Nadia, la reina de los niños rateros

El hombre del traje gris, un sexagenario encorbatado, gimotea y grita: "¡Policía! ¡Policía!". Cuando repara en que de nada valen sus gritos, se mesa los cabellos con desesperación. Acaban de birlarle el dinero que estaba retirando del cajero automático del banco de la esquina de Gran Vía con la calle de Montera, en pleno corazón de Madrid. Él no lo sabe, pero acaba de ser la enésima víctima de una niña rumana a la que la policía considera "la reina de los rateros". Es una estrella en el mundo de la pequeña delincuencia. Y no es para menos: Nadia (nombre supuesto), que acaba de cumplir los 14 años, ha sido detenida en 120 ocasiones a lo largo del último año; ha pasado 72 veces por el Grupo de Menores de la policía (Grume), y ha sido ingresada 50 veces en un centro de acogida de la Comunidad de Madrid. Todo un fracaso de la red social del Estado, que se ha mostrado incapaz de prestar atención y asistencia a una menor que también es víctima de la marginación.

Las entidades bancarias se han visto obligadas a introducir el doble pin para reforzar la seguridad de los cajeros

El Defensor del Menor ha instado a la Comunidad de Madrid a hacerse cargo de la tutela de esta chiquilla

Es una chica inteligente, observadora, muy callada. "Es una lástima de cría", dice uno de los policías que la conocen

La Consejería de Familia sostiene que no puede hacerse cargo de la adolescente porque la ley es muy restrictiva

"Hay leyes bastantes para insertar a los chicos. Si no se hace, es por dejadez de la Administración", afirma el fiscal Pantoja

La Fiscalía de Cataluña y la de Valencia se han mostrado partidarias de rebajar a 12 años la edad penal de los menores

El cajero donde el sexagenario fue desvalijado el pasado martes es uno de los preferidos de la ladronzuela. Está en plena calle, en un punto en el que el ciudadano que decide retirar dinero se encuentra rodeado permanentemente de transeúntes. De modo que él ni siquiera repara en la parejita de menores que tiene a su espalda, apostados en la escalera de la boca del metro: una niña delgadita, de tez pálida, vestida con una sudadera rosa, y con el cabello recogido en una larga trenza; y un niño más bajito que devora con fruición una salchicha de Francfort.

El periodista lleva varios días recorriendo el centro de Madrid en busca de la pequeña rumana. De repente se fija en la pareja de menores: ve a la adolescente y repara en la trenza que pende hasta la mitad de su espalda. El periodista le mira a ella y ella le mira a él. ¿Será Nadia? Su descripción coincide exactamente con la de esa chica.

Y ahí está el cajero automático, a dos metros de la parejita. Junto al cajero, el hombre trajeado que, ajeno a los ojos que le observan con mucho más interés del que él sospecha, introduce su tarjeta en la ranura. Marca el número de su pin personal, indica la cantidad de dinero que desea retirar... y cuando se dispone a marcar el pin por segunda vez -para que salgan los billetes- la niña y su pequeño acompañante se ponen en movimiento. La chiquilla distrae al hombre pidiéndole una limosna, mientras el chico, con una agilidad pasmosa, le arrebata el dinero que acaba de escupir el dispensador del cajero automático. En un abrir y cerrar de ojos. Cuando el pringao (la víctima) asimila la situación y repara en lo ocurrido, ya es demasiado tarde. "¡Policía! ¡Policía!", vocea con escasa convicción.

Nadia y su cómplice no han elegido al azar este puesto de trabajo: tiene para ellos la ventaja de encontrarse junto a una de las bocas de la estación del metro de Gran Vía. Sin darse demasiada prisa, con un aplomo que asombra al propio pringao, corretean escaleras abajo y se pierden en el suburbano. En cuestión de segundos. En un plis-plas.

Nadia ha tenido machacados durante un año los cajeros instalados en la Gran Vía, la Puerta del Sol, la calle de Carretas, la plaza de Santa Cruz... Un día sí y otro también, las víctimas han desgranado sus casos ante los agentes de la comisaría del distrito de Centro. Han contado cómo se les había acercado una niña de apenas metro y medio de estatura, cómo les había lanzado un escupitajo y cómo sin darse cuenta les había desplumado mientras intentaban zafarse del acoso de la menor. Otras veces, la chiquilla se había adueñado del dinero ajeno en tanto que otros cómplices distraían al pagano haciéndose los sordomudos o intentando venderle La Farola.

