'Cama caliente' en prisión para el carterista

La relativa impunidad con la que actúan los carteristas en las grandes ciudades tiene fecha de caducidad. La reforma del Código Penal que aprobó anteayer el Congreso permitirá a los jueces enviar a la cárcel los fines de semana o los días festivos a los ladrones de poca monta que se ceban con los turistas y con los ciudadanos descuidados. Además, se crea un registro para las penas que se impongan por esos hurtos, que tienen la consideración jurídica de faltas, y se endurece la ley si se trata de bandas organizadas o se utilizan menores de 14 años para delinquir.

La mayoría de los partidos -sólo siete diputados votaron en contra de la reforma- y buena parte de la sociedad aplaude la medida, algo que siempre sucede cuando de lo que se trata es de endurecer la ley penal, ya sea contra violadores, homicidas, terroristas o menores que cometen crímenes horrendos. Es el llamado populismo punitivo del que hablan algunos juristas, los mismos que recuerdan que siempre se castiga más a los más desfavorecidos y que los llamados delitos de cuello blanco siguen sin tener la sanción que merecerían. Dicho de un solo trazo, es el eterno debate de si el Código Penal está hecho sólo para los pobres y el Código Civil queda reservado para los que no lo son.

"No puedo con esta frustración de la policía local", dice la concejal Escarp

Tres faltas de hurto serán delito, al margen de si se han juzgado o no

"La cárcel no es un hotel", critica Instituciones Penitenciarias

España tiene una tasa de criminalidad relativamente baja

"Si el Derecho Penal ha de actuar frente a las conductas que causan un daño social más grave no tiene sentido que se centre en los pequeños hurtos y en los rateros. Al final acaba siendo el Derecho Penal de los más desfavorecidos", asegura José Manuel Díez Ripollés, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Málaga y director del Instituto Andaluz de Criminología. En su opinión, nada justifica el endurecimiento de la ley con los delincuentes multirreincidentes porque España tiene la tasa de encarcelamiento más alta de la Unión Europea y uno de los índices de criminalidad más bajos. "La forma de invertir esa tendencia es imponer penas alternativas a la cárcel. Se ha ido a la solución más fácil, que no es precisamente la mejor", explica.

La inmensa mayoría de los robos que cometen los carteristas son hurtos, y se consideran faltas cuando el importe de lo sustraído no supera 400 euros y cuando no existe violencia, intimidación, ni amenazas contra la víctima. Es lo que ocurre a diario en centenares de ocasiones en las grandes ciudades españolas, especialmente en las zonas turísticas o de gran aglomeración de personas, como sucede en los transportes públicos a las horas punta.

Tras la reforma del año 2003, el artículo 623 del Código Penal castigó los hurtos con la denominada pena de "localización permanente" de 4 a 12 días, un sucedáneo de los antiguos arrestos de fin de semana del código derogado. En la práctica, apenas se ha aplicado esa medida, y se ha optado por la alternativa de la multa que prevé el mismo artículo, básicamente porque la mayoría de esos ladrones no tiene domicilio conocido y así es muy difícil que estén localizables.

La misma reforma de 2003 estableció que cuatro hurtos cometidos y sentenciados en el plazo de un año tuviesen la consideración de delito y, por tanto, el juez podía condenar al acusado a penas de entre 6 y 18 meses de cárcel. Pero también quedó en papel mojado porque, una vez más, los legisladores no pensaron en que, aparte de cambiar la ley, hay que poner los medios para que pueda cumplirse, algo que no siempre ha ocurrido en España con los interminables cambios que ha sufrido el Código Penal en los últimos años. Tampoco parece que se haya aprendido de la experiencia en esta ocasión.

Un portavoz de Instituciones Penitenciarias explica que no se ha realizado ninguna estimación sobre el impacto que puede tener la medida en las prisiones españolas, y no se sabe si esas penas de localización se cumplirán en centros abiertos. Durante el debate parlamentario se argumentó que no habría problemas de plazas y que los carteristas ocuparían las celdas de los presos que saliesen de permiso, pero los responsables de las prisiones no lo ven tan claro. "Lo que se ha anunciado altera los principios del sistema penitenciario. Las cárceles no están para acabar implantando un sistema de camas calientes ni tampoco son hoteles en los que los fines de semana se van unos clientes y entran otros", asegura el mismo portavoz.

