La Ley de Dependencia financia de forma irregular a miles de usuarios

Casi tres años después de que arrancara la Ley de Dependencia, el Gobierno desconoce aún con exactitud cuántas personas se benefician de una de esas ayudas. Los datos de usuarios que facilitan las comunidades siempre han estado inflados. Primero, con más de 50.000 muertos que no se habían sacado de la estadística. Y ahora con casi el mismo número de personas que aparecen repetidas. El sistema de información es tan deficiente que el Gobierno desconoce datos imprescindibles para financiar correctamente esta ley. El Ejecutivo estaría pagando a las comunidades por una cifra de ciudadanos alterada, porque algunos están registrados por duplicado o triplicado, como reconocen algunas comunidades consultadas.

Es imposible que coincida el número de necesitados con el de ayudas

La asistencia en casa se da a veces junto a una plaza en un centro de día

Los últimos datos, del 1 de septiembre, muestran que hay 654.035 beneficiarios. Y la misma cifra de prestaciones, entre las concedidas y las que están por concederse. Por tanto, se equipara el número de personas con el número de ayudas concedidas. Y eso es, sencillamente, imposible.

Imposible, porque miles de ancianos están recibiendo más de una ayuda. Por ejemplo, van a un centro de día y además perciben una asistencia a domicilio. Eso ocurre en muchas comunidades.

Imposible que haya el mismo número de personas que de prestaciones, porque todavía se están incorporando a las listas de la Dependencia los más graves, o sea, los grandes dependientes y los dependientes severos. Y a éstos, no se les puede prescribir solamente un servicio de teleasistencia. La teleasistencia es un dispositivo que llevan los ancianos que suelen vivir solos. Lo usan para avisar a alguien si tienen algún percance. Tampoco los grandes dependientes pueden recibir sólo una ayuda técnica para adaptar la bañera, ni un taller de psicomotricidad, ni de rehabilitación, ni de terapia ocupacional. Estos servicios han de ir complementando a otros, como la asistencia a un centro de día o a un geriátrico.

Sin embargo, en las estadísticas de la Ley de Dependencia que hace públicas el Imserso, cada una de esas ayudas figura como correspondiente a una persona distinta. De otro modo no saldría el mismo número de beneficiarios que de prestaciones. Como esa forma de contar falsea la realidad, ¿cuántos beneficiarios hay de verdad? Imposible es, también, saberlo.

Pero se puede ensayar un cálculo simple. Han de desaparecer de la lista las 2.554 personas (o prestaciones, da igual) que figuran como usuarias de una ayuda para prevenir la dependencia (ver gráfico). Esos están repetidos por fuerza. Han de desaparecer también los 28.286 que tienen concedida teleasistencia, porque están repetidos en otros servicios. Y haciendo un cálculo, seguramente a la baja, habría de caer de la lista al menos un 10% de los que aparecen en ayuda a domicilio y centros de día porque son dos ayudas que suelen ir juntas para una sola persona. Sumado todo ello, unas 40.000 personas están repetidas.

El Gobierno siempre ha equiparado el número de beneficiarios con el de prestaciones. "La cifra no puede ser muy diferente", aventuran fuentes del Ministerio de Sanidad y Política Social. Pero las comunidades reciben dinero por esas personas y, de paso, sus estadísticas regionales salen maquilladas.

El Gobierno está librando dinero a las comunidades sin conocer el número exacto de beneficiarios, aunque afirma que paga por persona atendida (en el llamado nivel mínimo, de 70 a 263 euros por persona y año según su gravedad). Pero las comunidades también reciben financiación por el número de beneficiarios con derecho a prestación, aunque aún no estén atendidos. Y en esa bolsa hay más de 209.000 ciudadanos, de los que se desconoce los repetidos. No hay forma de saberlo. También las comunidades afirman que cobran por persona.