"Haré cumplir la ley del tabaco con los instrumentos del Estado"

Leire Pajín, nacida en San Sebastián hace 34 años, ha tenido una carrera fulgurante. Fue la diputada más joven de España y en la última crisis de Gobierno ha sido nombrada ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad. Sabe que, en principio, solo tiene año y medio, pero eso no le resta empuje. Su nombramiento fue recibido por unas declaraciones sexistas del alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, quien dijo que cada vez que le veía "la cara y esos morritos", pensaba "lo mismo". Entonces, Pajín no quiso entrar al trapo.

Pregunta. ¿Habría que exigir la dimisión de cargos públicos que hacen declaraciones como De la Riva?

Respuesta. A raíz de esas declaraciones alguien recordó algunas frases de dirigentes políticos durante los últimos 10 años sobre mí. Y lo primero que pensé fue: cómo hemos avanzado en muchas cosas, y lo que queda por avanzar en otras. Por supuesto que tenemos que exigir doblemente a los servidores públicos, porque debemos dar ejemplo en un país donde la desigualdad empieza por estas afirmaciones y acaba por la expresión más brutal de esta desigualdad, que es la violencia. Y quienes tenemos un altavoz debemos ser especialmente ejemplarizantes.

"La desigualdad empieza con afirmaciones y acaba en violencia"

"Hay un partido que cada vez que las mujeres damos un paso, lo recurre"

"Antes del copago hay que agotar todas las medidas para ahorrar"

"Despenalizar la droga no es cosa de un solo país. Yo no soy partidaria"

"En dependencia, el Gobierno cumple y las autonomías están esforzándose"

"La penalización mayor para el que incumpla la ley será en las urnas"

P. ¿Lo ha sido el PP?

R. Me consta que muchas mujeres del Partido Popular han echado de menos una mayor contundencia en el rechazo y en la adopción de medidas. El machismo no tiene color político, y aspiramos a que la igualdad tampoco. Cuando a Soraya Sáenz de Santamaría la criticaron por unas fotos, yo no pensé de qué partido político era. Salí a defenderla.

P. ¿Qué formación tiene para lidiar con este departamento?

R. Para empezar, mi formación política. La formación académica que yo he tenido el privilegio de tener [es socióloga] es una transversal. ¡Cuántas veces he aplicado eso después! Y la política social no es algo nuevo para Leire Pajín, teniendo en cuenta que vengo de ese mundo, de la sociedad civil, y después he sido vocal de Política Social y de Cooperación en el Congreso. Nadie elige a los representantes públicos solo por su formación académica, sino por su capacidad para tomar decisiones públicas y políticas. Y en los equipos hay expertos en cada materia.

P. ¿Qué va a pasar si el Constitucional no avala la ley del aborto?

R. Yo quiero confiar en que vamos a tener una sentencia favorable. Pero para mí lo importante es por qué hay un partido político que cada vez que las mujeres damos un paso, lo recurre. Eso es lo que debemos explicar para que los ciudadanos sepan quién avanza y quién impide avanzar.

P. Le vuelvo a preguntar: ¿Y si el Constitucional no avala la ley?

R. Insisto en que hemos hecho una ley que creemos que es profundamente constitucional. No porque lo diga yo, sino porque los dicen los informes jurídicos que hemos encargado.

P. El Gobierno ha aparcado la ley de libertad religiosa. ¿No le preocupa que se paralicen leyes en las que se ha trabajado dos años y pico?

R. Le puedo asegurar que, cuando acabe esta legislatura, prácticamente todo el programa electoral del PSOE, salvo aquello que haya tenido que matizar por la austeridad financiera, se habrá cumplido. Y le puedo asegurar que antes de final de año presentaremos la ley de igualdad de trato. Luego están todos los trámites preceptivos, y en eso no me quiero pillar los dedos.

P. Esa afirmación se contradice con dejar de lado la ley de libertad religiosa.

R. He dicho que se va a cumplir prácticamente todo el programa electoral.

P. ¿La ley de transparencia informativa también?

R. Está en la cartera. Vamos a ver.

P. Hablar de transparencia informativa cuando se es ministra de Sanidad es meter la mano en el avispero. Debe de haber pocos sistemas tan opacos para el ciudadano como el sanitario y el de dependencia. El informe del Consejo Económico y Social lo ha denunciado recientemente. ¿Qué va a hacer?

R. La transparencia y la equidad en el sistema nacional de salud es la prioridad de esta ministra para el próximo año y medio. Y para ello lo primero que tengo que hacer es poner en marcha muchos de los acuerdos que se tomaron en el último Consejo Interterritorial. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las nuevas estadísticas en Internet para conocer la realidad de cómo funciona el sistema por comunidades autónomas. Todas las medidas que tienen que ver con la unidad de acción en materia de ahorro y de eficiencia del sistema, como el plan de genéricos, la central de compras de medicamentos o el calendario vacunal tienen que ver con los problemas de equidad que contempla ese informe, que no contempla alguna de las medidas que ya se están adoptando.

