La otra factura pública de las cajas

El ajuste de las cajas de ahorros no será inocuo para el contribuyente. A las ayudas directas y préstamos que están recibiendo estas entidades financieras para asegurar su solvencia habrá que sumar la factura del paro, los despidos y las prejubilaciones que deberá pagar el Estado. Este gasto se va a notar, y mucho, en los Servicios Públicos de Empleo, que tendrán que pagar, al menos, 700 millones de euros en prestaciones por desempleo entre 2010 y 2014, según los cálculos realizados por el propio Ministerio de Trabajo a los que ha tenido acceso EL PAÍS.

La reforma urgente del sistema financiero español -una de las grandes exigencias de los mercados y de Bruselas a José Luis Rodríguez Zapatero, junto a la reforma de la negociación colectiva- consiste, en realidad, en una cura de adelgazamiento de las cajas de ahorro. Sobre todo, se trata de reducir sus redes de oficinas y sus plantillas.

El contribuyente pagará 54.000 euros por cada empleado que deje su puesto

Hasta ahora hay 13.000 afectados por las regulaciones de empleo

El sector calcula que el ajuste se saldará con 20.000 despidos en total

Quienes pierden su trabajo son mayores de 50 con muchos años cotizados

Las 45 cajas de ahorros han devenido en 18 grupos financieros. Tras múltiples negociaciones, esta reducción ha llegado por varias fórmulas, a cual más compleja (fusión, intervención y subasta posterior...) y en algunos casos con un nombre casi ininteligible (Sistema Institucional de Protección, SIP, también llamado fusión fría). Pero al final, la mayoría de las entidades existentes hace dos años sobreviven y conservan todavía sus consejos de administración, sus sedes o sus respectivas obras sociales, aunque hayan emprendido la bancarización e integración de su negocio financiero.

Durante los años de euforia económica, todo el sector creció. Año a año batía récords de ganancias, aumentaba el tamaño de su cartera industrial y sus redes comerciales crecían sin parar. En 2008, las 45 cajas que había en España -también los bancos- tocaron techo. Contaban entonces con 25.000 oficinas y casi 135.000 empleados. Pero cuando llegaron las vacas flacas, las cifras que antes eran motivo de orgullo se han convertido en el principal objetivo de poda, y a la cabeza de quienes lo reclaman con más fuerza figura el Banco de España.

La imagen más visible de la reestructuración de las cajas de ahorros se empieza a ver en las calles. Las continuas aperturas de sucursales, que convirtieron España en unos de los países más bancarizados del mundo, se han convertido en cierres. En dos años se han cerrado 2.400 oficinas. Y en el mismo periodo las plantillas no han dejado de menguar por diversas vías: 9.000 empleados menos, según los datos del Banco de España.

Y el fenómeno solo acaba de comenzar. "El número de trabajadores que verán extinguido su contrato de trabajo en este proceso se situará en unos 13.000", reza el documento elaborado por el Ministerio de Trabajo titulado Nota sobre el impacto en el sistema de protección por desempleo del proceso de reestructuración de las cajas de ahorro. Este cálculo se basa en los 12 expedientes de regulación de empleo avalados por las autoridades laborales. Todos menos uno han sido han sido aprobados por el Gobierno central. O más bien, han tenido que ser aprobados, ya que han llegado con acuerdo previo entre las entidades y los representantes de los trabajadores, y eso conlleva la aprobación automática de la autoridad laboral de turno. La regulación de Unnim (la unión de las cajas de Sabadell, Terrasa y Manlleu) fue sancionada por la Generalitat catalana. La única caja que, hasta ahora, ha recurrido al despido forzoso ha sido la vasca BBK, que ha rescindidido el contrato de 150 empleados de la antigua Cajasur.