Nadia se ha convertido en una leyenda por su habilidad y por la frecuencia con que ha sido interceptada por el Grupo de Hurtos de la comisaría de Centro. "Hemos llegado a detenerla hasta tres veces en un mismo día", dice un subinspector con desolación. Es la más conocida de los 40 menores rumanos y albano-kosovares que asuelan a diario las calles del cogollo de Madrid. Niños que cada mañana son trasladados en furgonetas desde los poblados chabolistas de Valdemingómez o la Cañada Real hasta el centro de la capital. Durante horas y horas se dedican a robar bolsos, a sustraer teléfonos móviles, a desvalijar a los usuarios de los cajeros automáticos... Debido a que tienen menos de 14 años, son inimputables, es decir, están exentos de responsabilidad penal.

A partir de enero de 2008, la policía española asegura que empezó a detectar un aluvión de menores, coincidiendo con el anuncio del presidente del Gobierno italiano, Silvio Berlusconi, de aplicar mano dura contra los inmigrantes rumanos irregulares. Muchos de ellos salieron de Italia y se asentaron en Barcelona. Pero la fuerte presión policial y judicial les llevó a Madrid. Y entre marzo y abril del año pasado, la policía madrileña advirtió que cada día eran llevados entre 35 y 40 chiquillos a los alrededores de la Puerta del Sol. Al instalar controles en esa zona, los transportadores fueron obligados a replegar su base de operaciones hasta la plaza de Colón y, más tarde, hasta la zona de Méndez Álvaro. Desde allí, los chicos se dispersan por el núcleo urbano.

Nadia ha llegado a sustraer hasta 900 euros en una sola jornada de trabajo. Pese a su consumada habilidad, más de una vez ha sido sorprendida y agredida por las víctimas. Pero ella, aparentemente frágil, está forjada en acero: es capaz de aguantar una lluvia de golpes sin derramar ni una lágrima, según los policías que mejor le conocen. "Es una chica muy inteligente, muy observadora y muy calladita", explica uno de los agentes. "¡Es una lástima de cría!", dice.

Tras los primeros arrestos, la policía contactó con sus padres y les pidió que fueran a hacerse cargo de ella. Y los padres acudieron, provistos de pasaporte y libro de familia, y se llevaron consigo a la menor. Pero antes de eso, los agentes abrieron diligencias contra los progenitores por presunto abandono de sus obligaciones y explotación de su hija. Tanto en este caso como en el de otros similares, la policía ha decidido denunciar a los padres como presuntos integrantes de una banda organizada, ante la creencia de que son inductores y beneficiarios de su actividad delictiva.

En los sucesivos arrestos de Nadia (120 hasta ahora), los padres fueron citados a la comisaría, pero no acudieron por temor a ser detenidos y puestos a disposición judicial. Y, ante el supuesto abandono y desamparo de la chiquilla, ésta fue entregada en 72 ocasiones al Grupo de Menores de la policía, que a su vez la trasladó reiteradamente al centro de acogida del distrito de Hortaleza, dependiente de la Comunidad de Madrid.

Pero en el centro de menores apenas permanece unas horas: unas veces porque los padres acuden a hacerse cargo de ella, ejerciendo su derecho a la patria potestad; y otras veces -las más- porque la propia niña se escapa sin ningún impedimento, puesto que el establecimiento carece de guardias y rejas. "Aprovecha para ducharse y recibir ropa limpia. Y después, sale corriendo a la primera de cambio", explica un funcionario.

Esta muchacha y los chicos como ella se dedicaban inicialmente a sustraer bolsos y objetos de valor aprovechando el descuido de las víctimas (generalmente turistas extranjeros sentados en las terrazas del centro de la capital). Pero hace un año, según fuentes policiales, descubrieron que les era mucho más rentable atacar a los usuarios de los cajeros bancarios, sobre todo porque así obtenían con rapidez dinero contante y sonante.