Si hasta ahora los hurtos de los carteristas apenas se han castigado es porque el Registro Central de Penados y Rebeldes sólo recoge las condenas firmes por delito, pero no las faltas. Eso explica la paradoja de que algunos multirreincidentes acumulen decenas de detenciones y sean muy conocidos para la policía, aunque a la justicia no les consten esos antecedentes. Y la consecuencia de todo ello es que el detenido acaba en libertad ante la levedad del delito cometido si se considera de manera aislada.

Para que la reforma no quede otra vez en papel mojado, el Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas que tienen competencias en justicia, se ha comprometido a crear en el plazo de un año un registro de faltas para que los jueces conozcan los antecedentes por hurto. Barcelona será la primera ciudad española que estrene el registro de faltas antes del verano, según ha anunciado el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, lo que ha sido recibido con gran satisfacción por el Ayuntamiento de la capital catalana.

Y es que si en alguna ciudad española hacen estragos los carteristas, esa es Barcelona, y basta pasearse por las paradas del metro más turísticas para comprobar el despliegue de vigilantes de seguridad y las continuas advertencias en varios idiomas que se hace a los turistas por megafonía. Y si alguna institución viene reclamando mano dura contra los carteristas es el Ayuntamiento de Barcelona, con alcalde socialista, aunque finalmente, y por esos caminos inescrutables de la política, quien parece que se ha apuntado el tanto político por el endurecimiento del Código Penal es el grupo parlamentario de CiU.

Para Assumpta Escarp, concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Barcelona, lo importante es que se haya cambiado la ley y que habrá instrumentos legales para combatir a los carteristas. "Es un problema que había que abordar porque afecta a la imagen de Barcelona y de otras grandes ciudades, y que no se soluciona sólo con más policía", explica.

El 44% de las detenciones de carteristas reincidentes las realiza la Policía Local de Barcelona "y yo no puedo mantener ese grado de frustración policial", dice Escarp para referirse a que el trabajo de los agentes que están bajo sus órdenes sirve de muy poco porque los carteristas que detienen quedan en libertad prácticamente siempre. "Si una persona que acumula 40 detenciones sigue libre es que algo no funciona y porque el Código Penal tiene márgenes que provocan desamparo a la sociedad", añade la edil de Barcelona. Según Escarp, el endurecimiento de la ley "no es la panacea de nada, pero algo habrá que hacer. Por eso, el ingreso en prisión los fines de semana me parece una buena medida si va acompañada de otras". En el primer trimestre de este año, la policía local y los Mossos d'Esquadra han realizado 4.500 detenciones en Barcelona, de las que 1.200 de ellas fueron de reincidentes. En 6 de cada 10 arrestos los carteristas fueron sorprendidos en flagrante.

"La creación del registro de faltas es una gran noticia, pero ha de hacerse de forma fiable y segura para que sea una herramienta útil con la que podamos trabajar mejor", explica el magistrado Xavier Paulí, con más de 20 años de experiencia en la jurisdicción penal. "Hay que invertir dinero para que el registro sea eficaz, porque al margen de introducir los datos con las condenas, ha de avisar cuando se acumulen las faltas y ya sean delito. En los juzgados de violencia sobre la mujer se hizo algo similar que cada vez funciona mejor", añade el juez.

Con la reforma aprobada la semana pasada bastará con que el carterista acumule tres detenciones por hurto y no cuatro, como sucede ahora, para que se considere delito. Además, resulta indiferente que se le haya juzgado o esté pendiente de juicio. La localización permanente, además, podrá durar hasta seis meses, y obliga al penado a permanecer en su domicilio o en el lugar que determine el juez en sentencia, algo que tampoco sucede en la actualidad. Pero la novedad más importante es que el juez podrá acordar que esa localización permanente "se cumpla los sábados, domingos y los días festivos en el centro penitenciario más próximo al domicilio del penado", cuando sea la pena principal y exista reiteración. Es decir, que los carteristas podrían estar fuera de circulación esos días y eso podría tener un efecto disuasorio sobre ellos a la hora de volver a reincidir. Instituciones Penitenciarias, sin embargo, duda del efecto disuasorio que pueda tener la cárcel en esos casos.

