Diana, punto final

Un anciano con expresión ausente, aparentemente derrotado, abandonaba el lunes el Tribunal Supremo en Londres escoltado por sus abogados, portavoces y guardaespaldas. Era el multimillonario egipcio Mohamed al Fayed, de 79 años. La sentencia de un jurado anónimo, leída unos minutos antes en la sala, derribaba sin contemplaciones el edificio de dudas, sospechas, cabos sueltos atados a otros cabos, construido por este hombre en torno a la muerte, en accidente de tráfico, de su hijo Dodi, junto a la princesa Diana de Gales. Desde el mismo instante en que recibió la fatídica llamada telefónica en la que se le informaba del suceso, la madrugada del 31 de agosto de 1997, Al Fayed apostó por la conspiración.

Al Fayed, padre de Dodi, ha conseguido atrapar en la tela de araña conspirativa al juez y los abogados

Diana potenciaba su imagen de triunfadora, pero pasaba los fines de semana sola en el palacio de Kensington

Condenado a no tener nunca el pasaporte británico que reclama, para Al Fayed la batalla legal ha valido la pena

Detrás tenía que estar la mano anónima del establishment británico, con el príncipe Felipe de Edimburgo, marido de la reina Isabel, como gran instigador. La mano de quienes llevaban décadas rechazándole, excluyéndole, recordándole una y otra vez su pasado turbio, sus mentiras para apoderarse, en 1985, de los almacenes Harrods, buque insignia de la marca británica; negándole, en suma, el ansiado pasaporte británico.

Diez años y seis meses después de aquel terrible golpe, la justicia venía a cerrarle la última puerta. Las decenas de recursos y querellas presentados por su equipo legal en Francia, Escocia e Inglaterra, en una batalla sin precedentes alimentada por una montaña de libras esterlinas (unos 20 millones de euros), habían sido inútiles. Como inútiles se revelaron sus reclamaciones a la CIA en las que solicitaba información sobre la princesa. No existían informes sobre Diana de Gales, respondieron desde Langley (Virginia), casi ofendidos. Nadie espiaba a la mujer más famosa del planeta. Después de tantas entrevistas, y tantos artículos en defensa de la hipótesis del complot urdido para asesinarla, el castillo de naipes se venía abajo.

Un jurado compuesto por seis mujeres y cinco hombres rechazaba sus teorías conspirativas (por una mayoría de nueve contra dos) y sentenciaba que el accidente fue causado por algo tan comprensible como un chófer con demasiado alcohol en la sangre acosado por una decena de paparazzi. Todo un mazazo. Hasta el punto de que Al Fayed descartaba horas después nuevos recursos judiciales. Asumía el veredicto como una derrota parcial, mientras los medios de comunicación británicos le identificaban como el gran perdedor.

Pero las estrategias no son, muchas veces, lo que parecen. ¿Qué pretendía realmente Al Fayed con sus, a menudo, disparatadas acusaciones, con su exigencia condenada al fracaso de que el duque de Edimburgo en persona se sentara en el banquillo de los testigos? ¿Qué buscaba hurgando una vez más, a través de sus abogados, en los aspectos más escabrosos de las relaciones de la princesa de Gales y su familia política? ¿Qué perseguía obligando a comparecer en la audiencia a 11 miembros de los servicios secretos británicos, incluido uno de sus antiguos responsables? Probablemente, lo que ha conseguido: dañar nuevamente la imagen de los Windsor, presentados como enemigos de la princesa, y sembrar dudas sobre la falta de escrúpulos del MI6 (servicios secretos exteriores) a la hora de planear sus acciones. Uno de sus antiguos responsables, un tipo con nombre de película de Kubrick, sir Richard Dearlove, tuvo que admitir como cierto que uno de sus agentes propuso en los años noventa asesinar a un líder balcánico haciendo aparecer el crimen como un accidente de tráfico.