Las entidades bancarias más golpeadas han sido Caja Madrid y el BBVA, que, han tomado medidas para entorpecer la acción de los raterillos. Y la solución ha sido modificar el programa informático de los cajeros, de forma que el cliente esté forzado a introducir dos veces el número del pin personal: la primera, al empezar a operar con su tarjeta; y la segunda, antes de extraer el dinero solicitado. Así, el cliente está obligado a confirmar su clave y dispone de un tiempo para observar -antes de recoger los billetes- si hay algún sospechoso a su alrededor. Este cambio, propiciado por los departamentos de seguridad bancarios, tuvo que vencer las reticencias del área comercial, que temía que esta complicación pudiera retraer a los usuarios. "Gracias a eso, se han reducido en un 85% los hurtos en los 15 cajeros más atacados", afirma con satisfacción una fuente del BBVA.

Las 120 detenciones de Nadia inducen a pensar que algo está fallando en el sistema. ¿Lo único que puede hacer el Estado es arrestarla una y otra vez? ¿Es el tratamiento policial el único posible para esta niña y otros muchos como ella? ¿Es una situación que no está contemplada por la ley?

Arturo Canalda, Defensor del Menor de Madrid, opina: "No hay ningún vacío legal. Lo que hay es indefinición en el Código Civil. El problema es que a estos menores no se les considera desamparados si tienen padres o familiares. En ese caso, se llama a los progenitores y se les entrega al chiquillo. Si no se localiza a los progenitores, la Comunidad de Madrid les acoge en uno de sus centros, de donde se suelen escapar al poco tiempo".

-¿Entonces, no se puede hacer nada?

-Yo estoy luchando con la Comunidad por buscar una solución. Le he pedido a la Consejería de Familia y Asuntos Sociales que asuma la tutela de aquellos niños que viven en situación de riesgo y desamparo. En concreto, he solicitado que asuma la tutela, aunque sea temporalmente, de tres o cuatro niños. Y uno de ellos es esta muchacha. Yo pienso que la Comunidad puede retirar inmediatamente la tutela a sus padres porque un juez no tendría inconveniente en ratificar esa decisión. Sin embargo, la consejería me ha contestado que Nadia tiene familia y que a ésta no se le puede quitar la tutela paterna.

-Supongamos que la Comunidad se hiciera cargo de la adolescente y que se le internase en un centro de acogida. ¿Qué ocurre entonces si se escapa a las pocas horas?

-Es que en ese caso yo propongo medidas de contención obligatoria, que sean ejecutadas en un centro especial de régimen cerrado o bien al que tuviera que acudir obligatoriamente a diario. Sería un establecimiento para menores con edades comprendidas entre 12 y 14 años, que todavía no están en edad penal. Así se les podría reeducar y, a la vez, perseguir a los padres que les indujeran a conductas delictivas.

La Consejería de Familia y Asuntos Sociales, al frente de la cual está Engracia Hidalgo, discrepa del Defensor del Menor. Argumenta que las sentencias del Tribunal Constitucional 143/1990 y 298/1993 son muy restrictivas a la hora de conceder la tutela de los menores a la Administración, ya que sólo se puede hacer si éstos están desprotegidos o carecen de familia o bien si ellos mismos desean acogerse al sistema de protección. "Por ejemplo, ahora mismo tenemos a dos niños rumanos cuya tutela la ostenta la Comunidad de Madrid porque su familia se ha prestado a integrarlos en un proceso de reinserción", explica una portavoz de la consejería.

Pero el caso de los adolescentes rumanos es especialmente espinoso, según la misma portavoz: "La Embajada de Rumania tiene firmado un protocolo con el Gobierno que exige la repatriación de los menores no acompañados o que carezcan de familia en España". Y prosigue: "La Comunidad se hizo cargo recientemente de la tutela de dos niños desnutridos tras considerar que vivían en una situación de abandono familiar. Sin embargo, la Embajada de Rumania nos obligó a buscar a su familia extensa y a repatriarlos a su país".

Además de los centros de acogida, el Gobierno regional de Madrid dispone de un centro para menores de "especial conducta", donde su salida y régimen de visitas está muy controlado, pero el internamiento requiere la conformidad de los padres, según la misma fuente de la consejería.

Félix Pantoja, ex fiscal de Menores de Madrid y ex vocal del Consejo General del Poder Judicial, discrepa abiertamente de la postura de la Comunidad. "Hay suficientes instrumentos legales para insertar a estos chicos. Si no se hace, es por dejadez de la Administración", recalca sin ambages.

