Revuelta del mundo académico contra la Ciudadanía de Camps

La imagen era insólita. Varios cientos de miembros de equipos directivos de los institutos públicos se concentraron a media tarde de ayer ante el Palau de la Generalitat Valenciana, tras una pancarta que rezaba "Treball en condicions" ("Trabajo en condiciones"), para protestar contra la orden de impartir Educación para la Ciudadanía en inglés, la esperpéntica fórmula que el Gobierno de Francisco Camps ha encontrado para boicotear una materia contra la que se ha expresado el PP en reiteradas ocasiones. Apenas media hora después, fueron 3.000 profesores, de la enseñanza pública en Valencia, otros 3.000 en Alicante y un millar en Castellón los que se manifestaron, apoyados por padres y alumnos y convocados por una plataforma unitaria para reclamar la retirada de la orden y pedir la dimisión del consejero de Educación, Alejandro Font de Mora. En Valencia, una cadena rodeó cinco veces el Palau de la Generalitat. La Education for Citizenship ha puesto en pie de guerra a los institutos, que acogieron la noche del jueves encierros previos a las protestas de ayer.

La propuesta bilingüe cuesta 8,5 millones de euros, según la consejería

Una cadena humana rodeó cinco veces el Palau de la Generalitat

"Desde los años setenta, nunca los equipos directivos, que son parte fundamental de la administración educativa, se habían enfrentado a una Administración autonómica, como es el caso del Gobierno de Francisco Camps", señaló la Comisión Permanente de Directores de Secundaria, que representa a los equipos directivos de los 363 institutos públicos valencianos, después de que Camps mantuviera en el pleno de las Cortes, celebrado por la mañana, que su posición de dar Educación para la Ciudadanía en inglés es "coherente".

"Algunos llevamos trabajando más de 20 años en la educación pública y nunca desde la transición habíamos asistido a un proceso de involución política" como la ocurrida en Valencia con la "obstinación" del presidente de mantener a toda costa su singular versión de Ciudadanía bajo "el disfraz de que es un programa plurilingüístico", resumió Josep Lluis Peris, director del instituto Ravatxol, de Valencia.

"En una comunidad como la nuestra, donde en 20 años la Administración no ha sido capaz de garantizar el correcto bilingüismo en todas las etapas del sistema educativo, hablar de trilingüismo", en opinión de Vicent Baguetto, director del instituto Joan Fuster, de Sueca (Valencia), "es una trampa".

"Es como si yo quisiera mañana dar todas las clases de matemáticas de segundo curso de la ESO en inglés", añadió Ximo Carrión, del instituto Juan de Garay, de Valencia. "No digo que no implante el inglés. Pero si no tengo los medios, ni los profesores, ni sé si los alumnos me entenderán, no puedo dar la clase. Es absurdo. Los directores somos los más perjudicados por toda esta situación, porque estamos presionados por arriba por la propia administración educativa y por abajo por los claustros de profesores que no aceptan los cambios de normativa y el caos en los horarios".

La Consejería de Educación ha hecho desde junio cuatro "instrucciones" diferentes sobre cómo deben implantar los equipos directivos la Ciudadanía en inglés, pese a la suspensión cautelar parcial por parte del Tribunal Superior de Justicia, que rechazó la obligación de que la asignatura se evalúe en un idioma extranjero.

"Lo que no se puede hacer es usar a los alumnos para una batalla política y partidista contra el Gobierno central, porque la Administración autonómica no puede secuestrar a los alumnos de esta forma", concluyó Peris.

Nadie sabe aún cómo acabará el choque frontal que existe en este momento entre la Generalitat y los diversos estamentos de la comunidad educativa, incluido un sector importante de los inspectores que se han negado -a través de un manifiesto público difundido por la asociación profesional mayoritaria Adide- a ejercer de "comisarios políticos". Los 123 inspectores rechazan volver a entrar en las aulas de secundaria "como en los tiempos franquistas", en mitad de una clase, para interrogar al profesor delante de sus alumnos, cumpliendo con las "instrucciones" dadas por escrito.

La duplicidad de recursos movilizados por la Generalitat hacia Citizenship, para que un profesor de inglés traduzca al encargado de impartir la materia, tiene un coste estimado en documentos internos de la propia consejería de unos 8,5 millones de euros, mientras hay institutos donde faltan profesores de matemáticas o de música y no se cubren las bajas.

La amenaza de expedientes disciplinarios a quienes no se plieguen a las instrucciones por la Generalitat, que son la mayoría de los docentes, llevó a los profesores de Ciudadanía a declarar la guerra a Camps y amenazar desde concurridas asambleas con paralizar la enseñanza pública si se expedienta a alguien. Las protestas de ayer son las primeras de un calendario que proseguirá las próximas semanas.

Gemma Piqué, presidenta de la federación de padres y madres de alumnos, que leyó el manifiesto en la concentración de ayer ante la Generalitat, replicó a Camps y dijo que "la política educativa del PP no es precisamente un ejemplo de coherencia. El PP quiere disfrazar de programas plurilingües su propio fracaso normativo. Para ellos, es como si la comunidad educativa no existiera".