Sanidad hace un nuevo intento para tener un registro de personas con VIH

2015 es el nuevo plazo que se da el Ministerio de Sanidad para saber cuántas personas tienen el VIH o cuántas lo adquieren cada año. Veintiséis años después del primer caso, este objetivo es uno de los pocos concretos del borrador del Plan Multisectorial frente a la Infección por VIH y el Sida que se ha enviado a las ONG. Éstas ya han manifestado su rechazo. "Lamentablemente, no lo podemos apoyar", afirma la Coordinadora Estatal de VIH/Sida (Cesida), la mayor confederación del sector. "No puede ser considerado un plan de acción", añade Red2002, la segunda agrupación de ONG del país.

El texto, que debe ultimarse en octubre, sustituye al que venció en 2005 sin que el Plan Nacional sobre el Sida presentara una alternativa. Este desfase muestra la "autocomplacencia" con que Sanidad aborda el tema, según Cesida. El documento hace un análisis de la situación de la epidemia en España. El borrador y sus críticas se resumen a continuación.

- Plazos. El plan abarca un periodo (2008-2015) que las ONG consideran demasiado amplio. No hay puntos intermedios de evaluación, ni parámetros que permitan reaccionar si no se van a conseguir los objetivos. La secretaria del Plan Nacional sobre el Sida, Teresa Robledo (nombrada el 25 de enero), advirtió ayer que los indicadores se elaborarán más adelante. Mientras tanto, las asociaciones no dudan, con ironía, en que la vaguedad de sus objetivos -"incrementar", "potenciar", "desarrollar" o "promover"- lo pone fácil. Esta generalidad es buscada en el borrador, ya que, además, hay que tener en cuenta el papel futuro de las comunidades autónomas, dijo Robledo. "Estamos estudiando las críticas y se incorporarán las que se puedan", insistió.

- Registro. El primer paso para actuar contra un riesgo es conocer su alcance. Hasta la fecha, sólo Baleares, Canarias, Cataluña, Extremadura, Navarra, País Vasco y La Rioja y Ceuta tienen un registro de infectados por VIH. Representan el 32% de la población, y sirven para tomar las medidas. Los intentos de Sanidad de crear un registro nacional han chocado con la oposición de algunas ONG, temerosas de que la información trascienda y se haga pública. Una situación que podría contribuir a la discriminación de los afectados. Para Robledo, obtener este registro es un "objetivo fundamental", pero depende del conflicto jurídico presentado por algunas ONG.

- Prevención. El capítulo llamado Prevención positiva es de los que más críticas ha concitado entre las ONG. Se centra en que las personas que saben que tienen el VIH eviten su transmisión, lo que, para las asociaciones, supone cargar las tintas en sólo una de las dos partes de una pareja, con los correspondientes sentimientos de culpa y de exclusión. En la misma línea, las ONG critican que en un apartado titule con la "banalización" de la infección entre los gays, o que se considere un avance hacia la igualdad que aumente la incidencia en mujeres y de que se hable de promover la prueba del sida sin medios para que haya una asesoría antes y después del resultado.

- 'Grupos de riesgo'. El trabajo recupera, con otro nombre -"subgrupos que requieren actividades específicas"-, la idea de los llamados grupos de riesgo: homosexuales, prostitutas, usuarios de drogas e inmigrantes merecen capítulos aparte. En cambio, no hay un apartado para los hombres heterosexuales, que son una vía clave de transmisión.

- Profilaxis pre y post exposición. Estas actuaciones consisten en facilitar cócteles de fármacos a quienes se han expuesto o saben que se van a exponer a una práctica de riesgo, desde personal sanitario a prostitutas o parejas de personas con VIH. Su mención es uno de los aspectos positivos del documento.

- Vacunas y microbicidas. A las ONG les llama la atención -y decepciona- que un ministerio que se presenta como "el de la investigación" sólo dedique un párrafo a estos dos temas, que serán claves para frenar la expansión del virus.

- Estigma. Tras el estudio de 2005 auspiciado por el Plan Nacional contra el Sida que ponía de manifiesto los problemas sociales para la integración de las personas con VIH, como dificultad para conseguir una vivienda o un trabajo, el plan no va más allá de recomendaciones generales para luchar contra estos impedimentos, sin proponer medidas concretas. Tampoco apuesta por generalizar la atención psiquiátrica o de los trastornos de la imagen corporal debidos a la medicación (lipodistrofia), que quedan a expensas de cada comunidad.