Los trabajadores de las cajas de ahorro que están perdiendo su puesto de trabajo en la actualidad suelen ser mayores de 50 años que han contribuido al sistema de pensiones y al de protección por desempleo con bases altas de cotización y durante largos periodos. De ahí que cuando ahora pierden su empleo, además de la indemnización pactada en el expediente, el nuevo parado tiene derecho a percibir la prestación máxima por desempleo durante dos años, a lo que hay que añadir las cuotas sociales, "en la mayoría de ocasiones en al base máxima". Con estos supuestos, el gasto final por desempleado, según los cálculos de Trabajo, es de 53.688 euros.

La conclusión del documento elaborado por el Ministerio es contundente: "Este proceso de reestructuración de las cajas de ahorros, por su rapidez y su volumen, produce un fuerte impacto en el sistema de protección por desempleo". Todo un golpe en una de las partidas presupuestarias que más ha notado la crisis y la destrucción de empleo, y que pone contra las cuerdas a las cuentas públicas en forma de déficit desde hace tres años. En total, 700 millones, que equivalen a la mitad de lo presupuestado para Dependencia por el Gobierno central.

Pero los números que maneja el Ministerio de Trabajo son solo el principio, la punta del iceberg, a tenor de los cálculos del sector. En los cenáculos financieros, cuando se calcula el coste de las prejubilaciones se habla de un coste de entre 250.000 y 300.000 euros por persona, unas indemnizaciones que las entidades financian en buena medida con los más de 10.000 millones prestados por el primer fondo de rescate que puso en marcha el Gobierno, el llamado FROB 1.

Además, el sector cree que los 13.000 despidos aprobados no será suficientes. La cifra final será de 20.000 o 25.000, se calcula. De momento, ya es público que hay más procesos de integración y nuevos ajustes en marcha que probablemente costarán nuevos empleos en un país que ya cuenta casi cinco millones de parados y una tasa de desempleo del 21%. Por ejemplo, la castellanoleonesa Caja España de Inversiones (fruto de la unión de Caja España y Caja Duero) negocia su unión con la malagueña Unicaja para no tener que recurrir a las ayudas públicas. Y el pasado viernes, el diario económico Cinco Días publicaba que el Banco de España piensa exigir más recortes, entre ellos salariales, a las entidades que prevén reclamar su auxilio: NovaCaixagalicia, Catalunya Caixa, Unnim y CAM. Precisamente, la unión en la que participaba esta última entidad se ha roto, y esto podría modificar los números de la nota del Ministerio.

El "impacto" de estas prejubilaciones ha sido uno de los factores decisivos para que Trabajo pensara en promover la enmienda que ha introducido en la reforma de las políticas activas de empleo para que las empresas con beneficios compensen al Estado cuando reduzcan plantillas y tengan beneficios, según explicaba esta semana un alto cargo del departamento. Claro, que el Ministerio solo hizo públicas sus intenciones cuando Telefónica anunció que pensaba despedir al 20% de su plantilla en España tras registrar el grupo beneficios récord. La medida llegará tarde para evitar el "impacto" pasado. Y no tendrá efectos retroactivos. Si estará lista a tiempo para evitar el futuro, dependerá de la prisa que se den las entidades en llevar adelante sus planes, y de que logren pactar con los representantes de los trabajadores las regulaciones de empleo.

Las reducciones de plantillas en las entidades financieras españolas basadas en prejubilaciones no siempre se han saldado con los trabajadores cobrando prestaciones por desempleo. De hecho, en las grandes reestructuraciones de los bancos en las décadas pasadas los afectados no siguieron el patrón de las cajas ahora. Telefónica ha anunciado algo parecido tras conocerse que pensaba despedir a más de 6.000 de los trabajadores que tiene en España y ver la reacción que provocó su decisión.

Pero no parece que esta opción vaya a ser la elegida por la mayoría de las cajas con despidos pendientes. Es probable que en su situación actual traten de aprovecharse al máximo de los recursos públicos a su alcance, tanto los directos como los indirectos, para los ajustes.