Ha quedado claro además que Diana sospechó siempre de los servicios secretos, convencida de que grababan sus conversaciones telefónicas para filtrarlas a la prensa. Ocurrió con la escandalosa charla mantenida con su amante James Gilbey, pasto de las masas en 1992. La princesa desconfiaba de los uniformes y, tras su divorcio, en 1996, rechazó la escolta policial oficial. Paul Condon, antiguo responsable de la policía metropolitana, tuvo que admitir en la vista que lady Diana pensaba que "no estábamos de su parte".

¿Por qué ha aceptado la justicia británica reabrir un caso así? ¿Por qué sumergirse otra vez en el fango de un proceso tan dañino? Sobre todo cuando ha habido dos investigaciones exhaustivas en Francia e Inglaterra, y un veredicto del más alto tribunal francés donde sólo se habla de accidente al abordar la muerte de Diana y Dodi. La respuesta está en el sistema legal británico. Todo súbdito de su majestad muerto en el extranjero por causas no naturales tiene derecho a una investigación así. No se trata de buscar culpables, sino de establecer las causas y circunstancias de la muerte. Pero reabrir el caso Diana no podía salir gratis. Ni en tiempo, ni en dinero, ni en imagen pública. Ha costado 12 millones de euros al contribuyente; las sesiones se han prolongado seis meses (sin contar los años de retrasos y los cambios de juez), y aunque la inquest ha logrado al fin echar un grueso candado al asunto, ha sido a costa de reabrir viejas heridas de impredecible evolución.

Los príncipes Guillermo y Enrique, hijos de Diana, han tenido que digerir la implacable disección a que ha sido sometida la personalidad y la conducta de su madre en los meses finales de su vida. La reina y su marido, el príncipe Felipe, han tenido que apretar los labios más de lo habitual ante los insultos de Al Fayed, que, a tenor de lo visto, parece haber gastado millones de libras en darse el inmenso gusto de difamar a los Windsor más que en defender una tesis. En su comparecencia de febrero pasado se permitió señalar un vínculo entre los nazis y el duque de Edimburgo, cuyo apellido real, según el multimillonario egipcio, suena algo así "como Frankenstein", dijo. Todos los representantes de ese odiado establishment han salido escaldados de una u otra forma tras pasar por la sala de audiencias número 73 del Supremo. Las amigas de la princesa se han visto sometidas al duro interrogatorio de Michael Mansfield, uno de los más prestigiosos penalistas británicos, contratado por el dueño de Harrods para la ocasión y empeñado en probar que, en realidad, sabían poco de las intimidades de Diana Spencer.

Conscientes de la imposibilidad de demostrar la teoría de la conspiración, Al Fayed y sus abogados han orientado la vista en otra dirección: dejar constancia de que la princesa y Dodi estaban prometidos al mes escaso de conocerse. Y de que Diana estaba embarazada al morir. Asombra comprobar como el coroner, juez Scott Baker, y los abogados de los demás implicados en el caso se han dejado atrapar en la tela de araña conspirativa aunque haya sido para rechazarla. Porque no existen ya elementos para defender o atacar la tesis de manera absolutamente concluyente. En el banquillo de los testigos se sentó el forense Robert Chapman, que practicó la autopsia a la princesa en Londres, recién repatriado el cadáver. El médico sólo pudo testimoniar que no observó indicio alguno de embarazo, pero tuvo que admitir que en la fase inicial es imposible detectarlo sin análisis específicos que no se llevaron a cabo. Otro aspecto crucial para unos y otros fue el determinar si el anillo comprado por Dodi en París, en vísperas del accidente, era de prometida o no. Dato igualmente imposible de concretar.

