Cruzando La Línea de la sospecha

Las sospechas dan un paso al frente en La Línea de la Concepción (Cádiz). La investigación va más allá de reunir el testimonio de madres atormentadas porque les ocultaron el cuerpo del hijo nacido presuntamente muerto hace 40 años. El epicentro de los cientos de casos de presuntos niños robados que han inundado algunas fiscalías provinciales de España se ha trasladado a esta localidad andaluza por un sencillo motivo: es el lugar donde la policía ha encontrado cuatro indicios de delito entre los primeros 23 casos investigados. La Fiscalía de Algeciras ha dado traslado de las diligencias al juzgado. Un juez será quien determine quiénes son los primeros imputados entre una relación de siete ginecólogos, tres matronas y varios exempleados de una empresa funeraria.

La Policía Científica espera recibir muestras de ADN procedentes del Campo de Gibraltar

En una buena parte de los casos sospechosos, las madres fueron sedadas antes del parto

No constan en los archivos los entierros de numerosos bebés con certificado de defunción

Los partes médicos revelan un exceso de fallecimientos en enero de 1971 y enero de 1975

Y un día de estos llegará a la sede central de la Policía Científica en Madrid un buen puñado de muestras de ADN para su análisis. Todas procedentes de La Línea de la Concepción. Entre ellas, las de numerosas madres que perdieron a sus hijos, las de algunos hijos que no saben quién fue su madre y, quizá, la de una mujer y su presunto hijo biológico. Los resultados podrán transformar los indicios en pruebas irrefutables. De ser así, no tardarán en conocerse las primeras detenciones de unos hechos que han debido esperar casi medio siglo para esclarecerse.

A la espera de que un juez todavía por determinar dé sus primeros pasos, la población de La Línea de la Concepción asiste perpleja a las últimas noticias que se han divulgado sobre el caso. Entre otras cosas, porque entre los investigados aparecen vecinos sobradamente conocidos en una ciudad de 60.000 habitantes. Sin ir más lejos, una de las personas mencionadas en el informe policial es una matrona, Leocadia Salas González, que recibió el galardón de Mujer Linense del Año el pasado 13 de marzo de 2010, en un tradicional acto conmemorativo del Día Internacional de la Mujer. La nota alusiva al acto daba cuenta del esforzado trabajo de esta profesional a lo largo de varias décadas (se jubiló en 1997) de su actividad en Málaga y, posteriormente, en La Línea de la Concepción, donde cientos de linenses de al menos tres generaciones nacieron entre sus manos, y de las precarias condiciones en las que hubo de desarrollar su trabajo en algunas ocasiones: así fue cuando tuvo que asistir a un parto en una barca. Fue el propio alcalde accidental de la ciudad, Alejandro Sánchez, quien presidió el acto y entregó el premio a la matrona.

Leocadia no es el único caso. También ha sido investigado el ginecólogo Abelardo García Balaguer, el más conocido de la localidad, con su consulta todavía abierta en el centro de la ciudad, en la misma calle Real. García Balaguer generó las primeras sospechas en el mes de enero cuando dimitió por motivos personales de su cargo de presidente del comité local del Partido Popular en La Línea. Aquella dimisión coincidió en el tiempo con las primeras investigaciones policiales. Desde ese mismo momento cerró a cal y canto toda su relación con la prensa, pero no pudo evitar que los medios locales dieran cuenta de que el PP le había pedido que dejara su cargo para evitar cualquier relación con un asunto tan espinoso precisamente en un año electoral. Ambos, Leocadia y Abelardo, han sufrido el acoso de la prensa en estas últimas semanas. Ambos se han negado a hacer declaraciones.

No han sido los únicos. Ninguno de los investigados ha accedido a ser entrevistado. Todo lo más, alguno ha caído en la trampa de las cámaras ocultas para exponer un relato lleno de evasivas y contradicciones. No recuerdan nada irregular sucedido en clínicas y residencias sanitarias de La Línea de la Concepción.

