Gomorra abre sucursal en Lugo

Lugo parece una sucursal de Gomorra. No solo por el ambiente viciado que se supone que dominaba en la legendaria ciudad bíblica, sino por la corrupción que devora a la Gomorra inventada por el periodista Roberto Saviano para describir a la temible Camorra napolitana. Esa es la impresión resultante de la Operación Carioca, un ya voluminoso sumario que lleva desde hace dos años la juez María Pilar de Lara Cifuentes. Las indagaciones revelan el abyecto submundo que bulle en torno a cuatro clubes de prostitución lucenses: más de un centenar de mujeres brasileñas coaccionadas, guardias civiles y policías corruptos, empresarios sin escrúpulos y hasta algún político salpicado por el fango de la explotación sexual.

La juez indaga si una brasileña fue asesinada, mientras el sumario revela que hubo mujeres obligadas a abortar

La Operación Carioca ha conmocionado a los vecinos de Lugo -una ciudad de 100.00 almas- y ha "puesto de los nervios a un montón de gente", según fuentes de la investigación. Y no es para menos teniendo en cuenta que aquí hay mujeres vejadas y maltratadas, enganchadas a la droga, obligadas a abortar e incluso una posible víctima de un crimen. Los muros del barrio de Tolda amanecieron un día con pintadas en las que una mano anónima preguntaba "¿Dónde está Ana?", en referencia a una brasileña, madre de un niño, que se esfumó en 2007. Hay prostitutas que creen que fue asesinada.

La conmoción social no solo obedece a la podredumbre generada por los sórdidos negocios de la prostitución, sino también a la existencia de grabaciones con cámara oculta en las que se dice que aparecen empresarios, policías y políticos locales manteniendo relaciones sexuales. En la capital lucense y sus alrededores hay 42 prostíbulos.

La investigación comenzó en 2008 a raíz de una denuncia contra un guardia civil de la unidad de Policía Judicial de Lugo por supuesta complicidad con una red de tráfico y casi esclavitud de prostitutas.

El 26 de diciembre de 2008, la juez Lara ordenó ahondar en la denuncia recogida en las diligencias previas 4449/2008. En ellas había información sobre las actividades del cabo primero Armando Lorenzo Torre, quien atribuyéndose el cargo de jefe de Extranjería, supuestamente solicitaba favores carnales a meretrices bajo la amenaza de echarlas de España. A la vez, existían sospechas de que este agente había influido sobre otros policías para legalizar y dar permisos de trabajo y residencia a las suramericanas.

A partir de este hilo, el Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil se puso manos a la obra y se centró en varios clubes de alterne de Lugo o sus proximidades. En concreto, en los locales Eros, Queens y Volvoreta de la capital y en los denominados La Colina, en Otero de Rei, y Eclipse, en la costa lucense. En estos establecimientos trabajaban decenas de mujeres sometidas a un rígido y prolongado horario de trabajo y que eran castigadas con "multas" arbitrarias si se ausentaban o se retrasaban en su jornada laboral. "La inmensa mayoría son extranjeras y se encuentran en España en situación irregular, careciendo de permiso de trabajo y residencia, por lo que tienen un temor generalizado a las actuaciones y redadas policiales", según un informe confidencial.

Asuntos Internos constató que tras el turbio entramado había diversas organizaciones de inmigración clandestina de mujeres. Esta red se encargaba de organizar el viaje de las brasileñas a España, comprar el billete de avión y enviarles dinero para mostrarlo en los controles fronterizos, además de darles recomendaciones sobre cómo aparentar que eran simples turistas. Al llegar a España, las prostitutas eran recogidas en el aeropuerto madrileño y trasladadas a los diferentes clubes. Y, a partir de ese momento, quedaban obligadas a saldar la deuda con los proxenetas alquilando lo único que tenían -su propio cuerpo- en tanto que quienes se beneficiaban de esta actividad disfrutaban de un "elevado nivel de vida".

En concomitancia con toda esta oscura estructura, los agentes descubrieron la existencia de "comportamientos corruptos" por parte de integrantes de la Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía y policías locales, así como otros funcionarios de la Administración del Estado, el Ayuntamiento y la Subdelegación del Gobierno en Lugo. José Manuel García Adán, presunto responsable de los clubes Queens y La Colina, aparecía como uno de los que disponían de una guardia pretoriana policial más sólida y extensa, según los responsables de las indagaciones.

Tras meses de seguimientos y pinchazos telefónicos, el caso estalló a mediados de octubre del año pasado, cuando la juez ordenó detener a los principales implicados y el precintado de los clubes (unos locales bastante cutres, de color rojo o azulón). Más tarde, la juez dispuso la entrada y registro en la Comandancia de la Guardia Civil y la Brigada Provincial de Extranjería de Lugo, donde se incautó de numerosos expedientes.

El tema ha saltado ahora a la opinión pública nacional y ha traspasado la muralla romana de Lugo, después de que la cadena SER e Interviú difundieran hace unos días nuevos datos. Por ejemplo, que el policía Francisco Javier Fernández Becerra, destinado en el puesto fronterizo de Madrid-Barajas supuestamente cobraba 300 euros cada vez que hacía la vista gorda y dejaba pasar a una brasileña destinada a la prostitución. O, por ejemplo, que Jesús Otero, ex subdelegado del Gobierno en Lugo, imputado por prevaricación, omisión del deber de perseguir un delito y tráfico de influencias, había hablado por teléfono el 8 de mayo de 2009 con un policía para pedirle que no expulsara de España a "una tal Nidia" que planeaba casarse con el hijo de un concejal de Monterroso.

En el sumario, que abarca ya más de 40 tomos, han prestado declaración unas 300 prostitutas, muchas bajo el marchamo de testigos protegidas y nombradas como Alfa, Beta, Gamma, Delta, etcétera. Las pesquisas se han saldado con la imputación de medio centenar de personas (policías, guardias civiles, abogados, dueños y encargados de puticlubes, un ginecólogo y el ex delegado del Gobierno). En prisión solo hay nueve de los acusados. "Pero hay mucha gente que ha dejado de hablar por teléfono por miedo a tenerlo pinchado", comenta una fuente próxima al caso.

La juez Lara necesitará toda su fortaleza para afrontar las amenazas anónimas y, por otra parte, el previsible contraataque jurídico de los implicados. Algunos de estos han solicitado la anulación de las actuaciones y otros han denunciado haber sido víctimas de detención ilegal por parte de agentes adscritos a la Operación Carioca. Además, hay una auténtica guerra entre los guardias civiles que llevan el peso de las pesquisas y buena parte de sus compañeros de Lugo.

La magistrada, que frisa los 40 años, murciana de Cartagena recriada en Asturias, hija de un militar, trabajadora hasta la extenuación, está volcada en este sumario. Un caso con el que cualquier alumno de derecho podría estudiar buena parte de los artículos del Código Penal: agresión sexual, inducción a la prostitución, inmigración irregular, cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales revelación de secretos, tenencia ilícita de armas, delitos contra los derechos de los trabajadores, contra la intimidad, contra la salud pública e inducción al aborto. Por el momento... Porque habrá que esperar al levantamiento del secreto que pesa sobre miles de folios para ver si la ponzoña se extiende a otras personas e instituciones.