Las cifras de 2009 que presentó hace poco más de un mes el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, arrojan una tasa de criminalidad de 45,8 delitos y faltas por cada mil habitantes, considerando el conjunto de la población española, excepto el País Vasco y Cataluña, donde las policías autonómicas son las encargadas de la seguridad ciudadana. La tasa media en la Unión Europea es de 69,1 infracciones penales por mil habitantes. Por detrás de España sólo se sitúan Grecia (38,7) y Portugal (37,7). Suecia sigue siendo el país con el índice más elevado, con 120,6 infracciones penales, una realidad con la que convive hace décadas aquella sociedad, que no se plantea por ello renunciar a su manera de ser y relacionarse en pos de la seguridad ciudadana.

La misma estadística de 2009 del Ministerio del Interior constata que las faltas de hurtos también se redujeron el año pasado (495.146), muy lejos de las 604.240 del año 2005. Entonces se producían 15,1 faltas de hurto por cada mil habitantes, y el año pasado se redujeron a 12,8.

"La reforma que se ha aprobado está hecha a la medida de Barcelona, que quiere quitar de la calle a las pesonas que molestan y que afean esa y otras ciudades españolas", insiste el catedrático José Luis Díez Ripollés. "Hace años que somos conscientes de que tenemos un problema y no hemos parado de buscar fórmulas para afrontarlo, con el Ministerio de Justicia, la Generalitat y la Fiscalía. Seguiremos trabajando caso por caso para que, si hace falta, se expulse al delincuente de España", insiste la concejal Assumpta Escarp.

La colaboración institucional ha dado sus frutos hace unas semanas, y los seis carteristas más activos de la capital catalana, que sumaban 240 detenciones, han acabado en la cárcel tras un seguimiento de la policía, que acreditó que vivían de la delincuencia. Con esas pruebas, el fiscal solicitó la cárcel para los ladrones, y ahí acabaron.

Emilio Sánchez Ulled, presidente de la Unión Progresista de Fiscales, apoya con matices la reforma. "El endurecimiento de la respuesta penal a los pequeños hurtos cuando son reiterados, y con la previsión de los grupos organizados para cometerlos, resulta razonable dada la dimensión que ha alcanzado el fenómeno en la actualidad. Cosa distinta es el debate puramente técnico acerca de la calidad de los artículos en proyecto, que es discutible", asegura.

Otra reforma que se ha introducido en la tramitación parlamentaria del Código Penal es la consideración de "grupo criminal" cuando los carteristas sean reincidentes. En esos casos el juez les podrá condenar, además de a la pena de localización permanente en la cárcel durante los fines de semana, a otra condena de entre tres meses y un año. Para apreciar que se trata de delincuencia organizada, han de existir tres o más personas "para realizar de forma permanente o reiterada" unas determinadas conductas, entre las que se incluyen los hurtos. Otro añadido al artículo 235 del Código Penal que se ha aprobado es que el hurto se pueda castigar con la pena de cárcel de uno a tres años cuando se utilicen a menores de 14 años para delinquir, algo que sucede en algunas ocasiones por los carteristas a sabiendas de que esos niños son inimputables.

La concejal Escarp admite que el Código Penal es duro, pero insiste en que no se trata sólo de meter a los carteristas en prisión, sino de aplicar otras medidas legales para disuadirlos y hasta expulsarlos de España.

"Ese concepto extremadamente expansivo del grupo criminal no va hacer otra cosa que llenar todavía más las cárceles. La misma severidad no existe para castigar otros delitos que causan mucha alarma social, como los delitos urbanísticos o los de corrupción", explica Díez Ripollés. El fiscal coincide con él. "No deja de resultar llamativa la facilidad y naturalidad con que se endurece la respuesta penal a las infracciones propias de la marginalidad, que contrasta vivamente con el tradicional desinterés cuando se trata de mejorar, ya ni siquiera endurecer, la regulación de los delitos de cuello blanco", afirma Emilio Sánchez Ulled.