Polonia quiere castrar a todos los pederastas

El Gobierno polaco ultima un proyecto de ley para imponer la castración química a los pederastas reincidentes. Esta medida, que de salir adelante sería una de las más duras existentes para castigar los abusos sexuales, llega en plena conmoción de la sociedad polaca tras conocerse el caso del hombre que secuestró y violó a su hija durante seis años en la localidad de Siedlce (este del país) y ha provocado numerosas críticas por parte de la oposición, los defensores de los derechos humanos y los expertos legales.

Reino Unido, Dinamarca, Suiza, Suecia y Alemania ya dan la opción de aplicar la castración química a los pederastas, pero sólo si el que ha cometido los abusos lo acepta y bajo la supervisión de un psiquiatra cualificado. Pero el Gobierno polaco (derecha liberal) quiere mano dura. El primer ministro, Donald Tusk, reconoció recientemente que en otros países se utiliza este método "cuando tiene la aprobación del paciente", aunque en su opinión, "es demasiado llamar seres humanos a estas criaturas depravadas". El 79% de los polacos está de acuerdo con la castración química para los pederastas, según un sondeo reciente, que no especifica si esta medida debe ser obligatoria o voluntaria.

"Lo que ha dicho el primer ministro es un escándalo y viola nuestra Constitución", afirmó Ryszard Kalisz, diputado de la Alianza de la Izquierda Democrática (el principal partido político socialdemócrata de Polonia) en una emisora de radio local. La Federación Helsinki, que defiende los derechos humanos, ha advertido que los tratamientos médicos no pueden aplicarse sin el consentimiento del paciente y que nadie tiene derecho a afirmar que "un humano ha dejado de serlo". Los planes de Varsovia también han sido cuestionados por algunos diputados europeos, aunque no está muy claro cómo se puede parar la iniciativa polaca.

Por otro lado, en Cataluña, la consejera de Justicia, Montserrat Tura, confirmó ayer que las comisiones de tratamiento de los centros penitenciarios catalanes ya estudian los perfiles de los presos que podrían someterse a la castración voluntaria para evitar la reincidencia en delitos sexuales.