Aborto privado pero subvencionado

El cambio de escenario que muchos preveían que provocase la nueva ley del aborto no ha tenido todos los mimbres esperados. La normativa, que plantea que las interrupciones del embarazo deben realizarse en centros de la sanidad pública o vinculados a ella, no ha logrado que las comunidades apuesten por practicar las interrupciones del embarazo en sus hospitales públicos. En los cuatro meses que lleva en vigor la ley de plazos, más del 90% de las intervenciones se sigue realizando en centros privados, según datos de las comunidades y de las clínicas que practican abortos. Con una novedad: ahora es la sanidad pública quien financia la mayoría. En España, el aborto sigue siendo privado. Eso sí, subvencionado.

Baleares formará equipos de médicos que no aleguen razón de conciencia

La mayoría de las comunidades se escudan en la objeción de conciencia para no derivar a las mujeres a los hospitales públicos. Sostienen que enviándolas a centros privados también cumplen la ley. Una visión que comparte el Ministerio de Sanidad. Sin embargo, las regiones tampoco se deciden a apostar por un sistema claro y total de conciertos, como el vigente en Andalucía desde 1985 (con la anterior ley), y con el que su sanidad pública financiaba ya el 70% de los abortos; de la misma manera que otras regiones hacen con prestaciones sanitarias como la diálisis.

Solo Baleares ha declarado que fomentará que sus hospitales públicos realicen abortos. Lo harán a partir de 2011 y, según las previsiones de la Consejería de Salud, realizarán 600 al año; un 20% del total, cuando en 2009 se realizaron menos del 4%. Eso sí, el 80% de las intervenciones que se hagan en la pública responderán solo a la opción terapéutica: riesgo para la madre (hasta la semana 22) o enfermedad grave del feto (sin plazo). Esta región -que ha decidido formar equipos de médicos que no aleguen problemas de conciencia-, en la que se realizan unos 2.700 abortos al año, planea ahorrar miles de euros. Al margen de eso, dedicará 540.000 euros a pagar por los conciertos con los centros privados que hagan el resto de intervenciones.

"Apostar por el modelo público supondría zanjar parte de las desigualdades que hay entre regiones", considera Javier Martínez Salmeán, jefe de Ginecología del Hospital Severo Ochoa de Leganés y uno de los expertos que participó en la elaboración de la nueva ley. "La norma recoge la opción de la privada como excepción, no en todos los casos. Y eso frenaría los mecanismos disuasorios que a veces se pone a la mujer en algunas regiones para que abonen la intervención".

Luisa Torres, de la clínica Dator, pone un ejemplo: "En Madrid, donde la demora media para acceder a la prestación financiada es de 21 días, no son pocas las mujeres que prefieren desembolsar los más de 300 euros que puede costar y ahorrarse la espera". En esa comunidad, la sanidad pública ha pasado de financiar el 26% de los abortos a más del 60%, según datos de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (Acai), que ha participado estos días en el Congreso Internacional de Aborto y Contracepción que ha reunido a más de 600 expertos en Sevilla.

No existen datos de cuántos médicos objetores hay en España. Solo una comunidad, Castilla-La Mancha, ha abierto un registro oficial después de que una encuesta entre sus ginecólogos -previa a la entrada en vigor de la ley- mostrase que más del 90% objetaría al aborto. En el resto de comunidades el sistema sigue siendo prácticamente el mismo que antes de la ley de plazos: el profesional informa de su condición de objetor a su jefe de servicio (la norma dice que debe hacerlo previamente y por escrito).

Así, sin cifras oficiales, las alusiones a la objeción de las comunidades para no realizar abortos en la pública son indemostrables. En Navarra, por ejemplo, se sigue sin practicar interrupciones del embarazo. Ningún hospital público lo hace y no existen clínicas privadas. En Galicia, la Xunta también ha manifestado tener un gran número de objetores y envía a las mujeres a la privada. En agosto, con motivo de la nueva ley, llegó a un acuerdo con algunos centros a los que abonará unos 360 euros por intervención. Un desembolso importante si se tiene en cuenta que en 2009, en esa región se realizaron 2.600 abortos. "A pesar de esto, esta comunidad sigue financiando menos del 20% de las intervenciones (en 2009 eran apenas un 4%)", explica Francisca García, vicepresidenta de Acai, asociación que agrupa a una treintena de centros en toda España.

Con la ley de plazos, la sanidad pública ha pasado de financiar, de media, un 30% de los abortos realizados a más de un 60%. El ejemplo más claro es Asturias, donde hace un año, si una mujer tenía que interrumpir su embarazo acudía a una clínica privada y pagaba la intervención de su bolsillo. Ahora, aunque en esa región la casi totalidad de los abortos se realiza en centros privados, se financia ya el 97% (antes la sanidad pública solo asumía el 8%).

En Cataluña se ha pasado de subvencionar -aunque es la mujer quien debe adelantar previamente el dinero de su bolsillo- el 24% de las intervenciones al 55%. Castilla-La Mancha, que cubría un 5% de los abortos subvenciona ya el 70%. País Vasco -que asumía menos del 7%- paga ya el 87%. Datos similares a los de Cantabria, que ha pasado de financiar el 11,5% a más del 60%; o a los de la Comunidad Valenciana y Murcia, que cubrían apenas el 32% de las intervenciones frente al 65% que financian ahora.

A pesar de esto, España está lejos aún de países como Portugal, Reino Unido o Bélgica, donde la sanidad pública financia más del 90% de estas intervenciones.