Dos burdeles hormonaban a las mujeres para que rindieran más

"Eran tratadas como verdaderos animales de carga... Les suministraban hormonas y medicamentos para que trabajen más y mejor". De esta manera tan espeluznante describe el fiscal el trato que recibían las mujeres que ejercían la prostitución en los macroburdeles Saratoga y Riviera, en la localidad barcelonesa de Castelldefels.

Los locales fueron clausurados el pasado 7 de marzo por el Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona, en lo que fue el origen una gran investigación judicial contra en la que están imputados los empresarios de los burdeles, seis policías o ex policías de diversa graduación, abogados, y un funcionario del Ayuntamiento de Barcelona.

La clausura acordada por la juez Elisabet Castelló vencía ayer y, por tanto, debía levantar el precinto o prorrogarlo. Finalmente, la juez optó por la segunda alternativa, según informó la Cadena SER, y los locales seguirán cerrados al menos otros seis meses más, tiempo en el que se cree que pueda finalizar la investigación judicial. La semana pasada, el fiscal solicitó de la juez que se mantuviera la clausura basándose en diversos artículos del Código Penal, pero relatando también la sórdida situación en la que ejercían la prostitución las mujeres en esos dos locales.

En los locales se hallaron listados con lo que debía tomar cada una

Los dueños dijeron que las prostitutas tenían un contrato de hospedaje

Así, el fiscal relata que las prostitutas eran sometidas a una situación de subordinación en las que se las obligaba a ingerir vitaminas, medicinas y hormonas "para que trabajen más y mejor". En el registro judicial efectuado en el local Riviera, se localizó incluso un listado de las vitaminas que debían tomar las mujeres y una relación personalizada con el tipo de sustancia que debían ingerir cada una y las posibles contraindicaciones que podían presentar.

El escrito del fiscal, que ocupa 17 páginas y está fechado el 3 de septiembre, relata que este control farmacológico lo realizaban las llamadas mamis, una suerte de madames que también se encargaban de elaborar el cuadrante de trabajo de las decenas de prostitutas que ejercían en esos locales. La fiscalía prosigue relatando en su escrito que esa situación de explotación laboral y humana ha quedado avalada por las declaraciones que han prestado las propias afectadas, por otros testigos que han declarado durante los meses que se lleva investigando la causa y por los diversos documentos intervenidos en los registros policiales realizados en ambos locales.

El ejercicio masivo de la prostitución en el Riviera y el Saratoga era conocido desde hacía años en Barcelona, pero las diversas operaciones policiales que se habían realizado hasta ahora se saldaban siempre con la detención de las mujeres, su expulsión de España al encontrarse en situación irregular y su sustitución por otras. Esta causa judicial ha permitido esclarecer que la impunidad no hubiera sido posible sin el beneplácito de algunos policiales, que aceptaron sobornos a cambio de mirar para otro lado sobre el supuesto tráfico de personas que se producía en los locales o bien advertir a los propietarios que se realizarían redadas en los locales.

El fiscal también relata en su escrito remitido a la juez para justificar la prórroga del cierre de los burdeles que "casi todas" esas prostitutas se encontraban en España en situación irregular y que sobre algunas pendían expedientes de expulsión y eran menores de edad.

De los 19 imputados en la causa sólo permanece en prisión José Javier Marín Puyal, alias Jordi, inspector de la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedad (Ucrif), dependiente de la Brigada de Extranjería de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña. El resto están en libertad bajo fianza, en algunos casos tras pasar unos meses en prisión preventiva. Otros seis imputados son los propietarios o gestores de los burdeles, quienes en su día declararon ante la juez que los burdeles eran hoteles en las que las mujeres tenían un contrato de hospedaje que les permitía prostituirse.

En el caso están imputados también tres abogados de Barcelona, a los que se les acusa denunciar la situación de las mujeres en los locales para favorecer las redadas y cobrar así unas deudas pendientes con los duelos de los prostíbulos.