Bruselas deja abierta la criticada euroorden para maltratadas

La deriva que ha tomado la orden europea de protección a víctimas de todo tipo de violencia preocupa, y mucho, a las organizaciones de mujeres y a los juristas. El reglamento, presentado ayer por la vicepresidenta de la Comisión Europea y titular de Justicia, Viviane Reding, y destinado a equiparar la protección legal que una persona tiene en su país (una orden de alejamiento para una maltratada, por ejemplo) en todos los de la UE, puede convertirse en un instrumento ineficaz y pernicioso, aseguran.

Varios puntos polémicos, como que tendrá que ser la víctima quien realice los trámites para obtener la orden de protección en el país de destino, o la obligación de ese Estado a informar al agresor de la localización de la víctima, han desatado duras críticas de los expertos en violencia de género. El Ministerio de Justicia español, precursor de la euroorden de protección a víctimas original, que aprobó el Parlamento Europeo en diciembre y que languidece a la espera de recibir el visto bueno del Consejo de Ministros de la UE, se resistió a censurar abiertamente el proyecto, que causa división en el seno del Gobierno.

"Tal y como está la orden, mejor que la mujer no la pida", dice una experta

"Nos congratulamos de que la iniciativa haya salido adelante, pero hay que tener en cuenta que es el primer texto que se lanza y que está incompleto", insistió una fuente del ministerio. "La batalla ahora es detectar todas las necesidades y cubrirlas. Lo que más nos interesa, y trabajaremos en ello, es la protección a las víctimas y que en ningún caso se cree una doble victimización".

Comienza ahora un periodo de negociación en la Eurocámara. Será allí, explica la eurodiputada del PP Teresa Jiménez Becerril, ponente de la euroorden inicial, para enmendar el texto. El resultado servirá para todos los países en los que son autoridades civiles quienes dictan estas medidas. El resto donde, como en España, es competencia de las autoridades penales (un juez), se guiarán por la euroorden. Eso si se aprueba.

Rosa María Fernández, presidenta de la Coordinadora Española para el Lobby Europeo de Mujeres (Celem), critica la propuesta. "Es bueno que se haya reactivado el plan, pero no compartimos el cómo", dice. "No debe ser la mujer quien tenga que hacer los trámites para lograr la protección en otro país. Desde buscar una traducción jurada de la orden hasta indagar a qué autoridades del país de destino debe entregarla. Por no hablar de que tal y como se plantea se debe informar al agresor de la nueva localización de la víctima. Esto es muy grave", añade. "Si esto es así, mejor que la mujer no la pida", dice.

Esa idea de que la víctima vaya dejando un rastro que puede seguir un agresor tozudo sorprendió tanto a las asociaciones de víctimas como a la propia Reding. "Desconozco esa información", dijo ayer. "Los detalles técnicos serán un trabajo que deberá hacer el legislador". En la explicación con que acompaña su propuesta, la Comisión especifica: "Las autoridades competentes del segundo Estado [el receptor] notificarán a la persona causante del peligro la extensión geográfica de la medida de protección".

Fuentes de la Comisión insistían, sin embargo, en que esa notificación oficial desde el otro país no conlleva la revelación del nuevo domicilio de la persona protegida, y que la comunicación debe hacerse para que la persona agresora conozca los límites que no puede trasgredir. "Si busca protección en otro Estado debe saber que es a condición de informar a la otra parte", argumentó una fuente de la Comisión.

Un razonamiento que no comparte la presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Ángela Cerrillos: "Que no se dé la dirección exacta y solo la localización geográfica no arregla nada. Todo son pistas que pueden ayudar al agresor a localizar a la víctima. Alguien con un mínimo de conocimiento y sensibilidad no plantearía dicha cuestión. Se protege más los derechos del agresor que los de la víctima".

La vicepresidenta de la Comisión evitó entrar en detalles técnicos al decir que ahora la pelota está en el terreno del Parlamento Europeo, del Consejo [los Gobiernos de la Unión] y de otros expertos. "Lo que queremos es que la víctima lleve consigo la protección allá donde vaya. Sería ridículo que tuviera menos protección en otro Estado que la que tiene en el Estado de origen".