El PP trata de imponer la línea dura contra Educación para la Ciudadanía

El PP ha decidido colocarse al lado de la posición más extrema de la Conferencia Episcopal en el intenso y en ocasiones agresivo debate que vive ésta con la FERE, la organización que agrupa a los colegios religiosos. Éstos han decidido impartir la polémica asignatura Educación para la Ciudadanía pero con libros especiales y temario adaptado a la moral cristiana. Sin embargo, la Conferencia Episcopal cree que no es suficiente, y anima a todos los católicos a plantear la objeción de conciencia, esto es, a no cumplir la ley. El riesgo, para cualquier alumno que practique la objeción, es el no obtener el título de la ESO por no haber cursado esta materia, que es tan obligatoria como Matemáticas.

La Rioja cumplió la ley hasta que un fallo le obligó a aceptar objetores

Javier Arenas reunió a todos los consejeros para aunar criterios

El PP, en este complejo debate, ha optado por la línea dura, la marcada por obispos como el de Toledo, Antonio Cañizares, que llegó a decir que impartir esta asignatura, aunque sea con libros de editoriales católicas, es "colaborar con el mal". La dirección que encabeza Mariano Rajoy quiere además imponérsela a todas las comunidades donde gobierna este partido.

Javier Arenas, miembro de la cúpula del PP y responsable de coordinar la política territorial, convocó ayer a todos los consejeros de Educación de este partido para aunar criterios. Y el PP difundió después un comunicado en el que, como posición común, se adopta la línea dura que alienta la objeción.

"El PP respeta y apoya tanto a los padres que hayan ejercido el derecho de la objeción de conciencia como a los que no, así como valora positivamente el reconocimiento del mismo por parte de algunos Tribunales Superiores de Justicia", sentencia el texto. Además, urge: "El PP considera imprescindible y urgente que haya un pronunciamiento definitivo del Tribunal Supremo que unifique doctrina. Mientras tanto, defiende la no impartición de los contenidos contemplados en el real decreto a los alumnos que así lo manifiesten. Esta situación no debería perjudicar nunca el expediente de los alumnos".

Sin embargo, el PP no tiene ni mucho menos controlados a todos sus consejeros. En especial al de Castilla y León, Juan José Mateos, que insiste en no aceptar la objeción, impartir la asignatura con normalidad y alertar a los padres de las consecuencias para sus hijos si persisten en su empeño. De hecho, en un gesto claro de distancia con el partido, Mateos ni siquiera asistió a la reunión clave en la calle Génova, la sede central del PP, y envió a su viceconsejero. Éste aceptó el texto y ese "respeto" a la objeción, pero fuentes de esta consejería dejaron claro más tarde a EL PAÍS que este departamento piensa seguir con la misma línea: no aceptará las objeciones a la espera de que haya alguna resolución judicial.

Las comunidades del PP, en este asunto, van totalmente por libre. Madrid, por ejemplo, apoya e incluso anima a la objeción y alecciona a los maestros contra la asignatura, pero la imparte con cierta normalidad. La Comunidad Valenciana ha optado por otra vía: la enseña en inglés, una decisión que ha provocado un caos organizativo y pedagógico. En cada clase tienen que estar al mismo tiempo el profesor de la materia (de Filosofía o Ética, generalmente) y el de inglés, que traduce los contenidos.

Castilla y León, que como todas las del PP está en contra de la asignatura porque cree que sólo genera conflictos, ha optado sin embargo por cumplir la ley. Allí, según explican fuentes de la consejería de Educación, sólo ha habido 1.720 escritos de objeción sobre 351.000 alumnos. Pero además, muchos documentos estaban firmados por personas que ni siquiera tenían hijos en edad escolar, por lo que según la consejería sólo hay 153 objeciones reales, esto es, alumnos que se niegan a entrar en clase. Un problema realmente pequeño para los numerosos conflictos que vive una consejería como la de Educación.

La Rioja tenía la misma posición de Castilla y León, la de no aceptar la objeción y cumplir y hacer cumplir la ley, pero ha cambiado porque ha habido una sentencia del Tribunal Superior de esta comunidad que, como otros, ha amparado a los objetores. En Castilla y León no ha habido ninguna resolución, por lo que la consejería mantendrá la línea seguida hasta ahora.

La solución de Castilla y León, la misma que ha adoptado la FERE en contra de los postulados más radicales de la Conferencia Episcopal, es la de adaptar los contenidos de la asignatura a la moral cristiana, especialmente en lo que se refiere al matrimonio homosexual y otros asuntos que ellos consideran controvertidos.

Mientras, el PSOE criticó ayer a la oposición. Cándida Martínez, secretaria de Educación de este partido, calificó de "actitud irresponsable" la de PP en este asunto "especialmente cuando se jalea al absentismo escolar bajo la coartada de un derecho a la objeción inexistente".