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Reportaje:30º aniversario de la Constitución

Tres décadas de una asignatura pendiente

El abogado Txema Montero y el catedrático Javier Corcuera debaten en EL PAÍS sobre el constitucionalismo en Euskadi cuando la Carta Magna cumple 30 años

Hablar de constitucionalismo vasco puede parecer extraño 30 años después de la aprobación en referéndum de la Carta Magna. Estas tres décadas poco han servido para aclarar o iniciar un debate que permita una mayor aceptación de la Constitución entre los vascos, cuando el propio Gobierno autónomo la ha ignorado, pese a que existe gracias a ella y al Estatuto. Mientras los dirigentes nacionalistas recuerdan machaconamente que no votaron el texto constitucional, justificando así su posterior estrategia soberanista, parte de la sociedad vasca sigue intentando, sin demasiado éxito, promover esa cultura constitucionalista. El abogado Txema Montero y el catedrático Javier Corcuera, desde el nacionalismo y el constitucionalismo, han aceptado confrontar para EL PAIS sus posiciones cuando se celebra el 30º aniversario del texto fundamental.

"Una constitución dentro de otra parece un debate del pasado. No lo creo así"
"El constitucionalismo incorpora en el primer Estado liberal a los fueristas"
"El PNV reaccionó en 1978 de una forma no muy diferente a Arana"
"Cuando se acepta la Adicional, el PNV hace lo posible para decir 'no"
"La idea de soberanía está en parte recogida en la Constitución"
"El problema de la reforma se va a plantear a la hora de los consensos"
"Lo importante es la reforma constitucional, no la estatutaria"
"Una reforma estatutaria con este follón ideológico es arriesgadísimo"
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Pregunta. Algunos historiadores afirman que el constitucionalismo vasco ya tenía arraigo en la cultura política del XIX y que se movía en un esquema de tensión entre un mundo crítico, el del Fuero, y otro moderno, el constitucional. ¿Fue Sabino Arana el que promovió la idea de una contradicción insalvable entre Fueros y Constitución?

Javier Corcuera: Entre 1839 y 1876 los fueristas son gente que actúan con normalidad dentro del sistema político español, que, por otra parte, sostiene todavía el reconocimiento de las oligarquías, de cierto caciquismo, y en ese sentido no rompe mucho con la tradición. Los fueristas entran en ese juego, y alguno incluso es nombrado ministro. El constitucionalismo incorpora en el primer Estado liberal español, como elemento normal, a los fueristas. Obviamente cuando llega Sabino Arana, la interpretación que hace de la historia y los Fueros es distinta. Para Arana, los Fueros son la independencia, mientras para muchos siguen siendo concesiones españolas. La lógica constitucional no tiene que ver con la lógica foral como independencia.

Txema Montero: Mi punto de vista es diferente. El posicionamiento de Sabino Arana tiene que ver con la imposibilidad de lo que llamaríamos constitucionalismo foralista, y la situación concreta de Euskadi en esa época. Ahora recordamos el bicentenario de la Constitución de Bayona de 1808, en cuyo debate se perfilaron dos posturas antagónicas: la de Juan José Yandiola y el conde de Montehermoso, que representaban a Vizcaya y Álava y propiciaron una Constitución española que acogiese en su seno las constituciones forales vascas, y la del canónigo Llorente y los representantes de Burgos, que sostenían que no podía haber una Constitución dentro de otra, anticipándose a posiciones como las de Posada Herrera y Cánovas de que no cabe un Estado dentro de otro Estado. Pero tanto Zamakola como Casimiro Loizaga y Yandiola, que habla de la "convivencia" y la "combinación", están constantemente tratando de incluir esta Constitución foral dentro de la española.

