El bofetón queda fuera de la ley

Para unos marca un cambio de mentalidad, introduce ante todo una sanción cultural más que legal, para otros es una exageración que no cambiará la aplicación de la ley. El debate sobre si se debe prohibir por ley una bofetada a un hijo sigue incluso después de modificarse ayer la ley.

Y seguirá. El Consejo de Ministros aprobó con los votos del PSOE, IU, ERC y el Grupo Mixto (184, a favor; 162, en contra y ninguna abstención) la eliminación del último resquicio que amparaba el castigo físico a los niños en la legislación española. El artículo 154 del Código Civil permitía que los padres o tutores "corrigieran" moderadamente a los hijos. A partir de ahora dirá, en cambio, que éstos deben "respetar su integridad física y psicológica". El cambio se ha introducido aprovechando que se aprobaba la Ley de Adopción Internacional.

No es casualidad que los grupos conservadores de la cámara baja (PP, PNV, CiU y Coalición Canaria) estén a favor de dar un cachete en casa o, como argumentan algunos, de no entrar a juzgar este tipo de cuestiones, si se trata de castigo moderado, porque son "del ámbito familiar". Éste tema ha estado en el debate público en numerosas ocasiones. De hecho, el Código Civil de 1889 recogía la "facultad de corregir y castigar moderadamente", una fórmula muy similar a la que se ha mantenido en los últimos años. Y esta redacción no se cambió hasta casi 100 años después, en 1981, como recordó en el debate parlamentario el ponente socialista Mario Bedera, para defender la nueva modificación. "El derecho es un producto histórico y es obligatorio adaptar la legislación a lo que demanda en cada momento la mayoría de la sociedad", explica Bedera.

La Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, ratificada por España en 1990, insta, en el artículo 19, a los países a "adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo".

"Naciones Unidas ha manifestado ya dos veces su malestar -la primera en 1994 y la segunda en 2002- porque España no hubiera modificado este artículo del Código Civil", recuerda Mario Bedera. El PSOE dice que pretendía además con esta medida "impulsar un cambio cultural, generalizar la idea de que a los niños no se les puede pegar de ninguna manera", añade el diputado socialista.

El catedrático de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Sevilla, experto en temas de infancia, Jesús Palacios, insiste en esa idea. "Lo más importante de esta reforma legal es que marca un cambio de mentalidad, un cambio de época, y esto es muy positivo. Desde que se marca hasta que se traduce a la vida cotidiana pasa tiempo, pero aún así representa una sanción cultural sobre el significado de utilizar la violencia con los niños". Palacios extiende su reflexión al problema de la violencia familiar: "Es incongruente que la sociedad considere que se debe condenar a una mujer a cuatro meses de cárcel por abofetear a su marido, como ha ocurrido recientemente, transmitiendo el mensaje correcto de que no se puede usar la violencia en la relación de pareja ni por parte de uno ni del otro, y que luego sea tolerante a la hora de usarla con los hijos".

La pregunta más repetida ahora es si se podrá denunciar a un padre por pegar un cachete a un hijo en su casa o, por ejemplo, en un parque. Uno de los principales expertos en derecho de familia, el abogado Luis Zarraluqui, la responde con claridad: "El incumplimiento de un deber civil no implica necesariamente una sanción penal, es decir, un delito". Y menciona como ejemplo el caso de la fidelidad a la que se comprometen las parejas cuando se casan por lo civil. Zarraluqui cree que con esta modificación no cambia nada en realidad a la hora de aplicar la ley, puesto que antes ya se podía sancionar a una persona que diera una paliza a un hijo, pero ve un lado positivo. Opina que es una reforma "más bien educativa, que es la única arma que sirve de verdad para cambiar las conductas violentas, más que cualquier sanción o multa".

"Se debe aplicar todo dentro de la lógica, el sentido común", insiste el juez de familia de Sevilla Francisco Serrano. "Lo que tiene que haber en moderación, si un niño pequeño va a electrocutarse con un enchufe y se le da un cachete en el culo, eso es aceptable. Otra cosa es causarle un daño físico o psicológico". Y añade convencido: "La sociedad es más inteligente que el legislador, es decir, la lógica del ciudadano medio. Nadie en su sano juicio va a denunciar a un padre por dar un cachete suave a un niño". Serrano veía innecesario este cambio legislativo. "Es pura demagogia. No va a modificar las pautas educativas de los padres. Y en los casos de los que dan una paliza a sus hijos, ahora y antes, debe intervenir el sistema de protección de menores".

No opinan lo mismo organizaciones como Save the Children o Unicef. Llevan décadas peleando con campañas para que se eliminara este último resquicio. Consideran el cambio un triunfo y un ejemplo para otros países. Liliana Orjuela, la coordinadora de los Programas de Violencia e Infancia de Save the Children, recuerda a los padres, a modo de consejo, el lema de su última campaña: "Corregir no es pegar".