El Defensor del Pueblo investiga el traslado de más de 300 dependientes en Madrid

La oficina del defensor del Pueblo, dirigida por María Luisa Cava de Llano, ha iniciado una investigación sobre las razones que han motivado el traslado de los más de 300 discapacitados y ancianos que el gobierno de Madrid dispuso ayer . La oficina del defensor ha solicitado a la Consejería de Bienestar Social un informe sobre las circunstancias que han determinado el cierre y las fechas en que se decidió y comunicó a los empleados, a causa de las quejas de varios de los familiares de las personas afectadas por los cambios.

La mudanza se produjo sin previo aviso, desde las instalaciones de Fray Bernardino, Magerit y Arganda a la residencia de ancianos Carabanchel, a causa, según el Director Regional de Bienestar Social, Américo Puente, del estado de ruina de los edificios.

Esta mañana más de dos centenares de personas han cortado durante una hora la calle General Ricardos en protesta por el proceder de la Comunidad. Los trabajadores de Magerit siguen encerrados. Familiares y plantilla denuncian que en la residencia de ancianos habilitada para los discapacitados no se había limpiado correctamente, que aún según allí los colchones y que las habitaciones, individuales y pensadas para otro tipo de residente, no son adecuadas para este tipo de usuario.

Los sindicatos han criticado que los dependientes hayan sido alojados en la quinta planta de la residencia, en instalaciones no adaptadas para ellos y sin acceso a espacios abiertos al aire libre y piden que se habilite una zona "exclusiva" para los discapacitados en laplantabajadeledificio.

Esta tarde las protestas han proseguido en el distrito de Carabanchel hasta que agentes de la Policía han desalojado a los familiares de los usuarios del centro ocupacional Magerit concentrados a las puertas de sus instalaciones en protesta por el cierre. A las movilizaciones se habían unido también algunas organizaciones vecinales, después de que en la reunión de ayer la consejería de Familia y Bienestar Social no garantizara las exigencias de los sindicatos CSIT, UGT y CC OO: que no separasen a los discapacitados, porque llevan algunos de ellos muchísimos años juntos, y que no disgregaran al grupo que trabajaba con ellos.

Las organizaciones sindicales han anunciado que en los próximos días presentarán un documento para negociar con la Comunidad de Madrid que cuando finalicen las obras todos los usuarios y trabajadores vuelvan a sus centros de origen y que a estos últimos se les respeten sus categorías, horarios, turnos y calendario laboral.