Junta de Andalucía que supervisa los centros de internamiento autonómicos.

La reinserción social es la columna vertebral de la ley, que entró en vigor en 2000 y que fue endurecida parcialmente hace un año. "Recogemos el fracaso de muchos fracasos de la sociedad, cuando una niña ingresa aquí es porque han fallado la familia, el colegio y los servicios sociales comunitarios", esgrime el subdirector de Afanas, Francisco Ferrer.

El internamiento es un castigo a una conducta delictiva, pero puede ser una oportunidad. Isa lo vive así. "Estar aquí me ha servido para sacarme el graduado y traer a mi niña al mundo, en la calle tenía riesgo de aborto", plantea. "Me juntaba con lo peorcito, aunque yo vivo en un barrio pijo". Antes de ingresar en El Puerto de Santa María, había robado varias veces. Con violencia. Un palo a medias con su pareja, el padre de la bebé Tamara, con el que ahora intercambia cartas.