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Juicio a un matrimonio por la ablación de clítoris de su hija

La fiscal sostiene que la mutilación genital se practicó en España y pide seis años de cárcel para la pareja gambiana

Jesús García Bueno

A la hija de Mamadou Darme y Niuma Sillah, de apenas dos años y medio, le han extirpado el clítoris. Los pediatras de Alcañiz (Teruel) detectaron la mutilación genital en una revisión hecha a los 12 meses. En España, cientos de niñas, adolescentes y mujeres están en riesgo de sufrir esta práctica delictiva extendida en algunos países del África subsahariana, que busca amparo en la tradición. La justicia casi nunca puede castigar a sus autores. Pero este caso es distinto. La Fiscalía está convencida de que la mutilación se practicó en España y pide seis años de cárcel para los padres de la criatura, que ayer se sentaron en el banquillo de los acusados.

El caso, el primero de estas características que llega a juicio, subraya las contradicciones en el seno de familias que proceden de países donde esa práctica aún perdura, especialmente en las zonas rurales. Como Gambia, de donde proceden Mamadou y Niuma. El padre, que lleva 12 años aquí y regresó un mes al país para casarse y engendrar a la niña, admitió ante los magistrados de la Audiencia de Teruel que la ablación es "ilegal" y que "está mal". Pero, al mismo tiempo, justificó que en el país africano se practique como "una cosa buena para ella". Y añadió que quienes la llevan a cabo son personas "especiales" que utilizan, también, utensilios "especiales" por motivos religiosos y para preservar las tradiciones.

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El ministerio público sostiene que los padres "practicaron o, al menos, consintieron" la mutilación genital de su hija. Frente a esa tesis, los acusados atribuyeron la culpa a los abuelos maternos. La defensa afirma que la niña, nacida en mayo de 2009 en Gambia, sufrió la mutilación en ese país, cuatro meses antes de viajar con su madre a Alcañiz por reagrupación familiar. Lo que no cuadra con esa explicación es que, en la primera exploración a la que fue sometida la niña, al cumplir el sexto mes, no se detectó nada. El abogado de los padres, Félix Gil, lo atribuye a un "error" de la pediatra.

La médica, sin embargo, rechazó haber cometido un error de esa magnitud: aseguró que lo hubiera detectado "sin problemas" porque, además, en esas consultas "se mira expresamente" el desarrollo de los órganos genitales. La fiscal, Carmen Modrego, tampoco aprecia la posibilidad de un fallo y afirma que, después de esa revisión, la pequeña no salió del país.

Dos amigas de la madre -que se acogió a su derecho a no declarar- dicen que supieron que la pequeña había sido "cortada" cuando fueron a visitarla y, de paso, a explicarle a Niuma cómo debía colocarle los pañales. Según su testimonio, la madre les dijo que el hecho se había producido en Gambia a la semana de nacer "para el bien" de ella. Sin embargo, a preguntas de la fiscal, una de las amigas rechazó que una niña "no cortada" pueda ser discriminada o tener problemas para relacionarse dentro de la comunidad gambiana de Alcañiz.

Tras el juicio, la fiscal mantuvo la petición de seis años de cárcel, la pena mínima para esta clase de delitos que el Código Penal castiga con hasta 12 años de prisión. Modrego no solicitó, en cambio, la retirada de la patria potestad porque "se considera que la relación afectiva entre padres e hija es buena". Lo que la defensa, que pidió la absolución de Mamadou y Niuma, ve como un contrasentido. "En caso de condena, la consecuencia práctica es que la niña perderá por un tiempo a sus padres. Ya ha sufrido la ablación, que es bastante". En su informe final, el letrado aludió a un supuesto "conflicto cultural" y pidió que la ley penal "aprecie la distinta valoración" que los acusados hacen sobre "una práctica que ven como parte de la tradición".

Mamadou Darme (con chándal) y su esposa Niuma Sillah, ayer en la Audiencia de Teruel.
Mamadou Darme (con chándal) y su esposa Niuma Sillah, ayer en la Audiencia de Teruel.ANTONIO GARCÍA (EFE)

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Sobre la firma

Jesús García Bueno
Periodista especializado en información judicial. Ha desarrollado su carrera en la redacción de Barcelona, donde ha cubierto escándalos de corrupción y el procés. Licenciado por la UAB, ha sido profesor universitario. Ha colaborado en el programa 'Salvados' y como investigador en el documental '800 metros' de Netflix, sobre los atentados del 17-A.
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