Europa deja solo al trabajador

¿Europa es sólo un mercado o es también un espacio de protección social? ¿Las relaciones laborales deben establecerse entre el trabajador de manera individual y el empresario como si tuvieran igual capacidad para negociar o deben fijarse de manera colectiva? ¿Las leyes laborales deben ser sólo estatales o también europeas?

Todas estas cuestiones son las que están en el fondo del debate que estos días se dilucida en el Parlamento Europeo y que va a poner en tensión las fuerzas políticas. El incierto resultado de la votación de mañana -se requiere mayoría absoluta y las posturas están muy ajustadas- marcará también el camino futuro que emprenderá la Unión. Y, de manera especial, la participación y el debate de las próximas elecciones europeas de junio de 2009.

El plan puede liquidar el régimen de convenios colectivos en vigor

"Luego vendrán los salarios y otros derechos", dice un eurodiputado

Reino Unido y los ex comunistas del Este enarbolan la bandera liberal

Las largas jornadas suponen riesgo cardiovascular y de enfermedad mental

Muchos británicos, griegos y polacos trabajan ya más de 48 horas

Los sindicatos se movilizarán hoy en Estrasburgo para parar la iniciativa

La piedra de toque es la discusión sobre la duración máxima de la jornada laboral, que actualmente es de 48 horas semanales. Si prosperan las tesis liberales que impulsan el Reino Unido y sus aliados, los nuevos países del antiguo bloque comunista, hoy se impondrá la llamada "libertad de opción", que implica que la duración del tiempo de trabajo la pactarán "libremente" el empresario y el trabajador, y la jornada se podrá alargar hasta las 60 o 65 horas según los casos.

"Con esto renace la idea de que el contrato de trabajo será un acuerdo entre el trabajador y el empresario", advierte Alejandro Cercas, eurodiputado socialista español, ponente de la directiva, quien ha organizado la defensa de los derechos laborales desde la trinchera del Parlamento Europeo. Cercas asegura que si se generaliza la exclusión voluntaria, "no habrá leyes, no habrá convenios, y será el fin de los sindicatos". "Esto es sólo la punta del iceberg. Empezamos por la jornada y luego vendrán los salarios y los demás derechos laborales", advierte.

En su opinión, la desregulación laboral supone dinamitar los principios del primer convenio internacional sobre las condiciones de trabajo. Cuando se creó la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1919, estableció la jornada laboral de un máximo de ocho horas y la semana laboral de 48 horas.

La batalla entre las dos ideas de Europa está siendo muy intensa. Más de 50 diplomáticos británicos han sido movilizados por toda la UE para lograr que los diputados de los demás países hagan avanzar el modelo liberal. La pugna ha provocado la división interna entre los grandes partidos PPE y PSE, y parece que el frente se establecerá más bien entre el Reino Unido y los nuevos países de la ampliación, excepto Hungría, por un lado, y la vieja Europa por otro.

Los británicos intentan atraerse los votos de los antiguos países comunistas del Este europeo advirtiéndoles de que la UE les quiere quitar las ventajas competitivas al disponer de una legislación laboral menos exigente.

En España, sin embargo, todos los grupos parlamentarios del Congreso votaron el pasado otoño de manera unánime en contra de la introducción del opting out o libertad de opción.

El ponente señaló que "los temores ante la globalización y los intentos de ciertos países de lograr ventajas competitivas gracias a largas jornadas de trabajo pueden contar con apoyos en las instituciones europeas, hasta ahora comprometidas con ganar la batalla de la competencia sobre la base de la excelencia y no sobre la base de desmantelar el modelo social de la posguerra, ni sobre el dumping social entre Estados".

"El debate", sostiene uno de los negociadores comunitarios, "es un asunto ideológico, es entre los que quieren más regulación o menos regulación, entre los que quieren más Europa o menos Europa". "Estoy convencido", añade, "de que el 70% de los que votarán en contra del informe Cercas son euroescépticos".

La historia reciente se remonta a 1993, cuando la UE aprobó una directiva que, por primera vez, estableció el máximo de 48 horas de trabajo a la semana, y definió los tiempos de descanso y vacaciones. El Gobierno de John Major obtuvo el opting out o exclusión voluntaria por un periodo temporal de 10 años. Los resultados que ha arrojado en el Reino Unido son ilustrativos: más de 3,2 millones de trabajadores trabajan más de 48 horas, de los que cerca de medio millón trabaja más de 60 horas.

Un estudio de la Comisión Barnard, Deakin y Hobbs, de la Universidad de Cambridge, ha puesto de relieve el alargamiento de la jornada laboral y sus efectos sobre la salud de los trabajadores tras la aprobación del opting out individual en el Reino Unido. La tasa de trabajadores con horarios de más de 48 horas semanales se eleva al 17%, aunque es superado por Grecia (32%) y Polonia (23%).

Una investigación realizada por encargo de los sindicatos británicos TUC indica que quienes "trabajan más de 60 horas semanales, y quizá más de 50, tienen un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular". El mismo trabajo refleja que "el exceso de jornadas superiores a las 48 horas, reduce la satisfacción laboral y aumenta significativamente el riesgo de problemas de salud mental".

En el conjunto de la Unión, las largas jornadas laborales son un fenómeno predominantemente masculino, con una tasa que llega al 29% de la población ocupada, el doble que las mujeres. En este sentido, la Confederación Europea de Sindicatos (CES) señala que "volver a jornadas laborales largas e insalubres, así como a una división tradicional del trabajo entre hombres y mujeres, obstaculizaría la plena participación de éstas en el mercado laboral y tendría una influencia negativa en los jóvenes padres a la hora de tratar de conciliar el trabajo con la vida familiar".

