Cataluña retira la asistencia médica obligatoria a las prostitutas

Los dueños de prostíbulos en Cataluña ya no tendrán que ofrecer asistencia médica a las prostitutas. La Generalitat ha retirado esa obligación, vigente desde 2002 y única en España, que pretendía facilitar el acceso de las trabajadoras del sexo a los servicios de salud. El Gobierno catalán considera ahora que la medida solo ha servido para que los empresarios "publiciten que sus chicas están limpias" y afirma que, en la práctica, no ha supuesto ninguna garantía sanitaria.

Aunque no reguló el fenómeno de la prostitución -una actividad que sigue en el limbo: ni es legal ni está prohibida- el decreto de 2002, aprobado por CiU, fijó los requisitos de seguridad e higiene que deben reunir los burdeles. El texto dice, entre otras cosas, que los propietarios de los locales "han de garantizar" que las mujeres "estén sujetas a medidas de control sanitario de tipo preventivo y asistencial".

El decreto no especifica la clase de asistencia. En la práctica, los pocos propietarios que han seguido la norma han puesto médicos a disposición de las mujeres para someterlas a análisis de sangre y otras pruebas. Un nuevo reglamento de espectáculos, aprobado ayer, ha quitado esa carga a los empresarios.

El Departamento de Interior sostiene que el cambio no afecta a las condiciones de salud de las prostitutas. En ocho años, Interior no ha impuesto ninguna sanción por incumplimiento de esta obligación. Las entidades que defienden los derechos de las prostitutas criticaron ayer que algunos empresarios hayan aprovechado el decreto para imponer las pruebas, en lugar de reconocer su derecho a acceder "libremente" a los controles de salud.