A lo largo de 90 sesiones, durante seis meses, por la sala del Tribunal Supremo han desfilado más de 250 testigos, que no han logrado aclarar casi nada. Declaraciones que han ido convirtiendo la vista, pese a la sobriedad del escenario, en un mero espectáculo, un culebrón judicial destinado a alimentar el morbo de los lectores de diarios en papel o electrónicos. Material perfecto para chats en la web. La masajista de Dodi, preguntada sobre el posible embarazo de la princesa, lo rechazaba alegando que tuvo el periodo en esas vacaciones. Otra empleada del yate de los Al Fayed aseguraba haber visto una caja de píldoras anticonceptivas en la mesilla de noche de la pareja. El único testimonio en sentido contrario era el del padre del novio. Al Fayed aseguró que la princesa se lo contó en una conversación telefónica horas antes de morir.

El perfil de la princesa, reconstruido a través de los testimonios de su antigua terapeuta, Simone Simmons, autora de un libro sobre los amores de Diana, o de los de la abogada que la asistió en el divorcio de Carlos de Inglaterra, no deja margen para la admiración. La mayor estrella del firmamento mediático británico ha sido retratada como una criatura compulsiva, emocionalmente inestable, que potenciaba una imagen pública triunfadora, aunque pasaba muchos fines de semana en la soledad de sus apartamentos del palacio de Kensington, calentándose la cena en el microondas.

Diana se refugiaba en personajes tan dudosos como su ex mayordomo, Paul Burrell, al que envió, en plena guerra predivorcio, una carta en la que le confesaba su temor a ser asesinada en un aparente accidente de coche. Burrell, autor de dos éxitos de venta sobre su amada patrona, fue interrogado en la vista durante tres días, sin arrojar demasiada luz sobre los secretos que dice custodiar. De regreso a Los Ángeles, donde vive, reconoció haber cometido perjurio ante el tribunal.

La vista ha echado inevitable fango también sobre los papparazzi, culpables del accidente, según el jurado, y sobre todo culpables de una persecución que alcanzó límites inhumanos cuando rodearon el Mercedes destrozado, en el que agonizaba la princesa, y descargaron sus cámaras, para ofrecer las instantáneas después al mejor postor. Tampoco las víctimas han quedado sin mancha. Dodi Fayed, hijo del primer matrimonio de su padre con Samira, hermana del magnate y supuesto traficante de armas Adnan Khashoggi, emerge muy tocado de la investigación. Los testigos han dejado claro que el primogénito de Al Fayed, muerto a los 42 años, con un divorcio a las espaldas, era una criatura inmadura, un playboy que abusaba de la cocaína y que vivía a la sombra de su padre, incapaz de dar un paso sin consultarle antes. Quizá el más desacreditado haya sido el propio auspiciador de las teorías conspiratorias, Mohamed al Fayed, que ha asumido con total alegría su papel de malo oficial, vilipendiando a unos y a otros. Vive en el Reino Unido desde 1964, un país que ha confesado admirar desde que era un chiquillo en su Alejandría natal y veía pasar arrobado a los oficiales de la Royal Navy con sus uniformes inmaculados y un brillo de orgullo nacional en los ojos. En este país ha levantado un imperio, aunque fuera gracias al dinero en metálico facilitado por el sultán de Brunei, y en este país han nacido los cuatro hijos que ha tenido con su segunda esposa, Heini Wathen, de origen finlandés y 34 años más joven.

Condenado como está a no poseer nunca un pasaporte británico, para el dueño de Harrods la batalla legal ha valido la pena. Por más que el caso quede cerrado y la tesis del accidente, por culpa de los paparazzi y de la ebriedad de Henri Paul, el chófer al volante del Mercedes, se haya impuesto, nadie puede negar que la teoría conspiratoria del magnate tiene una base lógica. La asociación de Diana de Gales con los Fayed disparó aquel verano de 1997 todas las alarmas en el establishment británico. La inquietud tuvo que llegar a Buckingham Palace, y al número 10 de Downing Street. ¿Se había convertido la madre del futuro rey de Inglaterra en una persona antisistema? ¿Hasta dónde podía llegar en su rebeldía? La incógnita no se despejaría nunca. Para alivio de algunos, el destino la esperaba la madrugada del 31 de agosto en el túnel del Pont de l'Alma. -