La abolición foral de 1876 sancionó esta segunda postura, y de ahí la doctrina de Sabino Arana que percibe la contradicción, para él insalvable, entre Fueros y Constitución. Este callejón sin salida, existente en la actualidad, puede ser una anacronía en el futuro, pues hemos estado ya a punto de tener una Constitución española dentro de otra europea. Mi convicción es que el Estatuto de Autonomía se encuentra en la disyuntiva de transformarse, conforme a los retos del siglo XXI, en constituciones reconocidas dentro de otras superiores o en degradarse hacia una simple descentralización administrativa, con lo cual esa concepción de una constitución dentro de otra puede dar la impresión de que es un debate del pasado y sin mucho interés. No lo creo así.

J. C.: Nos podemos perder. Bayona y Yandiola no tienen nada que ver con el constitucionalismo español. La reunión de Bayona fue lo que fue, con un planteamiento fuerista. Lo que importa es el Estado que funciona tras la Segunda Guerra Carlista, un Estado en que los fueristas de verdad traducen el sistema foral de los municipios a las diputaciones, los que representan la ideología fuerista del XIX, que sigue preñando muchas cosas. Es gente que ocupa y gobierna las diputaciones, los municipios, y que está presente en Madrid. La lógica constitucional no se plantea de forma contradictoria. De hecho los debates sobre los Fueros en las Cortes nunca ponen en peligro la foralidad, que sigue existiendo.

P.: Después del largo paréntesis franquista, vivimos hace 30 años la Transición y el reencuentro con la democracia. ¿Cuál fue el papel del nacionalismo vasco en el debate político constitucional de 1978?

T. M.: La izquierda abertzale,representada exclusivamente por Euskadiko Ezkerra, se mostró a favor del derecho de autodeterminación, muy en consecuencia con la doctrina política de la izquierda internacionalista y tercermundista de la época, y en una postura más testimonial que práctica.

El PNV se movió con la habitual tensión de su dirección política pragmática, que no olvidaba que su ausencia en el pacto de San Sebastián de 1930 le impidió participar en el proceso constituyente republicano, mientras gran parte de sus bases, aun aceptando las consignas de sus líderes, vibraban, sin embargo, con las soflamas de autodeterminación. De hecho, tengo entendido que Juan de Ajuriaguerra tenía preparado dos escritos: uno en el que daba el a la Constitución de 1978 y otro rechazándola. Naturalmente, no estaba de acuerdo con la autodeterminación, que le parecía una visión marxista o de izquierdas, y quería mantenerse dentro del proceso constitucional. La salida para esta situación fue la Disposición Adicional de los derechos históricos [la Primera de la actual Constitución]. Me parece que el PNV reaccionó en 1978 de una forma no muy diferente a Sabino Arana. La situación recuerda a la relación del propio Arana con los euskalherriakos o, posteriormente, del PNV de José Antonio Aguirre con el Jagi Jagi y la base política reivindicativa.

J. C.: Matizaría un par de cosas. En el proceso que lleva a las elecciones de 1977, el PNV es un partido que se encuentra en el equipo demócrata-cristiano del Estado. Entonces no tenía ningún empacho en trabajar en un horizonte español siendo nacionalista, y con aliados españoles para traer la democracia a este país. Eso está muy claro. Y, sin embargo, desde ese punto de partida empieza a darse una evolución hasta buscar argumentos y poder decir no a la Constitución. Recuerdo la sorpresa que me produjo leer las primeras intervenciones de Xabier Arzalluz y de Michel Unzueta, en el Parlamento y en el Senado, cuando utilizan un lenguaje que no era el suyo, y que no era de nadie. Hay un momento en que parece que Arzalluz sigue siendo partidario de votar afirmativamente a la Constitución, pero, al final, le siguen imponiendo lo contrario.

