1.300 esclavas sexuales en España en 2009

La cifra, aunque muy alejada de las estimaciones de las ONG, es escalofriante: la policía detectó 1.301 esclavas sexuales en España en 2009. Es la primera vez que las autoridades dan una cifra concreta sobre mujeres traficadas o explotadas sexualmente. Probablemente haya más víctimas, pero no hay duda de que estas 1.301 lo son, según los datos ofrecidos esta tarde por los ministros de Interior y de Igualdad, Alfredo Pérez Rubalcaba y Bibiana Aído, en la presentación del balance del primer año en vigor del Plan Integral de Lucha contra la Trata.

La confusión sobre las cifras había sido total durante los últimos años. Tras cada operación, la policía solía informar de la identificación de decenas o incluso centenares de víctimas sin que se supiera después qué pasaba con ellas y si realmente todas eran mujeres forzadas a prostituirse. A partir de ahora, al menos, habrá cifras algo más concretas.

El número de mujeres localizadas en las redadas el año pasado fue de 6.157. Pero estas eran las "víctimas potenciales". De ellas, sólo una sexta parte (las 1.301) se consideraron después merecedoras de protección. La Policía y la Guardia Civil son los encargados de desentrañar quiénes son efectivamente víctimas. En esta categoría se suele incluir a aquellas que denuncian y a otras que, aunque no lo hagan, presentan signos de haber sido forzadas a la prostitución. El problema, según las ONG, es que la decisión depende de los agentes y no todos siguen los mismos criterios ni tienen la misma formación ni sensibilidad. Un dato que no se ha ofrecido es el de a cuántas de estas mujeres se les concedió el permiso especial de residencia que pueden solicitar como víctimas.

El 95% de las víctimas de 2009 eran mujeres y la mitad tenían entre 23 y 32 años (13 eran menores de edad), según los datos ofrecidos esta tarde. Se ha dicho que el 50% eran extranjeras sin papeles, pero ninguno de los dos ministerios implicados ha querido dar el porcentaje de cuántas extranjeras había, en total, entre las víctimas.

Policía y la Guardia Civil detuvieron el año pasado a 726 personas (el 66% de ellos, hombres): a 412 por delitos de explotación sexual y a 314 por trata de seres humanos. Un incremento del 34% respecto al año anterior.

¿Cuántos procesados?

Otro dato que se desconoce es el de cuántos de estos proxenetas y tratantes han sido después procesados, ni si han sido condenados. Sin un seguimiento de estas cuestiones será muy difícil conocer el problema en toda su dimensión. Rubalcaba y Aído han hablado de la próxima reforma del Código Penal, que recogerá por primera vez un tipo específico de trata separado del de tráfico de inmigrantes. Una modificación que no está prevista, a pesar de que el Gobierno ha propuesto endurecer la mayoría de los delitos sexuales, es la prostitución forzada, castigada con pena de cárcel de dos a cuatro años mientras que una sola violación se sanciona con penas de seis a doce.

Uno de los temas que más preocupan a las ONG es la aplicación del periodo de reflexión de 30 días ?para que las víctimas decidan si denuncian? que introdujo la última reforma de la Ley de Extranjería. Las ONG se quejan de que no se están concediendo y critican la expulsión la semana pasada de una nigeriana embarazada que lo había pedido. Rubalcaba afirmó ayer que se le hizo un examen físico antes de la expulsión y que no había indicios de que fuera víctima de trata. Las ONG, en todo caso, piden que se aclaren cuanto antes los requisitos y el protocolo a seguir para que puedan proteger a las víctimas.

"Las tratan como testigos, no como víctimas"

Viviana Waisman, la directora ejecutiva de la ONG Women's Link (organización integrada en la Red Española contra la Trata de Personas) ha señalado que el gran problema de la aplicación del plan es que la policía sigue tratando a las víctimas únicamente como testigos "y muchas veces estas mujeres no pueden dar información útil sobre sus explotadores porque simplemente no disponen de esos datos: no conocen el nombre del criminal, o su domicilio", señala Waisman.

"La policía intenta detener a tratantes y eso es legítimo, pero no está considerando a las mujeres explotadas como víctimas de una violación de derechos humanos sino como testigos útiles para un proceso penal. Es un enfoque penal y de inmigración: si la persona no les vale se la quitan de encima y la mandan a su país", dice Waisman.

La ONG aboga por que sea personal especializado (policías, pero también psicólogos y trabajadores sociales) los que intervengan en el proceso de identificación de víctimas. "Muchas de estas mujeres vienen de culturas donde una no se debe fiar de la policía y la vía exclusivamente policial las disuade" añade la experta.

Anuncios de prostitución

Por su parte, Aído ha anunciado esta tarde que se va a volver a lanzar el plan de ayudas a las ONG que luchan contra la trata, dotado con dos millones de euros, y ha vuelto a apelar a la autorregulación de los medios de comunicación para que supriman los anuncios de contactos.

"En este caso no se trata sólo de una publicidad que atente contra la dignidad de las mujeres, sino que además es un negocio que contribuye a la explotación de las mujeres. No parece lógico que se denuncie en unas páginas la explotación de mujeres y se publicite en otras", ha dicho la ministra.