Camps, reforzado en las urnas, resucita Ciudadanía en inglés

La amenaza de una huelga general del sistema educativo público valenciano obligó el 16 de noviembre pasado a Francisco Camps a enterrar su "ocurrencia" de traducir al inglés la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Superada la reválida de las elecciones europeas -y por goleada en la Comunidad Valenciana- el PP, con su presidente al frente, ha vuelto a mirar a los gestores de la escuela pública con las espadas en alto. Medio centenar de inspectores de la Consejería de Educación recorrieron ayer las tres provincias para reunirse con los directores de instituto y recalcarles que la orden que está recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia y tiene dos suspensiones cautelares "está en vigor" y que esta materia de nuevo cuño introducida por la Ley Orgánica de Educación (LOE) -que los populares han tratado de boicotear en algunas ocasiones- se dará "en inglés".

Si el centro no tiene profesores titulares de Filosofía o Geografía e Historia con la doble capacitación del inglés, sus horas de Ciudadanía serán impartidas por "itinerantes". Y podrán ser desplazados de su destino fijo o impartir otra materia afín.

Desde el pasado 8 de abril, cuando se rompieron las negociaciones que el consejero Alejandro Font de Mora y su número dos, Concha Gómez, dilataron durante tres meses con sindicatos, padres, alumnos, profesores e inspectores, el propio consejero fue el primero en advertir de la vuelta de la Ciudadanía en inglés tomando como argumento "la política que ha votado el pueblo valenciano".

El paro general del 28 de abril, que vació las aulas de alumnos y profesores, fue la gota que colmó el vaso de la Administración. Desde entonces en círculos más o menos amplios, tanto con directores como con sindicatos, Gómez siempre ha advertido que "la orden está en vigor".

La puesta en escena de ayer, mediante un amplio despliegue de inspectores, forma parte de una política de hechos consumados que sortea dos suspensiones cautelares: una que le impide legalizar la objeción de los padres a la materia y evaluar las competencias en inglés de los niños; y otra, que le prohíbe poner un traductor de inglés en la misma aula en la que da clase el profesor titular de Ciudadanía.

Pero, esta vez, las instrucciones, de momento verbales, pueden rozar la "prevaricación", advierte Luis García Trapiello, de CC OO, porque despoja al profesor titular de Ciudadanía que no hable inglés o no quiera darlo de su cómputo legal de horas. Con esta medida, la Administración autonómica, denuncia Adolf Sanmartín, portavoz socialista de Educación en Las Cortes, "está modificando el acceso a la función pública de unos funcionarios que obtuvieron su puesto mediante oposición o concurso, lo que supone una discriminación frente a los que saben inglés". Trapiello advierte de que "estas personas pueden actuar por la vía penal contra la Administración por supuesto delito de prevaricación".

Todas las reuniones -que han sido confirmadas a EL PAÍS por directores de las tres provincias y dos inspectores de la Administración educativa- son la última vuelta de tuerca para tensar un curso, que arrancó en septiembre con paros y encierros, y culmina con la Administración del PP enfrentada a pecho descubierto con todos los agentes educativos del sector público y con vías de judicializarse aún más.

"De aplicarse estas instrucciones, el Gobierno entrará al fondo, porque son una barbaridad", confirmó el abogado del Estado y actual subdelegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Luis Felipe Martínez. "La Administración valenciana sabe que va a haber una sentencia del Tribunal Superior de Justicia en breve, que va a resolver el fondo de la cuestión que es precisamente el inglés. Esto es una provocación irresponsable que tensa el sistema educativo". Y recordó a Camps que "las elecciones europeas sirven para elegir diputados al Parlamento Europeo, no eximen de ningún delito, ni sirven de amnistía".