De no ser por dos hermanas, Cristina y Flor Díaz Carrasco, la caja de los truenos seguiría cerrada en esta localidad. Residentes en Irún, nunca olvidaron aquella foto algo macabra de su abuela sosteniendo entre sus brazos a un bebé muerto que debió haber sido enterrado en el cementerio de San José en 1967. Fue la abuela quien se empeñó en hacerse esa foto a pesar de la insistencia del personal sanitario (como sucedió en tantos otros casos) de no permitir ver al recién nacido ya fallecido. Nunca llegaron a saber la razón de aquella insistencia de la mujer, porque las sospechas aparecieron muchos años después.

Casi cada año acompañaban a su madre al cementerio para poner unas flores en el nicho donde enterraron a aquel bebé muerto. Tras morir su madre en 2006, regresaron con la intención de ponerle una lápida con la fecha de su fallecimiento. Al buscar la fecha exacta en los libros del cementerio, no encontraron ningún dato relativo a la inhumación de su hermano, tampoco en fechas anteriores o posteriores. Fueron al Registro y no constaba certificado de defunción alguno. Encontraron el parte médico, donde quedaba expuesta como causa del fallecimiento "un parto distócico que hizo necesario el uso de ventosa". Recordando aquella vieja foto, llegaron a la conclusión de que la cabeza de aquel bebé no presentaba ninguna deformidad. También sospecharon que el tamaño del bebé que la abuela sostenía entre sus brazos parecía mayor que el correspondiente a un recién nacido. Comenzó entonces el largo peregrinaje de archivo en archivo, la indignación y una decisión clave en este asunto: le pidieron ayuda a un detective privado que trabaja en la localidad, Rafael Carrasco.

De este hilo han salido muchas otras madejas y una cantidad suficiente de documentos como para sospechar que algo fuera de lo común ha estado sucediendo en algunos centros sanitarios de esta localidad, como la clínica Fernández Cuesta, conocida popularmente como La Banqueta; la clínica Inmaculada, la clínica Argüelles y el Hospital Municipal, hoy denominado Residencia Sanitaria.

Como en otros puntos de España, el protocolo sanitario entre los años sesenta y setenta en el caso de los partos establecía que el médico no intervenía salvo que hubiera complicaciones. Todo era asunto de la matrona si las cosas marchaban bien. Y en caso de fallecimiento dentro de las 24 horas, la práctica era igualmente común: se inscribía el fallecimiento como legajo de aborto en el Registro Civil y se enviaba el cuerpo a la funeraria (La Purísima en el caso de La Línea de la Concepción, desaparecida hace años) para su entierro en el cementerio. Generalmente, la inscripción de los legajos de aborto debía ser realizada por un familiar, pero en el caso de La Línea hay decenas de casos en los que esa gestión la realiza una tercera persona ajena a la familia, habitualmente dos o tres empleados de la funeraria, dos de ellos todavía vivos. Uno de ellos, Juan Ortiz Moreno, declaró que se limitó a cumplir las órdenes que se le daban. En estos registros constan los datos de la identidad de tales empleados. Lo extraño es que no se cumplía la segunda parte del proceso: dichos cuerpos no eran inhumados. En las fechas de las inscripciones de los legajos de abortos no constan los enterramientos. También resulta chocante que en numerosos de los casos investigados el hospital se haya ofrecido a realizar los trámites del enterramiento cuando las familias disponían de un seguro privado de deceso.

Las coincidencias comienzan a aparecer según se van incorporando casos a la investigación. Se examinan los partes de sala que registran la entrada de una parturienta en la clínica, los casos con complicaciones, las causas del fallecimiento y el proceso posterior ya señalado. Donde hay defunciones prematuras aparecen casi siempre los mismos médicos y las mismas matronas. De hecho, se observan un número sospechosamente alto de abortos o fallecimientos en los meses de enero de 1971 y 1975. Respecto de los partes de sala, han desaparecido los tomos correspondientes a los años 1963, 1964 y 1965. Algunas familias denuncian retrasos injustificados a la hora de recibir información en el Registro Civil de la localidad, donde trabaja la hija de uno de los doctores investigados.

