Camps rectifica y negocia una salida al conflicto de Ciudadanía

La amenaza de una huelga general del sistema educativo público valenciano el próximo 17 de diciembre ha acabado por fulminar, tras varios meses de protestas, el empecinamiento del presidente Francisco Camps en que la asignatura de Educación para la Ciudadanía se dé en inglés sin contar con especialistas, ni medios didácticos, ni tener en cuenta la insuficiente capacitación de los alumnos en esta lengua. El consejero de Educación valenciano, Alejandro Font de Mora, anunció ayer el inicio de "negociaciones" para "aplazar la aplicación de la orden valenciana" que obliga a "traducir" las clases al inglés, una orden contra la que han planteado recursos judiciales los sindicatos de la enseñanza y el Gobierno central.

El Gobierno central aplaude la medida y confía en que sea definitiva

Sindicatos, padres y directores valoran la "vuelta al sentido común y al diálogo"

Font de Mora anunció que busca pactar una "moratoria" -a partir de hoy mismo- "total" o "parcial", a "corto, medio o largo plazo", con todos los representantes del mundo de la educación "que tienen capacidad legal negociadora con la consejería". La iniciativa busca, en la práctica, desactivar las protestas sostenidas durante casi tres meses en la calle y en los institutos por todos los agentes educativos y sociales, que estaban debilitando sobremanera la capacidad negociadora de la Administración educativa en todas las áreas de gestión.

El consejero realizó esta declaración en los pasillos de Las Cortes sólo un día después de que su secretaria autonómica, Concha Gómez, se comprometiera a "trasladar al presidente Camps" la petición de "aplicar una moratoria a la orden valenciana", tras más de tres horas de reunión con todos los miembros de la Plataforma por la Enseñanza Pública. Una organización constituida en junio pasado en torno al conflicto de la Ciudadanía en inglés, de la que forman parte las asociaciones más representativas de padres, alumnos, directores de instituto, inspectores, los tres grandes sindicatos del sector público -el Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV), CC OO y UGT-, y la entidad cívica Escola Valenciana.

La consejería se reunirá hoy con la Comisión Permanente de Directores de Secundaria para "ver qué entienden las diferentes partes por una moratoria, que puede ser a corto, medio o largo plazo; de manera total -para todos los centros educa-tivos-, o sólo parcial, en algunos de ellos".

El consejero, no obstante, anticipó que, a partir de este momento, espera "la máxima comprensión" del sector educativo en "este proceso negociador". Es decir, el cese de las movilizaciones. Un terreno en el que Font de Mora se mueve, de momento, más en el deseo que en la realidad, porque los encierros contra la "política educativa" de Camps continuaron anoche en institutos de Burjassot, Valencia o Benigànim, Silla o Elche. Y, según confirmó la portavoz de la Plataforma, Gemma Piqué, la gran manifestación convocada en Valencia el 29 de noviembre contra la "política educativa" de Camps se mantiene en firme.

Piqué, no obstante, valoró "este gesto de sentido común" y de "vuelta al razonamiento y el diálogo". Aunque se mostró cauta hasta "comprobar cómo se concreta" el alcance de esta medida. La Plataforma pide "la retirada de la orden" o, en su defecto, ya que está pendiente de juicio, "un compromiso de que Ciudadanía no se dará en inglés". La Administración no piensa retirar la orden, pero asume, de hecho, suspenderla y envuelve la negociación "en el marco del plan de educación plurilingüe" para consolidar el aprendizaje del inglés.

CC OO, STEPV, UGT y Escola Valenciana interpretaron este "gesto" como la "asunción clara de un error" por parte de la Administración de Camps. Pero insisten en que "mientras no haya soluciones concretas y por escrito, las movilizaciones no cesarán".

De la misma opinión son la asociación mayoritaria de inspectores Adide y la Asociación de Directores de Secundaria, que desde el inicio de curso han mostrado su rechazo "total" a esta singular fórmula de "traducir" al inglés los contenidos de Ciudadanía que imparte el tutor de Filosofía o Ciencias Sociales, ideada por Camps como una estrategia de "boicot" sin precedentes a un decreto y una ley aprobados en el Congreso.

La secretaria de Estado de Educación, Eva Almunia, celebró que "el Gobierno de Camps cambie por fin las ocurrencias por la responsabilidad", aunque reprochó que "su rectificación llegue dos meses después de que comenzara el curso escolar, después de que la Justicia le obligase a cumplir la ley y después de que la comunidad educativa en pleno se haya puesto en su contra". El ministerio interpreta esta decisión como una vuelta al "más puro sentido común" y al "objetivo que nunca debería haber abandonado: la preocupación por los alumnos y profesores, por primera vez desde que se inició el curso". Ahora bien, el ministerio advierte de que la moratoria anunciada debe ser "definitiva" y deberá sustraer del sistema educativo cualquier atisbo de "improvisación" y de "irresponsabilidad de las políticas educativas del Gobierno de Camps" para "cumplir con la ley".

La decisión anunciada por Font de Mora supone el fin de la aventura, bajo el disfraz de plurilingüismo, anunciada por Camps en noviembre de 2007, cuando se recrudeció la batalla por la "objeción" de los sectores cristianos más ultras del PP contra esta materia asumida en toda Europa tras aprobar el Informe Delors de 1997.