Vender bosque nos empobrece

En realidad es la eterna discusión entre el valor y el precio. ¿Cuánto vale la Amazonia? ¿Cuánto vale el pinar público de Valsaín, en Segovia? ¿Y los gorilas en África? Si se toma el precio del metro cuadrado y el de la madera se puede obtener el valor en el mercado de ese pinar. Sí, ¿pero cuánto vale la biodiversidad, la retención de agua y la influencia del bosque en el ciclo hidrológico, la diversidad genética o la fijación de CO

2? ¿Eso cómo se mide?

Jaime Lamo de Espinosa sabe que tiene algo de provocador. Ex ministro de Agricultura con la UCD y catedrático de Economía y Ciencias Sociales Agrarias de la Universidad Politécnica de Madrid, ha lanzado una idea controvertida: que los Ayuntamientos vendan montes públicos para combatir el déficit.

Los montes de utilidad ocupan el 13% de la superficie de España

Un estudio calcula que los parques naturales valen 40.000 millones

"Ya se habla de privatizar las empresas de la SEPI, algunas tan esenciales como servicio público como Mercasa o Aena. ¿Son menos esenciales que 3.000 hectáreas en un municipio de España, por ejemplo?", explica. La idea de Lamo de Espinosa es que los municipios, "la mayoría en una situación dramática sin fuentes de ingresos", puedan sacar a la venta los montes de utilidad pública. "Yo excluiría los parques naturales y los parques nacionales. Pero, fuera de eso y manteniendo las restricciones ambientales, no veo ventaja en que estén en manos públicas, ya que en la mayoría de los casos solo generan gastos", como los de protección contra incendios. Los montes de utilidad pública no son pocos. Según el Ministerio de Medio Ambiente, ocupan 6.577.965 hectáreas, el 13% de la superficie del país.

¿Quién se compraría un bosque si no puede talarlo? "La verdad es que no sé si habría demanda, pero hay gente que puede hacerlo por la suntuosidad de comprarse 2.000 o 3.000 hectáreas junto a su casa o para cazar. Castilla-La Mancha tiene buena parte de sus montes parcelados para cazar y es una extraordinaria fuente de ingresos". El ex ministro no caza, advierte. Calculó que la venta de un tercio de los montes públicos reportaría entre 7.500 y 21.000 millones de euros.

El razonamiento puede parecer impecable. Y, sin embargo, no ha recabado muchos apoyos. Más bien lo contrario. El director general de Medio Natural y Política Forestal del Ministerio de Medio Ambiente, José Jiménez, no puede estar más en desacuerdo: "Buena parte de los montes públicos son los mejor conservados de España y tienen un valor mucho mayor que el que les daría el mercado, y más en momentos de crisis".

Jiménez esgrime un estudio que realizó el ministerio en 2001 sobre el valor de los parques nacionales. Actualizando con la inflación, la conclusión es que los parques valen unos 40.000 millones de euros, casi el doble de lo que saldría de medir el valor del terreno. "Se hizo con la metodología de la demanda. Es decir, cuánto está dispuesta a pagar la gente por ir a un sitio bien conservado a pasear, por ejemplo, entre otras externalidades", explica Jiménez. La Ley de Responsabilidad Ambiental valora los ecosistemas en función de cuánto costaría recuperarlos.

El sector forestal tampoco ve clara la venta. Miguel Ángel Uralde, presidente de Asemfo, la asociación de empresas forestales, critica la propuesta de la desamortización: "Ya ocurrió en el siglo XIX y desde el punto de vista del patrimonio forestal, de pérdida de biodiversidad, de desertización y de afección al ciclo hidrológico fue un desastre. Si los montes que se salvaron los vendemos ahora es que no hemos aprendido nada, ya que la creación de los montes de utilidad pública ha sido la figura de protección más efectiva, por encima de los parques naturales". Y concluye: "Vender los montes públicos para levantar aceras es un suicidio nacional".

Los expertos en política forestal tienen grabado lo que ocurrió en las desamortizaciones, principalmente las de Mendizábal y Madoz. Muchas tierras "incultas" pasaron a manos de la nobleza o la alta burguesía que las roturaron. Se talaron miles de hectáreas y se convirtieron en cultivo. Lamo de Espinosa admite que ocurrió, pero sostiene que el fin era aumentar la producción agrícola, y que no es eso lo que él plantea.

