"Necesitamos pautas claras para que no se traspase la frontera del maltrato"

El reciente informe del Defensor del Pueblo sobre los centros de menores con problemas de adaptación social en España muestra una realidad arbitraria y desoladora. Enrique Múgica ha urgido a las Administraciones a tomar cartas en el asunto y arreglar lo que el diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares comparó el martes, cuando se presentó el informe a diputados y senadores, con la situación de los psiquiátricos españoles en los años setenta.

Pregunta. ¿Cómo se ha llegado a esta situación? ¿Es culpa de la privatización de los centros?

Respuesta. La gestión puede ser privada, pero con control. La Administración no puede externalizar la gestión y desentenderse. Ni tampoco los fiscales de menores. Pero hemos apreciado que así como los suelen visitar los reformatorios, no hacen lo mismo con los centros de protección a pesar de al menos semestralmente.

"Claro que hablamos con los menores, como obliga la ley. Hay que darles voz"

"Los mayores de 16 años tienen que permitir que se les dé medicación"

P. ¿Qué debería contener la regulación que usted propone?

R. Qué debe hacerse en los centros, cómo y cuáles deben ser los mecanismos de control obligatorios. Ahora mismo nadie sabe a qué atenerse. Tiene que haber un acuerdo entre el Gobierno y las comunidades autónomas. Es imprescindible un reglamento nacional con pautas iguales para todos. No puede ser que cada entidad que gestiona un centro decida cómo tratar a menores que están tutelados por la Administración. Los niños inadaptados no son distintos en Asturias o en Canarias.

P. ¿Han detectado diferencias entre comunidades en la supervisión que ejercen?

R. Sí. Hay comunidades que tienen una relación muy directa con los centros. Depende mucho del tamaño. En el País Vasco, por ejemplo, son las diputaciones forales las que tienen competencias, y así es más fácil mantener una buena relación y una coordinación permanente. Lo más importante es que el niño tenga canales para comunicaro tenga canales para comunicarse con los técnicos de la comunidad, que pueda expresarse, pero esto a veces se da, y otras no.

P. Se ha cuestionado desde algunos sectores que en su denuncia hace mucho caso de los menores, que han aprovechado para quejarse injustamente.

R. ¿Cómo no vamos a hablar con ellos? La ley nos obliga a escucharlos, y hablar con ellos era una parte fundamental de la investigación. Algunos tienen 16 y 17 años y no son menores que no puedan hablar o que no tengan uso de razón. También hablamos con educadores para compensar las posibles quejas caprichosas de los niños o los excesos verbales. Queríamos tener la opinión de todas las partes. Por otro lado, muchos hablaban bien de sus centros y educadores. No siempre se quejaban. Y no es tan difícil saber cuándo un menor miente o exagera.

P. El Fiscal Jefe de Madrid compareció con la consejera de Asuntos Sociales asegurando que el funcionamiento de uno de los centros, sobre el que había muchas quejas, era correcto.

R. Es una comparecencia insólita. Es como si hablan juntos el Fiscal General del Estado y el ministro de Justicia. Dicen que no han visto el maltrato. Nosotros tampoco. ¿Cómo vamos a ver que retuercen a un niño, o qué ha pasado para que decida ahorcarse o autolesionarse? Pero sí hemos hablado con todas las partes y éstas son nuestras conclusiones. Todo esto empezó cuando un grupo de educadores vino aquí hace a contar lo que estaba pasando en su centro porque se habían compadecido de los niños.

P. Medicación sin control, salas de aislamiento como cuchitriles, contenciones con violencia física. ¿La situación que describe es generalizada?

R. Esto no sucede en todos los centros, ni mucho menos. Pero si no se ataja puede contaminarlo todo. Hay salas de aislamiento totalmente impropias y hay quien utiliza la violencia física más allá de lo debido. Tenemos partes de lesiones de hospitales de algunos niños. No los hemos incorporado al informe, pero los tenemos.

P. Algunos educadores sostienen que estas contenciones físicas son imprescindibles para tranquilizar a chicos nerviosos que pueden lesionarse a sí mismos o a los demás.

R. Pues en ese caso hará falta un protocolo, y un protocolo de aplicación general, no unas normas internas que decide cada centro. Cualquiera no puede actuar como le venga en gana ni cualquiera puede hacer una contención física. Habrá que preparar a los educadores y establecer unas pautas claras para que no se traspase la frontera entre el correctivo y el maltrato.

P. Sobre las salas llamadas "de aislamiento" oe las fundaciones que las usa dice que no pueden tener ventanas porque éstas también pueden servir al menor para lesionarse; que estas condiciones son necesarias.

R. El 68% de los centros tiene salas de este tipo, muy distintas entre sí. Hay centros que ni las usan y las tienen de almacén. Otros tienen cuartos razonables, de colores claros y agradables. Y son sólo dos centros los que tienen estos cuchitriles sin ventilación, con mal olor y recubiertos de goma negra, que producen una sensación de opresión muy fuerte. Cuando comenzamos a visitar los centros y las vimos pensamos que quizá eran imprescindibles, pero después de visitar 25 centros más que no las tienen, pensamos que hay una alternativa. De alguna forma solucionan los problemas de nerviosismo de los menores los centros que han optado por prescindir de este tipo de habitaciones.

P. ¿Cómo les explicaron los psiquiatras la abundante medicación que se da a los chicos, muchos de los cuales no tienen patologías psiquiátricas?

R. Nosotros no somos médicos, y no podem somos médicos, y no podemos juzgar las prescripciones, pero sí denunciamos que en España no haya una especialidad en psiquiatría infantil. Somos, junto con Rumania, el único país de Europa que no dispone de estos estudios específicos. Y también pedimos que se cumpla la Ley de Autonomía del Paciente. Los chicos mayores de 16 años tienen que prestar su consentimiento para recibir medicación. Si se niegan, el centro tendría que acudir al juez. No pueden obligarles a tomar ningún otro fármaco

P. Según lo que dispone el informe, hay dos modelos de intervención con estos niños. Unos centros optan por un sistema represivo basado en la sanción y el castigo y otros buscan otras fórmulas menos agresivas para reeducar ¿Deberían unificarse?

R. Con las dinámicas de mayor afectividad los niños se sienten más arropados, mientras que se rebelan contra la dureza. Nosotros no podemos decir si esa disciplina es absolutamente necesaria, pero lo que pedimos es que se abra un debate científico de verdad para saber cuál es el tratamiento adecuado y qué fórmulas están aplicando en otros sitios. Y, aunque no nos pronunciamos por ningún modelo, sí denunciamos que en algunos centros no se considera al niño sujeto de derechos y deberes. Hay que superar este sistema porque los centros no están para anular con castigos a menores que no han cometido ningún delito, sino para formar a personas autónomas que puedan enfrentarse a la vida cuando cumplan la mayoría de edad.

P. ¿Notaron alguna diferencia entre las visitas que hicieron por sorpresa y las que habían avisado?

R. Todas fueron por sorpresa salvo en uno de los casos, por problemas de horario. Y, efectivamente, en ese centro estaban haciendo una obra. La directora dijo que era una obra programada, pero los niños dijeron que el día antes se habían puesto las pilas y que los albañiles estaban abriendo una ventana que antes estaba tapiada. No sabemos si estaba programada o no, pero esto es lo que decían los chicos.