Contra un olvido de treinta años

El olvido borró hasta tal punto las huellas de Ramiro Quintero, el guardia forestal asesinado por ETA en Lizartza (Guipúzcoa) cuando salía del bar Leku Alaia, situado junto a su casa, el 2 de octubre de 1978, que la actual corporación del PP, presidida por Regina Otaola, tardó semanas en localizar a sus familiares. Lo logró hace dos días, pero no con el tiempo suficiente para que pudieran asistir al primer homenaje que el Ayuntamiento de Lizartza rinde a esta víctima de ETA. Otaola reconoció ayer esta precipitación al iniciar el acto en la sala consistorial, donde aseguró a modo de autocrítica: "El año que viene lo haremos mejor".

La ausencia de familiares en los que personificar el reconocimiento a Ramiro Quintero como víctima -se colocó una fotografía sobre la mesa de la sala consistorial durante el acto- restó calor y profundidad a un homenaje sencillo pero solemne y envuelto en una atmósfera de voluntad de restitución. Incluso las tres décadas de retraso con que llega esta reparación imbuían al acto de cierto carácter histórico, como admitió el presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), José Antonio García Casquero, quien destacó su trascendencia porque "hoy se va a hacer justicia después de 30 años".

El homenaje se desarrolló sin la presencia de los familiares

La alcaldesa Regina Otaola defendió la necesidad de que Lizartza homenajeara a esta víctima porque, durante todos estos años, han sido los "proetarras" los que han gobernado esta localidad, "promoviendo el olvido de aquel crimen mientras ensalzaban a terroristas locales como hijos predilectos del pueblo".

Ningún habitante de la localidad, feudo de la izquierda abertzale, se acercó al Ayuntamiento para presenciar el acto. En las calles tampoco había un alma. Sólo la presencia de agentes de la Ertzaintza en las proximidades de la casa consistorial municipio durante el tiempo que duró el acto de homenaje indicaba que ocurría algo desacostumbrado. Nadie tuvo interés en recordar aquel 2 de octubre de 1978 en que este guardia forestal nacido en el pueblo tinerfeño de Tacoronte, que había llegado a Lizartza en marzo de 1977 destinado por el Instituto para la Conservación de la Naturaleza (Icona), recibió seis balazos cuando se dirigía del bar a su casa a las nueve de la noche.

"Sus vecinos comentaban que era un hombre bueno, integrado en Lizartza, una persona que jamás había tenido problemas en el pueblo", afirmó la alcaldesa. Otaola relató con todos sus pormenores cómo se desarrolló el atentado, porque la verdad desnuda, dijo, "nos ayudará a comprender la macabra lógica de ETA, pese a la apariencia del profundo absurdo de sus crímenes".

Otaola criticó la "ley del silencio" que ha regido a Lizartza y quiso también recordar, especialmente para ayudar a la comprensión de quienes no vivieron aquella época, la crudeza de los "años de plomo", en los que ETA trataba de borrar "cualquier resto del Estado español en el País Vasco". Mientras, la sociedad vasca, "atenazada por el miedo, daba la espalda a las víctimas y contribuía a su olvido y a la de los derechos que les asistían, con la inestimable ayuda de gran parte de la Iglesia".

Aquel 1978 fue un verdadero "año de plomo": ETA asesinó a 70 personas. Aunque, recordó Otaola, también se aprobó la Constitución, que representó el principio de la deslegitimación política y social del terrorismo.

Una misa en la ermita del Sagrario, en las afueras del pueblo, concelebrada por el capellán del cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo y a la que acudieron la presidenta de las Juntas Generales de Guipúzcoa, la socialista Rafaela Romero y el presidente del PP, Antonio Basagoiti, fue el preámbulo del homenaje en la sala de plenos de la casa consistorial. Junto a medio centenar de miembros del PP -entre ellos, los dirigentes guipuzcoanos María José Usandizaga y Borja Sémper-, asistieron también representantes de asociaciones como la AVT, Foro de Ermua, Dignidad y Justicia, Covite y la Asociación Independiente Profesional de la Guardia Civil.

La presidenta de las Juntas de Guipúzcoa afirmó que se había sumado al acto para poner "un granito de arena en este proceso de reconstrucción de la memoria colectiva".