P. Todo esto son herencias. Pero no creo que alguien llegue a un ministerio y no tenga ganas de dejar su huella con algo nuevo.

R. No tengo afán de protagonismo sino de contribuir a un buen servicio público. Evidentemente en esta andadura aparecerán ideas nuevas. Pero no se trata de innovar por innovar para dejar una huella personal, que no me interesa.

P. ¿Se puede recuperar la eutanasia?

R. Hay cosas que se pueden hacer en esa dirección, y se están haciendo. Andalucía nos ha demostrado que es una comunidad autónoma con capacidad de legislar sobre la muerte digna.

P. En verdad lo que ha hecho ha sido desarrollar la ley de autonomía del paciente de 2002.

R. ...Sobre la muerte digna, que es un concepto sobre el que la mayoría de los españoles coincide, que tiene consenso, y que tiene que ver con disminuir el dolor con cuidados paliativos regulados y de garantía cuando un paciente está en estado terminal. Y en ese camino hay cosas para hacer y que podemos hacer perfectamente.

P. La eutanasia ya estuvo en el programa electoral de 2004 y luego se cayó. ¿Por qué el PSOE dio esa marcha atrás? ¿Es por miedo a la religión, a perder votos?

R. La diferencia del PSOE con otros partidos es que lo que va o no va en los programas electorales lo deciden lo militantes en las convenciones programáticas. De ahí salió el matrimonio homosexual. De la noche a la mañana no se puede hacer todo.

P. ¿Pero qué pasos concretos se pueden hacer?

R. Regular los cuidados paliativos.

P. Ya hay una estrategia nacional, pero está sin evaluar.

R. Exactamente, y nos va a servir para ver cómo está esa realidad y ver qué podemos mejorar en algo que es previo a otro tipo de planteamientos. Esa es una de las prioridades que yo quiero poner en marcha.

P. ¿Ya sabe qué les va a decir a los consejeros autonómicos cuando en el próximo Consejo Interterritorial le planteen que no tienen dinero?

R. Primero, recordarles que este debate tiene que hacerse con rigor, y conociendo de dónde venimos. Les recordaré que fue el Gobierno de Aznar en 2002 el que decidió interrumpir el carácter finalista de la financiación en materia de Sanidad.

P. ¿Sería partidaria de recuperarla?

R. Vamos a hacer el recorrido completo. Les diría que, además, se optó por un modelo que fue insuficiente. Nosotros ya hemos respondido a su pregunta: hemos hecho un modelo de financiación autonómica que contempla la sanidad por primera vez como un criterio en el reparto a la hora de adjudicar la financiación, porque entendíamos que eso se había desequilibrado. En segundo lugar, además de eso hicimos una transferencia a las comunidades autónomas sabiendo que había un déficit. Entonces este Gobierno una y otra vez ha tomado medidas. Y después estamos abiertos al debate. Algunas medidas las hemos tomado ya, y otras las tomaremos los próximos meses.

P. ¿Podría ayudar el copago a reducir el déficit sanitario?

R. El copago tiene un serio riesgo de inequidad y puede desincentivar a los ciudadanos con menos recursos para ir al médico a hacerse algunas pruebas. Por tanto, antes de abrir ese debate soy absolutamente partidaria de agotar todas las medidas que se pongan encima de la mesa para ahorrar y para ser más eficientes, donde hay todavía mucho recorrido. En otras palabras, antes de que la sostenibilidad del sistema nacional de salud recaiga en el bolsillo de los ciudadanos, hay muchas medidas que se pueden adoptar.

P. ¿Como cuáles?

R. Es que quiero recordar que muchas de ellas ni siquiera se han puesto en marcha. Se han aprobado, pero no se ha visto el impacto que tienen. Hay muchas más que se pueden poner. El reto que tenemos de ponerlas en marcha no es un reto menor.

P. Felipe González, Vargas Llosa... después de 50 años, aumentan las voces que piden legalizar las drogas. ¿Qué opina?

R. Es algo que no se podría hace solamente en un país porque crearía una fuerte distorsión, y, desde le punto de vista del ámbito de la salud pública está científicamente demostrado que el consumo de ciertas sustancias tiene graves lesiones. Por tanto no sería partidaria de legalizarla.

P. ¿Cómo va a hacer para equiparar la oferta de médicos con la demanda?

R. Continuando con algo que empezó hace ocho años: duplicar las plazas. Cuando llegamos al Gobierno vimos la falta de planificación en la formación de médicos según las necesidades, y las duplicamos. Y hoy se forman el doble de médicos que hace cuatro años.

