¿Y ahora qué hacemos con la prostitución?

¿Prohibir la prostitución? ¿Regularla? ¿Castigar al cliente? ¿Sancionar a los que consuman sexo si la mujer es víctima de trata? ¿Impedir que estén en la calle por los problemas que ocasionan a los vecinos? ¿Fomentar la apertura de burdeles? ¿Hacer más barrios chinoa? El viejo debate ha vuelto a ser noticia. Esta vez, por la publicación de unas fotos, en este diario, que mostraban con crudeza la práctica habitual de sexo de pago en los aledaños del céntrico mercado barcelonés de La Boqueria. Las irreconciliables posturas de siempre asoman otra vez, con alguna novedad: en Barcelona, urgida a resolver lo que todo el mundo ha visto en sórdidas imágenes, los políticos se estrujan las meninges para encontrar alguna solución. Su alcalde, Jordi Hereu, quiere ahora que haya más burdeles, facilitar la apertura de estos locales en El Raval. La prostitución seguiría, pero no en la calle ni ante nuestros ojos.

El alcalde de Barcelona quiere facilitar la apertura de burdeles

"Los recursos definen qué importa en una sociedad. Y este tema no parece prioritario"

Las campañas avisan a los clientes de que pueden hacerles el juego a las mafias

Esta vía es, en todo caso, una cuestión de política municipal que se limita a tratar el problema desde el punto de vista del orden público, la estética de la ciudad y la seguridad ciudadana. Las prostitutas callejeras y sus clientes hacen feo en la moderna Barcelona y el submundo que las rodea crea una evidente inseguridad a los vecinos. Pero este problema lleva, invariablemente, a la pregunta básica: ¿Es aceptable ser puta? Si se considera que la prostitución es una forma de violencia sexual hacia la mujer, no cabe más opción que prohibirla: no se puede regular sobre cómo ser esclava, ni forzada ni voluntaria. Lo coherente sería castigar como delito el consumo de sexo de pago. Si se considera que puede ser un trabajo más, se puede aceptar la regulación, permitir que sean asalariadas y perseguir sólo la trata y explotación sexual de las mujeres. También hay opciones intermedias, como la de los que creen que, sea o no esclavitud, erradicar la prostitución es imposible y lo mejor es regular condiciones laborales mínimas que protejan a estas mujeres. Los partidos políticos se inclinan, en su mayoría, por considerar que el tema es tan complejo que es mejor concentrarse en la más grave de sus manifestaciones: la trata de mujeres.

Esta última es, básicamente, la opción del Gobierno. Frente a los que exigen regulación o abolición, o al menos una prohibición estatal de la prostitución callejera, el Ejecutivo asegura que tiene su propio modelo.

"¿Vamos a regular la prostitución como un empleo? No ¿Ilegalizarla y convertirla en delito? Tampoco. Pero ésas no son las únicas opciones posibles", señala Isabel Martínez, secretaria general de Políticas de Igualdad. "Pocos países han elegido una de estas dos vías. En casi todos, las leyes son parecidas a la nuestra. No consideramos que la prostitución pueda ser un trabajo como otro cualquiera. Creemos que es una forma de explotación de la mujer y no vamos a reconocerlo y normalizarlo como un empleo. Por otro lado, somos conscientes de que la sociedad española está muy dividida sobre ese tema y tampoco entendemos que sea oportuno prohibir la prostitución. Conduciría a las mujeres aún más a la marginalidad. Así que nuestro modelo es actuar allí dónde creemos que está el verdadero problema, combatiendo la trata de mujeres y su explotación. Por eso hemos aprobado un plan de actuación en este sentido. Es el problema más grave. Hay que actuar desde la sensibilización y concienciación hasta la protección y reconocimiento de la dignidad de estas mujeres y la lucha contra los que las explotan ilícitamente".

Martínez considera "irreal" que una prohibición estatal de la prostitución en la calle pueda solucionar nada. "La visibilidad no es lo que nos preocupa, sino el problema de fondo", señala.

