Irán se moviliza contra las lapidaciones

Hace apenas un año que Leyla M. escapó el corredor de la muerte. ¿Qué pudo hacer esta joven de 22 años y rostro aniñado para merecer tal castigo? Detrás de la mayoría de las penas capitales a mujeres en Irán, hay sexo. Sexo ilegal: fuera del matrimonio. Y la injusticia de unas leyes que ponen toda la responsabilidad en la mujer incluso si, como en el caso de Leyla, fue prostituida por su madre desde los nueve años y violada por su padre y hermanos. Una red de ONG se ha movilizado para salvar a las Leylas iraníes y erradicar la forma más cruel de ejecución, reservada a los adúlteros: la lapidación.

Agrupados bajo el lema Zanan Iran (Mujeres de Irán, www.womeniniran.net), abogados, feministas, periodistas y voluntarios colaboran en la defensa de los derechos de las mujeres. Sus esfuerzos han devuelto la libertad, y la vida, a Nivan Ch., Atefeh S. o Leyla M., a quienes ayudan a reintegrarse en la sociedad. Acaban de lograr la salida de la cárcel de Parisa, una de las nueve mujeres y dos hombres condenados a morir lapidados y con sentencias suspendidas por una moratoria acordada por Irán en 2002 como fruto de su diálogo con la Unión Europea.

Parisa fue detenida en Shiraz en abril de 2004 y acusada de ejercer la prostitución. Según los informes de Amnistía Internacional (AI) -que subraya que desde 2000 sólo ha habido lapidaciones en Irán y Afganistán-, durante la investigación preliminar admitió haber cometido adulterio: su marido la obligaba a prostituirse porque no tenían dinero. A los dos meses, en el juicio, se retractó, pero eso no evitó la condena a lapidación. Ayudada por los abogados de Zanan Iran, el Supremo aceptó revisar el caso en noviembre de 2005 y suspendió la sentencia.

"La liberaron la semana pasada tras recibir 99 latigazos, para nosotros ha sido una gran victoria", remarca Asieh Amini, una de las activistas de esa red. "Ahora luchamos para que la moratoria se convierta en ley", añade, preocupada porque en otro caso la alternativa a la lapidación parece ser la horca. "Nuestro trabajo no tiene nada que ver con la política, sino con el deseo de mejorar las condiciones de vida de la sociedad", precisa.

Amini lleva varios años dedicada a seguir casos de mujeres condenadas a muerte. Todo empezó con sus reportajes para Zanan (Mujeres), la revista femenina más audaz de Irán. "Me di cuenta que casi todas las causas estaban relacionadas con el sexo, incluso cuando eran asesinatos", explica. "Las implicadas suelen tener tantos problemas conyugales y dificultades para divorciarse que terminan matando al marido". También le llamó la atención el número de condenadas a la lapidación. Sin embargo, la ley iraní sólo prescribe esa forma de ejecución en caso de adulterio, y comprobar ese cargo exige la palabra de cuatro testigos del acto. Convencida de que esa posibilidad es más que remota, Amini inició una cruzada contra una pena extremadamente cruel.

"Existe una ambigüedad legal que permite al juez llegar a la conclusión de que se ha cometido el adulterio", explica. Observadores extranjeros también expresan su preocupación por los interrogatorios del proceso de investigación. Muchos acusados se autoinculpan, pero se retractan durante el juicio, lo que hace sospechar que fueron objeto de presiones excesivas. Las organizaciones de derechos humanos denuncian "abusos físicos" a detenidos. Las autoridades judiciales iraníes lo rechazan.

Cuando el ayatolá Mahmud Hachemi Shahrudi, el jefe del poder judicial, anunció la moratoria en las lapidaciones en diciembre de 2002, las activistas iraníes respiraron aliviadas. "Sentí que podía aparcar esos informes y concentrarme en otros casos urgentes; sin la firma de Shahrudi no iban a ejecutarlas", recuerda Amini.

La medida no puso fin al problema. Por un lado, fue una decisión política que no se ha trasladado a las leyes y, cuando un juez va a dictar sentencia, lo hace según la legislación, no los acuerdos políticos. Los veredictos de lapidación se siguen pronunciando. "Por eso hemos iniciado una campaña para que ese cambio se refleje en las leyes", señala Amini. La noticia de que el pasado mayo se llevaron a cabo dos lapidaciones en Mashad ha hecho sonar todas las alarmas.

Los jueces islámicos discrepan sobre la moratoria. Algunos defienden que la pena puede suspenderse, no conmutarse. Eso deja a los condenados en el limbo penal. "En los últimos dos años, algunas personas han sido enviadas a la horca", se preocupa Amini. El de Parisa, como el de Leyla, han sido casos con final feliz, pero Khayrieh, Shamameh, Kobra, Soghra, Fatemeh, Ashraf o Hajieh, mujeres cuyos procesos ha denunciado AI, aún viven en la incertidumbre.

"Nuestras leyes permiten que una mujer sea condenada a morir por tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, y eso hay que cambiarlo", defiende Shadi Sahr, abogada de Leyla y de otras condenadas a muerte. Con su ayuda, y la de Zanan Iran, Leyla ha aprendido a leer y se prepara para ser cocinera. Pero, sobre todo, ha recuperado la ilusión de vivir.