El Consejo de Estado avala por unanimidad la ley del aborto

Después del informe desfavorable del Consejo Fiscal y del "no informe" del Consejo General del Poder Judicial, cuyos miembros no consiguieron llegar a un acuerdo, el último que quedaba por hablar, el Consejo de Estado, ha avalado por unanimidad la constitucionalidad del anteproyecto de ley del aborto que prepara el Gobierno. El texto recoge, por primera vez en España, un sistema de plazos para regular esta práctica: las mujeres podrán decidir libremente interrumpir su embarazo durante las primeras 14 semanas de gestación. El Consejo de Estado, según fuentes cercanas a este órgano consultivo del Gobierno, sostiene en el dictamen aprobado ayer -que no es vinculante- que la ley de plazos es plenamente compatible con la Constitución.

Se propone eliminar las multas a mujeres porque no cumplen una función social

El anteproyecto ha sido estudiado por la sección tercera del Consejo, que dirige el consejero permanente -y padre de la Constitución- Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, y fue votado en la comisión permanente del órgano, presidido por el ex presidente del Tribunal Constitucional Francisco Rubio Llorente.

- Menores de 16 y 17 años. Sobre la cuestión de si deben o no poder decidir por sí mismas si desean abortar, el Consejo de Estado confirma que ellas deben tener la última palabra, pero recomienda que los padres "sean oídos". En cuanto a las chicas de 12 a 15 años, que sí necesitan el consentimiento paterno para interrumpir su embarazo, el órgano señala que deben ser escuchadas.

- Consentimiento informado.El Consejo precisa también cómo debe ser la información que se otorga a las mujeres que se están planteando abortar. El dictamen señala, según fuentes del órgano, que no debe tener carácter de consejo y que tiene que estar al margen de consideraciones religiosas y morales. Debe respetarse al máximo la libertad de las mujeres, pero, al mismo tiempo, hay que proporcionarles una información amplia y extensa y no sólo sobre las ayudas a la maternidad, sino también sobre las circunstancias que concurren en cada caso. Debe ser una información individualizada, no estándar para todas, que tenga en cuenta las necesidades y características de cada paciente.

- Penas. El dictamen habla sobre las penas previstas para los incumplimientos de lo dispuesto en la ley. Propone que se agraven algunas conductas de médicos y profesionales que participan en los abortos. Con respecto a las mujeres, para las que el Gobierno ha eliminado las penas de prisión y sólo las castiga con multas, el Consejo entiende que no tiene sentido castigarlas con cárcel ni con multa. Señalan los consejeros que esta sanción, en este caso, no cumple ninguna función social por lo que recomiendan al Gobierno que piense en otro tipo de pena.

- Comités médicos. Otro punto de debate es el de los comités clínicos que tendrán que decidir si autorizar los abortos posteriores a la semana 22 en caso de que "se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico". El anteproyecto del Gobierno señala que "no podrán formar parte del comité quienes se hayan manifestado contrarios a la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo". Sobre este aspecto de la ley, el Consejo también avala la legalidad de esta medida y defiende que una persona en estas condiciones no debe formar parte del comité médico. Sería similar a un juez incurso en causa de recusación.

El dictamen, parecido al redactado por Margarita Uría en el seno del Consejo General del Poder Judicial y que no logró ser aprobado, permite al Gobierno remitir ya al Parlamento su texto para que comience el trámite parlamentario. El Ministerio de Igualdad prevé llevarlo la próxima semana si es posible al Consejo de Ministros.