Seis Comunidades suspenden en la aplicación de la Ley de Dependencia

Seis comunidades, más las ciudades de Ceuta y Melilla (ambas gestionadas por el Gobierno) suspenden en la gestión y aplicación de la Ley de Dependencia que cada semestre evalúa la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Ninguna de ellas alcanza el 5 en una escala de 10. La media que se obtiene entre la calificación de todas es un 5.

A la cola están Canarias, la Comunidad Valenciana, Murcia y Madrid, seguidas de Baleares que obtiene un 3 y Extremadura, un 4. Las que mejor nota sacan son Andalucía, Castilla-La Mancha, País Vasco, La Rioja, Castilla y León, Aragón y Navarra, todas con un notable, las tres primeras, un 8.

El Observatorio de la Dependencia de esta asociación, reunido hoy en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) ha valorado, entre otros criterios el número de personas dependientes que cuentan ya con una ayuda en relación a la población o la aportación económica de las comunidades por habitante y año, así como el número de personas de las que ya se conoce su grado de dependencia, las buenas prácticas implantadas para la gestión de la ley o la integración de la red local de servicios sociales.

La Asociación considera que "hay avances significativos en la implantación del sistema de Dependencia, algo que se observa con claridad en varias comunidades una vez salvados los obstáculos iniciales, pero constata con preocupación que una tercera parte de los españoles viven en comunidades donde existe un falta de voluntad institucional para implantar esta ley".

Su presidente, José Manuel Ramírez, opina que el problema de financiación "no es tanto una cuestión del volumen total de recursos como de los criterios que usa el Gobierno para distribuir ese dinero entre las comunidades autónomas". Y lamenta que hay comunidades que no sólo no aportan lo que debieran por ley, sino que "podrían estar generando ingresos extraordinarios gracias a la financiación que reciben del Estado, como es el caso de Canarias". "Deben incorporarse cuanto antes mecanismos de control sobre la financiación de las comunidades", ha dicho.

Ramírez también se ha referido al "limbo de la Dependencia", es decir, la lista de espera de ciudadanos que habiendo sido reconocidos como beneficiarios de una ayuda aún no la están percibiendo, más de 253.000 personas en esa circunstancia.

La Asociación considera preciso mejorar "el escaso desarrollo de la ayuda a domicilio para los dependientes, así como una buena coordinación con las entidades locales para el desarrollo de la ley, algo que permitiría un seguimiento de la eficacia de las ayudas que ya se están percibiendo". Los miembros del observatorio se mostraron preocupados por las muchas ayudas al cuidador familiar que se están prescribiendo, cuando la ley considera que deben ser algo excepcional.

Sin embargo, opinan que la valoración de los dependientes están funcionando, puesto que casi un 90% de las personas que han solicitado una ayuda ya han sido valoradas. "Llama la atención que el Ministerio de Sanidad y Política Social plantee ahora, tres años después del arranque de la ley, una reforma del procedimiento de valoración, precisamente lo que mejor funciona", ha criticado Ramírez.