"Parece evidente que una niña que ha sido detenida 120 veces está en una situación de riesgo o desamparo. Y en ese caso, la Comunidad puede asumir su tutela y hacer con ella un proyecto educativo en el que cabe incluso la restricción de sus salidas y la limitación de su derecho de deambulación", declara Pantoja. "Si la Comunidad no lo hace, el fiscal de Menores puede aportar las pruebas y, basándose en el Código Civil, instar al juez de Familia a que conceda la tutela de esa persona a la Comunidad", agrega.

Frente a lo que sostiene la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, el fiscal Pantoja asevera que "el interés del menor está por encima de cualquier legislación internacional y por encima de cualquier protocolo" suscrito entre los Gobiernos de España y Rumania. E insiste en que lo fundamental es que la Administración autonómica que encabeza Esperanza Aguirre ponga en marcha proyectos educativos y sociales, aun a riesgo de que no siempre den el resultado apetecible.

"Si es necesario, la Administración tendría que crear un piso terapéutico para poder desarrollar este programa con este tipo de menores", concluye el fiscal Pantoja, quien se muestra radicalmente en contra de rebajar a 12 años la edad penal. "¿Y después, qué? ¿Seguimos rebajando hasta los 10 o hasta los ocho?", se pregunta.

Muy diferente es la posición de las fiscalías de Valencia y de Cataluña, que hace cinco meses se pronunciaron a favor de que se pueda actuar penalmente contra los menores de 12 a 14 años que cometan delitos. Opinan así argumentando que se ha producido "un espectacular aumento" de los chiquillos que son explotados por mafias que saben que éstos son actualmente inimputables.

La última Memoria de la Fiscalía de Cataluña alerta de que en los últimos años se ha triplicado el número de menores, sobre todo rumanos, que trabajan para organizaciones delictivas. Y sostiene que a éstos no se les puede considerar "desamparados" porque están casados o mantienen una situación de emancipación de hecho o bien tienen contactos estrechos con una "amplia familia".

La fiscalía mantiene que la legislación vigente es "completamente insuficiente" para impedir que estos menores sean apartados de su entorno mediante su internamiento en centros de régimen cerrado, ya que no suelen perpetrar delitos con violencia e intimidación, sino pequeños hurtos. Pero también admite que la presión policial o las medidas administrativas contra las bandas que explotan a menores sólo han conseguido su desplazamiento a otras ciudades o regiones.

Jorge, un educador social que tiene su base de operaciones en la parroquia madrileña de Santo Domingo de la Calzada, trabaja desde hace un lustro en la Cañada Real Galiana, un enorme poblado marginal del extrarradio de Madrid, donde vive la familia de la pequeña Nadia. Él y otros trabajan con la población rumana establecida en el asentamiento conocido como El Gallinero.

Jorge tiene un profundo y directo conocimiento de los problemas del colectivo rumano, lo que hace que su testimonio sea especialmente valioso: "Primero habría que entender a estas personas y ver cómo viven. La sociedad no les da alternativas. El 95% de los chicos no van al colegio. ¿Qué habría que hacer? Pues habría que captarlos para enseñarles un oficio y pagarles por ir a las clases. Ya sabemos que eso cuesta dinero, pero más costoso para la sociedad es lo que roban y el daño que ocasionan".

Jorge cuenta el caso de un chico para ilustrar cómo se puede actuar positivamente: "Tenemos un chaval que cada día coge el autobús en Valdemingómez para trasladarse al barrio de San Fermín. Tarda una hora. Y es frecuente que la policía le pida la documentación varias veces. No fue fácil conseguirlo, pero lo cierto es que el joven está haciendo un curso de albañilería en Alucinos, un centro de los salesianos donde enseñan oficios a jóvenes y adolescentes. Nosotros le pagamos el abono-transporte. Y no falta ni un día a clase".

Nadia cumplió 14 años de edad el pasado 28 de febrero. Eso supone que a partir de ahora está expuesta a que se le aplique la Ley Penal del Menor, el instrumento legal que permite exigir responsabilidades a las personas mayores de 14 años y menores de 18 que hayan cometido delitos o faltas. Por tanto, ha dejado de ser inimputable. Y ella lo sabe. Por eso, según fuentes policiales, ahora ha dejado de actuar directamente en los cajeros y ha devenido en una especie de "maestra" o "controladora" de los más pequeños.

Su caso es probable que se convierta en el exponente más claro del fracaso de las instituciones. Quizás ya sea tarde para ayudarla. O no. ¿Pero nadie pudo haber hecho antes nada por evitarlo?