La división social sobre este tema es tal que no hay acuerdo dentro de los partidos políticos. La presidenta de la Comunidad de Madrid, la popular Esperanza Aguirre, ha defendido la regulación -"lo contrario es una hipocresía", ha dicho-. Fue de inmediato aplaudida por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), principal defensora de la legalización, que tildó al presidente Zapatero de "fariseo" por esta cuestión. Pero el partido de Aguirre no comparte su punto de vista, sino que aboga por centrarse, sobre todo, en erradicar la trata. Mariano Rajoy habló el jueves de prohibir la prostitución en la calle, pero aclaró de inmediato que no estaba proponiendo una ley estatal sino que se refería a que lo hicieran los municipios.

El tema va mucho más allá de izquierdas y derechas. Gaspar Llamazares, diputado de Izquierda Unida, señala que su partido no está a favor de la legalización. "Buena parte de la prostitución es explotación, secuestro de personas, chantaje. Eso no se puede legitimar", explica. Pero admite que la falta de acuerdo interno provoca una cierta ambigüedad en la postura del partido, que se queda a medio camino. "Lo más urgente es luchar contra lo más canalla. Hay que aplicar las leyes contra las mafias, garantizar los derechos de estas mujeres y que puedan tener fácil acceso a un permiso de residencia. En el ámbito local deberían tomarse medidas que no se queden en la represión y multa hacia las más débiles. Hay que darles apoyo y salidas".

El Bloque Nacionalista Galego insiste en la necesidad de actuar contra las mafias -"y no sólo a nivel estatal, sino de la UE", señala la portavoz Olaia Fernández- pero se muestra más abierto a que haya una regulación de la prostitución voluntaria. "Preferiría que la prostitución no existiera, pero está ahí y no podemos dejar sin protección a estas mujeres. Deberían cotizar a la Seguridad Social y acceder a una pensión", señala. "Y se puede estudiar también la sanción para los que usen estos servicios con mujeres traficadas", añade Fernández.

La ponencia del Congreso de los Diputados sobre prostitución de 2007, aprobada por todos los grupos salvo ERC, Iniciativa per Catalunya (ICV) y Eusko Alkartasuna, decidió no meterse en camisa de once varas y ceñirse también a la lucha contra la trata.

La línea a favor de la regulación la lidera, sobre todo, ERC. Lo pide también ICV. Esquerra va a llevar el debate al Parlamento a través de una interpelación urgente. El próximo miércoles, la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, dará cuenta de los logros del Plan contra la Trata aprobado el pasado diciembre. ERC dice que el Gobierno tiene un "discurso abolicionista sin medidas abolicionistas" y pide un nuevo debate. Ellos quieren proteger los derechos de las que se dedican a ello voluntariamente, perseguir a sus explotadores y dar medios a las que deseen salir de este mundo.

Dentro de las asociaciones, la división es igualmente insalvalble. Pero, al margen del debate abolición o regulación, coinciden en su queja por la falta de recursos públicos y planes integrales de atención a las mujeres. "Hay cosas básicas que no se hacen", señala un portavoz de Médicos del Mundo. "Por ejemplo, las nigerianas, las más vulnerables, muchas veces no tienen pasaporte. En Madrid no pueden empadronarse, de forma que no pueden entrar en el sistema sanitario. En Andalucía se eliminó este requisito y, al menos, tienen acceso a los médicos. Si se piensa en ellas, hay muchas cosas que se pueden hacer para que quien quiera dejarlo pueda hacerlo con la ayuda del Estado. Pero falta dinero. Nosotros atendimos el año pasado a 1.500 mujeres en Madrid y no es nada comparado con lo que se podría hacer. Los recursos definen qué le importa a una sociedad, y este tema no parece prioritario".

La prostitución actual no tiene nada que ver con la de hace 20 años. El tráfico de mujeres ha dado un vuelco al problema. Pero hay grandes dificultades para distinguir una prostituta voluntaria de una víctima de trata. No hay cifras ni informes serios. Todo son estimaciones sobre un elevado número de mujeres engañadas, bien en cuanto al trabajo que venían a hacer a España o en cuanto a sus condiciones de vida, de total sometimiento a los proxenetas. Pero, si están amenazadas, es muy probable que no digan nada a la policía ni al cliente, que es quien les permite ganar el dinero que les exige el chulo. Los clientes se arriesgan a hacer una trato económico con una mujer que puede ser víctima de una mafia. Sobre esto también hay que sensibilizar a la sociedad, y en ese punto coinciden todos, partidos y asociaciones: la prostitución ha cambiado, hay un riesgo real de explotación y eso deben tenerlo en cuenta sus consumidores.