P. Sobre la Ley de Dependencia, el miércoles dijo en respuesta al PP: "Pueden estar tranquilos que las prestaciones por dependencia se están garantizando". ¿Cómo puede lanzar un mensaje de este tipo cuando hay 240.000 personas, en situaciones dramáticas muchas de ellas, esperando por una ayuda a la que tienen derecho?

R. Porque la pregunta era si el Gobierno iba a poner su parte refinanciación para que los ciudadanos tengan garantizado esos derechos, y yo le di los datos del cumplimiento del Gobierno con respecto a su parte para la puesta en marcha del sistema: los 5.000 millones que ha puesto para que el sistema pueda crearse, más los adicionales de los últimos dos años, más la reducción del IVA y el plan E para construir centros. También dije que era consciente de que hay muchos ciudadanos que no han recibido la prestación a la que tienen derecho y que era nuestro mejor estímulo para seguir trabajando.

P. ¿Y cómo van a garantizar, en la práctica, que reciban su prestación?

R. En solo tres años y medio atendemos a 635.000 personas, y acabamos de poner en marcha un nuevo pilar del estado de bienestar, que no se construye de la noche a la mañana. Por tanto, primero había que garantizar el derecho por ley, después crear el sistema, la cartera de servicios, y garantizar la financiación. Eso es camino recorrido, Ahora tenemos una evaluación en marcha que nos va a dar detalles sobre los problemas y cómo mejorar. Entonces podremos sentarnos y decir: esto es lo que ha funcionado, esto es lo que ha fallado, y tenemos que ir en esa dirección.

P. También dijo que el Gobierno garantiza que los ciudadanos reciban su ayuda en seis meses. ¿Cómo va a hacerlo, cuando está transferido?

R. Llegando a acuerdos para ir caminando juntos de la mano e ir incorporando nuevas prestaciones. He hablado del objetivo que es garantizar esos seis meses, pero no significa que se está haciendo ya. Haremos todo el esfuerzo que esté en nuestra mano para que sea así. ¿Cómo se hace? con acuerdos. Y cumpliendo esos acuerdos. De la noche a la mañana no se pueden cumplir todos los retos. Lo importante es que hemos iniciado un camino de no retorno, que además ahora está garantizado por ley.

P. Todos los ministros han dicho esto mismo, que es un sistema que lleva tiempo, pero esa ley garantiza derechos subjetivos, e incumplirla es como decirle a alguien que no le va a dar una pensión o a un niño que no se le va a matricular ahora en el colegio. Y con otra característica, más grave, que todo el tiempo que piden los políticos es tiempo en que la gente se está muriendo. ¿No hay otra forma de cumplir los compromisos?

R. Me habla de dos pilares del bienestar que se construyeron hace 30 años; este lleva apenas tres. Esa es la diferencia. Los acuerdos son recientes, los últimos de apenas seis meses, no es tiempo aún de evaluar su cumplimiento. Hay un esfuerzo compartido: el Gobierno ha cumplido, y las comunidades hacen un esfuerzo en tiempo de crisis. Podíamos haber decidido parar la ley, en sentido figurado, pero hemos decidido seguir avanzando a pesar de la crisis. Por eso vamos a seguir caminando y diciéndoles a los ciudadanos que quizá igual vamos un poco más lentos, pero no vamos a parar la ley porque tienen derecho. Me hubiera gustado a mí heredar esa ley cuando llegamos al gobierno.

P. ¿Han cumplido las comunidades?

R. Es un esfuerzo compartido.

P. Pero los datos dicen que algunas no han cumplido.

R. Todas han puesto en marcha el sistema, aunque se está perfeccionando. Hay realidades diferentes, pero mi objetivo es que se equiparen. Todo el esfuerzo que debo hacer es en coordinar y en complementar, en eso ganarán los ciudadanos. Si avanzamos a velocidades diferentes habrá desigualdades. Por eso mi empeño es sentarnos en una mesa las veces que hagan falta.

P. Quizá es más eficaz parar la ley y dar las ayudas que faltan a los dependientes más graves.

R. El grado I que acabamos de aprobar no va a impedir que haya ciudadanos pendientes a los que se les seguirá dando su prestación. Eso suma, no resta.

P. Su antecesora, Trinidad Jiménez, dijo cuando estaba en campaña que Madrid era una de las comunidades que peor llevaba el desarrollo de esta ley. ¿Opina lo mismo?