El CES y otras organizaciones sindicales europeas han convocado para hoy una manifestación en Estrasburgo en la que participarán miles de sindicalistas de toda Europa y que reproduce el clima de malestar laboral que ya se suscitó con la directiva de servicios, conocida también como directiva Bolkestein, por el nombre del comisario que la promovió, y que muchos asocian al rechazo de la Constitución europea en Francia.

El conflicto ha implicado a fondo a las organizaciones empresariales, que subrayan las ventajas de la contratación individual. Un documento suscrito por las patronales europeas Businesseurope y UAEMP, junto a Eurocámaras y el Centro Europeo de Estudios Profesionales, señala que "los responsables de las empresas no emplean la posibilidad de hacer trabajar constantemente a los empleados más horas, sino sólo para tratar de atender las fluctuaciones temporales de la demanda". Para los empresarios "los asalariados que firmen el opting out también se benefician en la medida en que pueden trabajar horas extra, por ejemplo, y complementar sus ingresos, lo que es una consideración significativa en las actuales circunstancias económicas".

La duración del tiempo de trabajo ha sido especialmente polémica en algunos colectivos como los médicos y los bomberos. En el caso de los médicos, que junto a los estudiantes de medicina forman un colectivo de más tres millones de profesionales, el recurso a los tribunales ha supuesto un importante respaldo para la defensa de sus intereses.

El Tribunal de las Comunidades Europeas, con sede en Luxemburgo, ha fallado a favor de los profesionales de la medicina en tres sentencias; Sindicato de Médicos de Asistencia Pública (Simap), en 2000; y, posteriormente, en los fallos judiciales de los casos Jaeger y Pfeiffer. En estas tres resoluciones judiciales del tribunal de la UE ha quedado establecido que el tiempo de guardia debería considerarse tiempo de trabajo porque el empleado estaba a disposición del empresario y, por tanto, no podía disponer del tiempo libre. Los Estados sostenían que la consideración del tiempo de guardia de los médicos como tiempo de trabajo provocaría la quiebra de los sistemas de salud pública en muchos países.

En las negociaciones entre Comisión y Consejo para revisar la directiva de 1993 y tener en cuenta las mencionadas sentencias han introducido el concepto de tiempo de guardia distinguiendo entre un periodo activo y un periodo inactivo. Según el Consejo, este último no debe ser considerado como trabajo.

Por su parte, la propuesta elaborada por el Parlamento considera que todo el tiempo de guardia "incluida la parte inactiva" debe ser considerada como tiempo de trabajo. Sin embargo, admite que a través de convenios entre las partes o regulaciones laborales este tiempo de guardia puede ser computado de manera distinta de manera que no infrinja el máximo de las 48 horas semanales. Ayer varios cientos de médicos se manifestaron en Estrasburgo, y varios miles en toda Europa, para lograr que se reconozca su trabajo. Claude Wetzel, presidente de la Federación Europea de Médicos Asalariados, manifestó: "Las medidas de la directiva amenazan claramente a nuestra salud y a la de nuestros pacientes". Citó un estudio de 2002, que demostraba que "después de 24 horas de trabajo una persona tiene las reacciones equivalentes a alguien que tenga una tasa de alcoholemia del 0,8% [de alcohol en sangre]".

El comisario de Empleo y Asuntos Sociales, Vladímir Spidla, intervino ayer en el pleno para exigir un acuerdo entre los diputados y los Estados para acabar con la inseguridad jurídica sobre las guardias médicas, y apeló al "realismo de los euro-diputados". Para los facultativos, la solución está en ampliar las plantillas para poder realizar el trabajo en las condiciones debidas.

La directiva había permanecido bloqueada hasta ahora por la oposición de España, Francia e Italia. Con la llegada de Nicolas Sarkozy y Silvio Berlusconi al poder en sus respectivos países se quebró la defensa ante la oleada de liberalismo y desregulación.

En la última decisión del Consejo del pasado junio sólo España y Grecia votaron en contra. Se abstuvieron Bélgica, Chipre, Malta, Portugal y Hungría. Insuficientes para detener el opting out.

El pulso se verá mañana en el pleno del Parlamento. Para evitar que se rompa el tope de 48 horas y la semana laboral pueda alargarse hasta las 65, es preciso que prospere alguna de las enmiendas presentadas, lo que requiere la mayoría absoluta, equivalente a 393 votos. Las encuestas están muy ajustadas, pendientes de 15 o 20 votos.

Si prospera alguna enmienda habrá que abrir un periodo de conciliación que puede durar hasta tres meses. Cuanto más se alargue, más se acerca la discusión a las elecciones del Parlamento Europeo del próximo junio, y por tanto las posibilidades de que influya en las opiniones de los votantes, en su mayoría trabajadores y profesionales afectados por la directiva.

En su intervención ayer, Cercas subrayó: "Tenemos ante nosotros una oportunidad para conectar con las preocupaciones de nuestra ciudadanía". "Europa no es un oscuro laberinto de egoístas ilustrados ni políticos sin corazón y no estamos sordos ni mudos. Al contrario, nuestros ciudadanos verán que sabemos poner los derechos de la mayoría por delante de la codicia y el desvarío de unos pocos ideólogos de la extrema desregulación".

Valérie Létard, secretaria de Estado del Ministro de Trabajo y Relaciones Sociales de Francia, defendió el compromiso alcanzado en la posición común, auspiciado por la mayoría de Estados. En su opinión, se "trata de un avance para la situación de los trabajadores de Europa".

La propuesta del Parlamento elaborada por Cercas ofrece una amplia flexibilidad como que el opting out no desaparezca hasta dentro de tres años.