La descoordinación fiscal sigue tributando
Las tres Haciendas afrontan otra campaña del IRPF sin fijar criterios ni inspecciones conjuntas contra el fraude - La ley de Armonización de 1989 obliga a coordinarse
Lo que no suma, resta, y más si se trata de cerrar o dificultar al menos las posibles vías para defraudar al fisco. Las tres Haciendas vascas afrontan, un año más, otra campaña de la Renta haciendo cada una de ellas la guerra por su cuenta en la lucha contra el fraude fiscal, con el argumento de que de forma individual son muy efectivas actuando contra esos comportamientos. De hecho, las tres Diputaciones exhiben, por separado y con datos que no resultan homologables, las cifras del dinero negro que han logrado aflorar en impuestos como el IRPF, aunque sobre todo en el de Sociedades y en el IVA. Sin embargo, nunca lo hacen juntas, pese a que la Ley de Armonización, Coordinación y Colaboración Fiscal, de 1989, modificada nueve años después, lo establece con claridad en su articulado. Para las Haciendas de Vizcaya y Álava, se trata de una ley "obsoleta". La realidad es que nunca se ha llegado a utilizar. El responsable del fisco alavés, José Luis Cimiano, ya lo recordó en la reciente presentación de la campaña de la renta de este año: "Somos efectivos. Ya nos cruzamos los datos y no va a haber campañas conjuntas".
"No va a haber campañas conjuntas", reitera el fisco alavés
Cada una de las tres Haciendas actúa de su lado, pero de espaldas los unos a los otros. "El esfuerzo por mantener blindadas las fronteras fiscales igual impide que alguien entre en el sistema, pero no evita que haya fugas", explica un experto en tributos, para el que solo una actuación de forma coordinada entre las tres Haciendas vascas, la española y la navarra, podría poner en dificultades a quienes vulneran la normativa para eludir sus obligaciones fiscales.
El Gobierno considera que tras las elecciones municipales y forales del próximo 22 de mayo se abren nuevas posibilidades de afrontar esta vía para el trabajo en común dentro del Organo de Coordinación Tributaria y del Consejo Vasco de Finanzas, en los que se sientan el Ejecutivo y las instituciones forales, en el contexto de la reforma fiscal que ambas partes dejaron pendiente abordar para después de los comicios.
El Ejecutivo recuerda que la ley de Armonización Fiscal establece en su artículo 13 que "las Diputaciones forales ejecutarán planes de inspección conjunta sobre sectores, colectivos y empresas, especialmente sobre aquellos que operen en más de un territorio histórico".
Dicha ley especifica que la elaboración de esos planes se efectuará en el Órgano de Coordinación Tributaria. "A estos efectos, las Diputaciones establecerán los mecanismos oportunos, incluidos los informáticos, para que la información de los contribuyentes esté a disposición" del citado órgano, añade el citado artículo 13. Ello no se ha llegado a abordar nunca.
El Parlamento ha pedido varias veces a las Diputaciones, a través de proposiciones no de ley, que actúen de forma coordinada. Frente a ello, cada una responde de manera individual.
La Hacienda de Vizcaya, que hace dos ejercicios comenzó a cruzar sus datos fiscales con otras bases de información, como las de los notarios, la Seguridad Social y las otras dos Diputaciones, además de la Agencia Tributaria española, anunció en enero pasado que había contratado los servicios de una empresa británica para extremar la vigilancia fiscal. Esa sociedad es Detica NetReveal y tiene como objetivo afinar los mecanismos internos contra el fraude fiscal, buceando en las relaciones "ocultas" entre personas y empresas para aflorar desde operaciones de blanqueo de dinero hasta los fraudes "oportunistas". Para ello, la empresa está dotando al fisco vizcaíno de un sistema informático propio que facilitará descubrir bolsas de fraude.
El más aperturista en su lucha contra el fraude ha sido el diputado de Hacienda de Guipúzcoa, Pello González, de Hamaikabat. El pasado marzo, firmó un convenio con la Agencia Tributaria para permitir el traspaso de información entre ambas Administraciones, habida cuenta de la permeabilidad de los contribuyentes a la hora de mover sus capitales entre provincias, comunidades y Estados. Las cifras de dinero negro aflorado por Guipuzcoa son las más elevadas de las tres Diputaciones, lo que ha motivado incluso un enfrentamiento público entre la Haciendas alavesa, que desconfiaba de tales cantidades, y la guipuzcoana. La firma de ese convenio ha suscitado además otras duras críticas de sus homólogos en Vizcaya y Álava.
"El caso de las vacaciones fiscales es ilustrador. Las Haciendas vascas se defienden conjuntamente, en este caso frente a las propuestas de sanción de la UE, pero no son capaces de coordinar campañas conjuntas contra el fraude fiscal", critica un experto.
El sindicato mayoritario ELA, lo tiene muy claro y no se cansa de advertir, año tras año de que el fraude fiscal de quienes declaran rentas de actividades económicas va empeorando "gracias a la impunidad y a la permisividad de las Haciendas forales".
El coste recae sobre el ciudadano
El tributario es uno de esos casos en los que la descoordinación en la lucha contra el fraude genera un sobrecoste añadido. Solo las tres diputaciones son capaces de sostener el discurso de que hacer la guerra por su cuenta en esta materia resulta más efectivo que plantear una acción conjunta. El caso es que con la actual política tributaria el peso de la recaudación recae, por partida doble, en las rentas retenidas, sobre todo de los trabajadores por cuenta ajena.
Al hecho de que se aflora menos dinero negro del que se podría, se une la favorable política fiscal vasca hacia las rentas empresariales. Las tres instituciones forales dejan de ingresar por el Impuesto de Sociedades el 29% de lo que teóricamente podrían recaudar si no aplicasen ninguna deducción, un 10% más que en el territorio común, donde ese porcentaje se queda en el 19%.
Junto a ello, las empresas están primadas ya de antemano por un tipo de gravamen del Impuesto de Sociedades del 28% con carácter general y del 24% para las pymes, frente al 30% al que tributan en territorio común las sociedades y el 25% de las pymes. En épocas como esta en que caen los beneficios empresariales, aumenta el peso de de la recaudación sobre el ciudadano de a pie, especialmente con el alza de los impuestos indirectos.
El IVA, que no discrimina niveles de renta, ya subió dos puntos en julio pasado en su tramo general y para después de las elecciones de mayo está anunciado el inicio de una reforma fiscal en Euskadi. El Gobierno quiere convocar a las tres Diputaciones para impulsar un cambio que sirva para corregir esos desequilibrios.
El Ejecutivo ya ha advertido de que revisar al alza los tramos del IRPF sin corregir la histórica curva descendente de la tributacion del Impuesto de Sociedades resultaría injusto, pero es consciente de que la competencia está en manos de las Diputaciones. El papel del Gobierno se limita al impulso reformista en los órganos en que está presente para coordinar la política fiscal.
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