Numerosos casos corresponden al doctor Abelardo García Balaguer tal y como consta en la documentación, y ello a pesar de que dicho médico ha llegado a manifestar que no trabajó en el Hospital Municipal durante algunos años aun cuando consta su nombre en los partes de sala. Pero no es el único caso: el segundo doctor más mencionado es Fernando Martínez Martínez, padre además de dos hijos adoptivos, uno nacido en 1972 y una chica nacida en 1975. Ambos fueron inscritos en Madrid a pesar de que el padre trabajaba y residía en La Línea de la Concepción. El trámite de la adopción desvela alguna irregularidad, sobre todo en el caso del mayor, el varón, quien recibió inicialmente los dos apellidos del padre adoptivo para, posteriormente, ser rectificada la inscripción con la inclusión del apellido del padre y de la madre.

La policía localizó a su hija adoptiva en Ibiza y durante su interrogatorio ella explicó cómo su padre adoptivo no fue muy elegante a la hora de confesar que ambos fueron adoptados. Respecto del hijo, manifestó que su madre fue una empleada del hogar sin recursos. A la hija le dijo que su madre era una mujer que había muerto apuñalada. Sin embargo, en aquellas fechas no consta ningún suceso de este tipo en la localidad.

Los dos hijos adoptivos del doctor Martínez Martínez, que no parecen tener una buena relación con su padre, accedieron ante la policía a someterse a las pruebas de ADN. La misma decisión ha tomado el hijo varón de Leocadia Sala, la matrona premiada con el galardón de Mujer Linense de 2010, inscrito como hijo biológico suyo tras un parto del que no hay constancia documental en los archivos de la localidad y que supuestamente tuvo cuando ya había cumplido los 40 años.

Las contradicciones son numerosas. Recién nacidos con síntomas graves que son enviados a un hospital de Málaga, según los partes médicos, pero de cuyo ingreso en dicho hospital no hay constancia. Supuestas autopsias que se han practicado sin que conste en documento alguno el consentimiento de los padres. Otra coincidencia: en un alto porcentaje de los casos sospechosos, las madres fueron sedadas.

No todas las familias se rindieron a la presión de las clínicas a la hora de permitir que estas se encargaran de los trámites del entierro. Al menos hubo tres casos en los que los padres se mantuvieron firmes y pudieron enterrar a sus hijos en el nicho familiar, uno de ellos en una localidad de la provincia de Málaga. Dadas las dudas que se han abierto en aquellos partos fallidos sucedidos en La Línea de la Concepción, dichas familias han dado su consentimiento para que los nichos se abran, se proceda a la exhumación de los cuerpos (si los hubiere) y se tomen muestras de ADN, todo ello bajo control judicial. No sería la primera vez que el interior de un ataúd aparece vacío.

Buena parte de estas historias, de los relatos de madres ahora angustiadas por lo que pudo haber pasado entonces, son conocidas en la localidad, que asiste perpleja a unos episodios que han roto la rutina de las noticias locales, monopolizadas de un tiempo a esta parte por las muchas deudas del Consistorio y sus consecuencias: los funcionarios municipales cobran con retraso y se movilizan de vez en cuando. Y luego está el caso de Salustiano Muñoz del Campo, un empresario local que no logra que el Ayuntamiento le abone unas deudas. Después de estar largo tiempo apostándose frente a la casa del alcalde en señal de protesta y recibir por ello una condena de alejamiento, decidió hace tres semanas declararse en huelga de hambre ante la Fiscalía de Algeciras.

Estas noticias parecen un asunto menor a la vista de la magnitud que está tomando el caso de los niños robados en la ciudad, porque el número de denuncias puede alcanzar el centenar en próximas fechas; según algunas fuentes, muchos de esos casos son vecinos todavía residentes en la localidad. Las primeras 23 denuncias, las que han soportado seis meses de investigación policial, han dado sus primeros frutos: cuatro indicios de delito. La Fiscalía de Algeciras mantiene el criterio de que los presuntos delitos no han prescrito. Las familias afectadas esperan ahora los primeros pasos de un juez 40 años después.