Nicolás de Benito, vocal de la Asociación de Profesionales Forestales de España, también es muy crítico con la idea: "Si un Ayuntamiento vendiera sus montes podría salvar el presupuesto un par de años, pero perdería el patrimonio público para siempre y tendría un efecto enorme en el medio ambiente de las generaciones futuras". Y pone como ejemplo que su empresa gestiona 4.000 hectáreas del alcornocal titularidad del Ayuntamiento de Ronda (Málaga). "Explotamos el corcho de la finca y hay gestión ganadera. Sacamos unas 300 toneladas al año y el pueblo recibe unos 500.000 euros al año. Por la tierra, como mucho, podría ingresar ocho millones de euros".

El secretario de Estado de Medio Rural, Josep Puxeu, respondió a la propuesta argumentando que vender hoy patrimonio natural de todos los españoles es muy mal negocio: "Los parques nacionales, montes comunales y fincas patrimonio del Estado tienen un valor muy superior al precio de negociación mercantil en un momento puntual. Malvenderlos es pan -poco- para hoy y hambre para mañana".

Una cosa es aprovechar la marca de un espacio protegido para potenciar el turismo rural o la gastronomía y otra privatizarlo, ponerle una valla y cerrarlo al público. El ministerio no solo no vende sino que sigue comprando. "En el Parque Nacional Cabañeros hemos comprado fincas a unos 3.000 euros cada hectárea", explica Jiménez, que señala que la intención del Estado es llegar a tener la titularidad de al menos el 50% de las zonas declaradas como parque nacional: "Con el paso del tiempo estos terrenos se revalorizan más que la media ya que es un activo cada vez más escaso". Eso, pese a que el Ministerio de Medio Ambiente ha sido de los más afectados por los recortes presupuestarios.

Juan Carlos Álvarez, alcalde de Coca (Segovia, 2.000 habitantes), sigue una política parecida: "Teníamos unas propiedades urbanas y las hemos vendido para comprar más monte, porque bien explotado nos da más rentas y es un buen negocio".

El argumento del ministerio es que quizá el Estado podría ingresar 60 millones de euros por el monte de Valsaín. ¿De verdad solo vale eso? ¿Y luego qué? ¿Luego Doñana? ¿Cuál es el límite? ¿Y cuando no quede patrimonio público? ¿No es eso vender el joyero de la abuela?

"Es que hay veces en las que una familia tiene que pararse a pensar y admitir que solo le queda vender el joyero de la abuela. El valor de las cosas es lo que la gente está dispuesta a pagar por algo. O esto o subir los impuestos", replica Lamo de Espinosa, que además es presidente de la Asociación Nacional de Constructores Independientes, de los sectores más castigado por la asfixia de las arcas municipales, y añade que no todos los montes están explotados y que muchos de ellos no generan ingresos.

El debate, incipiente en España -hay alcaldes que vieron el cielo abierto al conocer la propuesta de Espinosa, pero legalmente no es sencillo vender esos terrenos- está mucho más avanzado en otros países.

El primer ministro británico, David Cameron, plantea no solo reducir el dinero destinado al medio ambiente sino vender espacios naturales, lo que ha irritado a los ecologistas, que advierten de las consecuencias hacia las próximas generaciones.

En marzo pasado, dos diputados alemanes del partido de Angela Merkel pidieron a Grecia que vendiera a millonarios algunas de sus 6.000 islas antes de pedir un rescate a la UE. "¡Vendan sus islas, griegos quebrados! Y la Acrópolis también", tituló el diario sensacionalista Bild. Luisiana, Alaska o Manhattan fueron ejemplos de venta de terreno a gran escala en la que el vendedor siempre acabó arrepentido (como el Estado español con las desamortizaciones).

Pero el tema tiene otra derivada. Si los montes tienen un valor para la sociedad mayor del que refleja el mercado, ¿no debería compensar a los dueños de esos terrenos? Si las fábricas compran una tonelada de CO2 a 13 euros, ¿cuánto vale un bosque, que almacena ingentes cantidades de dióxido de carbono?

En la negociación internacional contra el cambio climático, esa es la reivindicación histórica de los países tropicales. Casi tan importante es limitar las emisiones de gases de efecto invernadero de las industrias de los países ricos como no talar la Amazonia, por ejemplo. Como la negociación está encallada no hay avances, pero sí existe cierto consenso en que deberá crearse algún mecanismo de compensación. El proyecto de Ley de Economía Sostenible apunta algo en ese sentido, aunque sin aclarar mucho. Afirma que las Administraciones "fomentarán acciones que den valor tanto a las producciones inmediatas como a las externalidades positivas de las áreas naturales".