R. Los ciudadanos podrán juzgar, no va a ser mi estilo comparar las medidas que se toman en cada comunidad autónoma. Mi vocación es que en este momento en que se fomenta el sistema, aunque esté en desacuerdo con algunas cosas, podamos trabajar juntos. Ahora, eso sí, igual que en sanidad, seré vigilante en que se cumpla todo lo que tiene que ver con al equidad y la igualdad de prestaciones y derechos.

P. Un informe del propio Gobierno recomendó ir a los tribunales para obligar a las comunidades a cumplir, agotada la vía del consenso.

R. El consenso no está reñido con la exigencia de que una prestación se ponga en marcha. Y así lo hacemos también en los consejos territoriales.

P. Los datos que dicen que hay comunidades que no cumplen los publica el ministerio y miden lo que esperan los canarios, los andaluces, las valoraciones que se hacen, las prestaciones por persona.

R. Son datos no completos los que tenemos ahora.

P. Dice que en los consejos territoriales de la dependencia les exigen a las comunidades. ¿Por qué tienen tan poco éxito?

R. Bueno, yo insito en que uno puede ver el vaso medio lleno o medio vacío. Hace seis años nadie hubiera pensado que se iba a poner en marcha la ley y que ya se están atendiendo a 636.000 personas. Yo me quedo con ese dato.

P. Hay 371.139 ayudas para cuidadoras que se hacen cargo de sus mayores o discapacitados en casa, mujeres en su mayoría. ¿Qué va a hacer el Gobierno para revertir esta situación, que está calificada de excepcional?

R. Una de las líneas de evaluación más claras es ver cómo ha funcionado esto en manos de cuidadores, que daban una primera respuesta a una realidad urgente que teníamos. Y las ayudas compensaban económicamente a quienes durante años han cuidado de sus mayores sin reconocimiento social ni remunerado. Ha aflorado una realidad que nos sirve para tomar nuevas medidas con respecto a las mujeres, que es reconocer una labor, que no lo estaba y se hacía de forma silenciosa. Queremos potenciar los servicios, pero también ver cómo han funcionado los cuidados en casa. Todo esto lo quiero discutir después de la evaluación.

P. Que va con retraso.

R. Sí, pero la vamos a tener muy pronto. La evaluación llega cuando hay una experiencia que poder examinar. Ha llegado el momento.

P. Ya hay datos públicos del ministerio que dan una radiografía bastante precisa de la situación. ¿No piensa exigir alguna medida a determinadas comunidades?

R. No hemos dejado de tomar medidas. Exigimos a las comunidades cuando hablamos de compartir financiación; exigimos cuando vemos la calidad de la prestación. Se discute mucho. Somos tremendamente exigentes en lo que entendemos que es beneficioso para los ciudadanos.

P. Este ministerio que tiene poco peso, pero, en cambio, gestiona o coordina carteras que llevan un gran presupuesto en las comunidades. ¿Cómo ven la privatización para seguir dando estos servicios en tiempos de crisis?

R. Este es un gran momento para demostrar que hacer políticas o servicio público no necesariamente es gastar más, sino gastar mejor y con más eficiencia.

P. Está a punto de entrar en vigor una ley del tabaco que tiene un argumento nuevo: el ejemplarizante, que no se pueda fumar en los parques infantiles para no dar mal ejemplo. ¿No estamos en un papel excesivo del Estado en algo tan privado?

R. Es una línea de prevención. Se nos llena a veces la boca con la prevención y la sensibilización, y esta es una forma de hacerlo.

P. ¿Cuál será su reacción si cuando se ponga en marcha el 2 de enero, la Comunidad de Madrid u otras sabotean esta ley?

R. Esta ley sale con un alto consenso, la coherencia de todos los grupos parlamentarios supondrá que allá donde gobiernen cumplan la ley que han aprobado. Dicho eso, si ocurriera, haré todo lo que esté en mi mano para que se cumpla la ley, con los instrumentos del Estado de derecho.

P. Por ejemplo...

R. Hay mecanismos jurídicos para hacer cumplir la ley. No quiero pronunciarme sobre algo que no ha ocurrido, creo que esta ley se desarrollará con normalidad. Pero si no se cumpliera, nuestra obligación es estudiar todas las medidas jurídicas y legales que haya en el Estado de derecho para hacer cumplir la ley.

P. ¿Por qué esta misma frase no podemos escucharla en Dependencia, cuando no se cumple la ley en algunos sitios?

R. Porque acabamos de poner un pilar fundamental del Estado de bienestar que empieza a caminar. Y hasta que no la evaluemos no podemos tomar medidas legales cuando antes hay que tomar otras. Estamos en proceso de tomar medidas para que se garantice. Haremos todo el esfuerzo que sea necesario para que se cumpla.

P. ¿Usted fuma?

R. Dejé de fumar como consecuencia de la ley Salgado. Sé que sonará oportunista, pero...