Un poco de justicia 35 años después

Víctor Pérez Elexpe, asesinado por un guardia civil en enero de 1975 en Portugalete (Vizcaya) por repartir propaganda a favor de una huelga en la empresa Potasas de Navarra, no aparece en el listado de la Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo. Sólo se recoge su nombre, por parte del Gobierno vasco, en un informe sobre víctimas de la violencia de motivación política publicado en 2008 por el Departamento de Justicia. Han tenido que pasar 35 años para que el Gobierno español, el 4 de febrero de 2010, reconozca que el cabo de la Benemerita, Narciso San Juan, asesinó a Pérez Elexpe. La semana pasada, por fin, la responsable de la Dirección de Atención a las Víctimas, Maixabel Lasa, llamó a los hermanos de Víctor para reunirse con ellos.

Pérez Elexpe no aparece en el listado de las Víctimas del Terrorismo

Hasta ahora, y desde aquel 20 de enero, Fermín, María José y Mariefi, además de sus padres y un hermano que falleció, han permanecido solos, luchando, primero para que hubiera un juicio; luego para que llegara un reconocimiento. En este tiempo han estado acompañados por familiares y amigos, y también por un grupo de abogados que en el último año del franquismo "se jugaron el tipo", como recuerda Fermín Pérez Elexpe, por ayudarles. En aquel bufete trabajaban Juan Luis Ibarra, hoy presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, el ahora catedrático de Ciencia Política, Pedro Ibarra, Alfonso Dubois, José María Fernández Echegaray y Patxi Letamendia.

Juan Luis Ibarra se encargó del caso. Su recuerdo es nítido: "Fue una persona de un comité de una empresa química quien nos puso en contacto con la familia. El padre de Víctor nos indicó que conocían el nombre y la forma de contactar con cinco personas que habían visto la persecución y el asesinato de su hijo; recogí sus testimonios y el 25 de abril de 1975, el padre de Víctor suscribió el poder notarial con el que formulamos la querella ante el juzgado de guardia de Bilbao. La jurisdicción penal ordinaria se declaró incompetente para el enjuiciamiento ya que el querellado gozaba de fuero ante la jurisdicción militar. El sumario ordinario fue rápidamente sobreseído y archivado. Nunca llamaron a declarar a los testigos".

Comenzó entonces un calvario para la familia. "Han sido 35 años de desamparo. Durante toda la democracia no se movió un dedo desde las administraciones públicas para investigar el asesinato de mi hermano", explica Fermín. Sólo la asociación Ahaztuak le homenajeó en 2009 en Sestao.

Tal y como desvelan los testimonios recogidos por Juan Luis Ibarra, Elexpe se encontraba en la calle General Castaños a las seis de la mañana repartiendo octavillas a los trabajadores que iban a la fábrica. En un momento dado, un cabo de la Benemérita, Narciso San Juan, acompañado de un policía municipal no identificado, le dio el alto. Víctor comenzó a correr, y el guardia civil disparó varios tiros hasta que uno le alcanzó el corazón. El joven, de 23 años, falleció en el acto. "El guardia civil era un vecino nuestro, conocía a mi hermano y, nos imaginamos su militancia política", apunta Mariefi. "Al día siguiente fuimos a su casa, pero ya le habían trasladado".

El resto del grupo que persiguió al joven comunista siguió viviendo en Portugalete, convencidos de su impunidad. Y así se lo hicieron saber a aquellos jóvenes letrados que habían auxiliado a Pérez Elexpe. "Unos meses después de que se archivara la causa, el despacho de abogados fue ametrallado desde la calzada. Para mí, el atentado fue obra del mismo grupo del que formaba parte el asesino de Víctor; pero nunca se llegó a acreditar esa relación", recuerda el ahora presidente del TSJPV.

Narciso San Juan, en el expediente interno que le abrió la dirección de la Benemérita, reconoció los hechos, aunque adujo defensa propia. En 2007, los hermanos Pérez Elexpe localizaron el expediente en el Archivo Militar de El Ferrol. Gracias a esta documentación y a las declaraciones de los testigos que refrendó Ibarra, consiguieron en una compleja tramitación, que el ministro de Justicia, Francisco Caamaño expidiera una "declaración de reparación y reconocimiento personal" por la que se reconocía que Pérez Elexpe padeció "persecución y violencia por razones políticas e ideológicas, falleciendo el 20 de enero de 1975 como consecuencia del disparo de bala efectuado por un guardia civil cuando repartía propaganda comunista". 35 años más tarde llegaba el primer asomo de justicia.