El escándalo Balenciaga

Nadie pensaría que tras la puerta cubierta de polvo que se abre en un chaflán de tres metros de anchura, protegida por una reja igualmente sucia, se cobije un tesoro de enorme valor. Pero ahí, en una lonja de unos 150 metros, en los bajos de un corriente bloque de viviendas de Getaria (Guipúzcoa), duermen desde hace años unas mil prendas del maestro de la moda: Cristóbal Balenciaga. Su destino era, es, un museo con el nombre del modisto, que debió inaugurarse en 2003 y del que, pasados cinco años y tras cuadruplicar el presupuesto inicial -íntegramente dinero público-, sólo existe una obra parada desde hace 14 meses y un esqueleto de hierro y hormigón. También hay una causa penal que se instruye en los juzgados y un duro dictamen de una comisión de investigación abierta en el Parlamento vasco, que se debate mañana, con el agravante político de haber fracturado al Gobierno tripartito de Ibarretxe en vísperas de las elecciones de marzo.

El coste del proyecto inicial se ha multiplicado por cuatro, y la obra está parada desde hace más de 14 meses

El escándalo, salpicado de contratos irregulares, presupuestos e informes técnicos ocultados, facturas falsificadas, subvenciones desviadas, firmas escaneadas, dobles pagos o regalos de prendas del modisto a cargos públicos del PNV, se encuentra en los tribunales. Hay tres personas imputadas; entre ellas, el audaz iniciador del proyecto y su principal gestor, el ex alcalde peneuvista de la localidad Mariano Camio, un hombre de máxima confianza en el partido nacionalista.

El proyecto fue lanzado en 1999 bajo la forma de una fundación privada, con el patronazgo de honor de los Reyes, la presidencia de Hubert de Givenchy -discípulo de Balenciaga-, la presencia entre sus patronos de personas como la reina Fabiola de Bélgica, Paco Rabanne, Ungaro u Óscar de la Renta y el aval de Esperanza Aguirre, entonces ministra de Cultura.

Tras 10 años, y cuando se han gastado casi 20 millones de euros -el presupuesto inicial era de 4,8 millones-, según ha descubierto la comisión de investigación, aparecen factores presuntamente delictivos y otros de incontestable responsabilidad política. Estos últimos cuestionan un modelo de gestión profusamente usado por la administración vasca, el de las llamadas empresas participadas, en las que ninguna administración pública tiene más del 50%, lo que las deja fuera de los presupuestos y les exime de control externo -parlamentario o del Tribunal de Cuen-tas-, además de permitirles libertad plena para nombrar a sus gestores, contratar las plantillas y fijar las remuneraciones.

Todo comenzó en 1988 con una donación del secretario del modisto, Ramón Esparza, que luego compró por 40 millones de pesetas el Gobierno vasco. En 1999 se implicó en el proyecto el Ministerio de Cultura. Todo lo que tuvo de visionario el lanzamiento de la idea a cargo del ex alcalde Mariano Camio lo tuvo luego de opaco e irregular su gestión del proyecto. Camio llegó hasta Esperanza Aguirre a través del diputado del PP José Luis Cortés y del también diputado del PNV Joxe Joan González de Txabarri, amigo de Camio desde la infancia. Eran los tiempos del buen entendimiento y de los acuerdos en el Congreso entre PP y PNV, al haber apoyado este partido la primera investidura de José María Aznar como jefe del Gobierno. La Fundación Balenciaga se constituyó con el compromiso del Gobierno de aportar cuatro millones de euros. Y así lo hizo, en cuatro entregas, entre los años 2000 y 2003, pese a que, al menos desde 2002, el representante del Ministerio en la entidad, Manuel Fontán, hizo explícitas sus reservas sobre los contratos firmados por Camio. Con ese dinero fue andando el proyecto: se aumentó la colección y se rehabilitó el palacete Berroeta Aldamar -algo más de mil metros de superficie- de la madre de la reina Fabiola de Bélgica, que descubrió las posibilidades del joven Balenciaga durante sus veraneos en Getaria.

Entretanto, Camio, desde la vicepresidencia ejecutiva de la fundación, contrató el proyecto de museo al arquitecto cubano Julián Argilagos, amigo suyo y sin titulación homologada en España. Se presupuestó en 6 millones de euros y lo elevó a 15 en 2005, cuando el Ministerio había pasado a manos de la socialista Carmen Calvo, que había suspendido desde el año anterior las subvenciones. El Gobierno vasco había acudido al rescate de un proyecto que zozobraba, junto a la Diputación de Guipúzcoa, a cuyo frente estaba el mismo González de Txabarri que en 1999 era diputado en el Congreso. Constituyeron la sociedad Berroeta Aldamar, con la presencia testimonial del Ayuntamiento de Getaria, también patrono de la fundación. Inexplicablemente, nombraron como gerente de la misma al propio Camio. También para entonces, el Ministerio hizo un informe en el que desautorizaba el proyecto como inservible para una institución museística. Camio ocultó ambos documentos a la fundación y a la sociedad Berroeta Aldamar, según ha concluido ahora la comisión investigadora, y firmó, además, un tercer contrato a Argilagos eximiendo a éste de sus compromisos; salvo el de supervisión, aunque le autorizaba a realizarla desde Estados Unidos, sin por ello reducir sus honorarios. Ha cobrado 1,3 millones de euros y vive en Florida.

"Mirar en positivo y no revolver mierda porque tocan elecciones": ésta es la receta que la portavoz del Gobierno vasco, Miren Azkarate, dio el martes pasado tras conocerse el veredicto del Parlamento. Pero el escándalo era imparable. Comenzó a salir a la luz hace ya dos años de la mano de Aralar, un grupo que sólo tiene una parlamentaria en la Cámara vasca. Mientras, el Ministerio de Cultura y el Gobierno vasco tratan de reencauzar el controvertido proyecto.

En tanto se sustancia la responsabilidad penal, el Gobierno vasco afronta mañana, en la persona de su consejera de Cultura y portavoz, Miren Azkarate, y de la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, un pleno parlamentario que debatirá y votará el duro veredicto que les achaca "dejación en la gestión adecuada de los recursos públicos", "falta de celo en la función de control de sus gestores" y "avalar actuaciones del gestor máximo con resultados contrarios al interés de la sociedad", así como negligencia en la "supervisión e inventario de sus bienes patrimoniales".