La Ley de la Ciencia consagra la carrera investigadora funcionarial

Tras dos años de borradores y cuatro meses de trabajo frenético en el Ministerio de Ciencia e Innovación, el anteproyecto de Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación fue aprobado ayer en el Consejo de Ministros, sin que se hiciera público el documento (pendiente de las últimas revisiones) y sin que la ministra Cristina Garmendia lo presentara tras la reunión del Gobierno. Fue la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, quien comentó brevemente la iniciativa legal. "Es una norma importante con la que vamos a mejorar nuestra capacidad para que en España el conocimiento se transforme en innovación, riqueza y progreso". El documento consagra el régimen funcionarial, frente a los intentos de crear una carrera científica ágil y orientada a la excelencia competitiva.

El contrato laboral de acceso a la carrera científica será de cinco años

La nueva ley, que debe sustituir a la de 1986, se gestó en torno a dos ejes: la creación de la Agencia Estatal de Investigación y la carrera científica. Respecto a agencia, aún no creada, el documento aprobado ayer la menciona como agente de financiación de las actividades de I+D, junto al ya existente Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial, orientado a las nuevas tecnologías y la innovación.

Se diseña una carrera científica basada en méritos, estable y previsible, que permita retener y atraer el talento científico, dijo Fernández de la Vega. Los principales grupos parlamentarios, incluido el PP, manifestaron ayer que en este caso es posible el consenso, ya que no hay diferencias insalvables, aunque el anteproyecto puede sufrir aún pequeñas modificaciones, informa Servimedia.

Sin embargo, el proceso de elaboración de la ley ha generado indiferencia, críticas o rechazo en el entorno de I+D. Para la Confederación de Sociedades Científicas de España (Cosce) no afronta los verdaderos problemas de la ciencia española.

La Federación de Jóvenes Investigadores/Precarios pidió un pacto de Estado por la ciencia y denunció su marginación por parte de Ciencia y Tecnología en la elaboración de la ley. Los sindicatos, que han mantenido las negociaciones con el ministerio hasta última hora, también han rechazado el último borrador al no ver satisfecha su reivindicación de creación de una carrera profesional para tecnólogos y gestores del sistema de ciencia.

El anteproyecto agrupa las actuales diferentes escalas funcionariales de los Organismos Públicos de Investigación (OPI) en tres únicas escalas: profesor de investigación, investigador científico y científico titular, facilitando así la movilidad. Los OPI son: la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científica; el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial; el Instituto de Salud Carlos III; el Instituto Geológico y Minero de España; el Instituto Español de Oceanografía; el Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas; el Instituto de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria; y el Instituto de Astrofísica de Canarias.

Al esquema funcionarial se añaden el contrato laboral de cuatro años para hacer la tesis doctoral y el de acceso a la carrera científica. Este último será un contrato laboral de cinco años como máximo, mientras que en el primer borrador era "de duración indefinida".

Estos dos nuevos tipos de contratos depende de la convocatoria de la Oferta de Eempleo Público. Los investigadores de las universidades públicas se rigen por la LOU, especifica el anteproyecto. Una novedad es el contrato de investigador distinguido para altos cargos del sistema de I+D. El anteproyecto incorpora instancias de coordinación con las comunidades autónomas, anuncia la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología, establece un Comité de Ética de las prácticas científicas y desarrolla mecanismos que faciliten la transferencia de tecnología.