Cuando el PNV se da cuenta de que se acepta la Adicional Primera acaba haciendo todo lo posible para decir que no. Se subraya la idea de que el origen que legitima nuestra autonomía no es la Constitución, sino la historia. Con lo cual ya estás dando un elemento notable de afirmación de la familia nacionalista y de diferencia con respecto a los demás. A su vez, y se tiende a olvidar, el PNV trabajó a lo largo de la Constituyente muy en serio, enmendando, consensuando e intentando que saliese una Constitución que garantizara lo que él quería: una autonomía plena y rápida, posible y ampliable. Sin embargo, hay un momento en que empieza a maniobrar para poder decir que no, porque esta Constitución "no respeta nuestros Fueros". Entonces, ¡abstente! Los jeltzales defienden una legitimidad, que es la que sostienen después afirmando: "No hemos aprobado la Constitución, porque España no reconoce nuestros derechos históricos". Mantienen continuamente una situación de presión, con un agravante terrible: la presencia de ETA.

Pero, también, podemos hacer una lectura más benévola. Quizá el PNV no puede decir a una Constitución española por la irracionalidad política de este país, por toda la locura radical, y con ETA matando. Eso supondría una ruptura terrible en el mundo nacionalista, y el PNV, quizá, pensando en integrar algún día a esa gente, decide por el momento oponerse al texto constitucional. Será una interpretación más benévola, pero se estuvo jugando a eso.

T. M.: Me gustaría matizar. La democracia cristiana como horizonte de colaboración política desapareció porque los electores así lo quisieron a las primeras de cambio, en 1977. Segundo; al PNV no se le permitió estar en la Comisión Constitucional, es decir, sí colaborar, pero no en el puente de mando, porque no se le quiso. Y sobre ETA hay que señalar que el día después, el 28 de octubre de 1978, el PNV convocó la primera gran manifestación contra ETA.

J. C.: No estoy de acuerdo. Es verdad que el PNV no estuvo en la Comisión Constitucional, pero el argumento de decir "no votamos la Constitución porque no estuvimos en la comisión" es incierto, porque se acordó que habría un solo representante nacionalista, y Convergència y el PNV no se pusieron de acuerdo. Y en cuanto a la manifestación contra ETA, me parece que por parte del PNV hubo bastante oportunismo.

T. M.: Eso no es una matización, es un juicio de valor.

J. C.: Sí, claro que es un juicio de valor. La manifestación contra ETA coincide con el momento previo al referéndum constitucional, y sirve para afirmar que se está contra ETA, y contra la Constitución. Se juntan las dos cosas.

P.: En todos estos años da la impresión de que el Ejecutivo vasco, cuyo poder emana de la Carta Magna y del Estatuto, ha ignorado en muchos casos la Constitución en sus declaraciones públicas, afirmando que no la votó. ¿Se puede hablar de cierta deslealtad respecto al Estado democrático?

T. M.: El Gobierno no tiene el poder gracias a la Constitución, sino a los votos de los electores. En cuanto al Estatuto, está en almoneda porque es una ley orgánica no cumplida por el Gobierno central, recordemos que tenemos 38 competencias pendientes, y porque casi 30 años después necesita más instrumental para poder responder a los retos presentes, lo que acaba por hacerlo parcialmente inoperante. Ésta es la razón del rechazo del nacionalismo y de la búsqueda de otros caminos. En el trasfondo está que esa deslealtad que se supone a las instituciones gobernadas por el PNV tiene como base una reserva mental del Estado que es atendible, y es la contrastada insaciabilidad de los nacionalistas.

P.: Y a esta situación se añade la violencia de ETA.

J. C.: Sí, las dos cosas se juntan. La insaciabilidad que va acompañada por el hecho de que existe ETA, y que el PNV sigue siendo necesario para acabar con ETA, con la capacidad de presión que ello le da. Me parece inmoral y pérfido que el lehendakari, que dice que los de ETA no son vascos cuando hacen una salvajada, diga a su vez que ETA es expresión del problema vasco. Lo que tenemos que hacer las fuerzas democráticas es trabajar para acabar con ETA, no intentar explicar que ETA existe porque hay un problema que otros no solucionan, cuando tampoco nosotros lo hacemos.

T. M.: Estoy convencido de la necesidad de derrotar a ETA, entre otras muchas razones porque ETA es expresión de su propio problema, y porque estoy convencido de que contamina gravemente todas las propuestas que son el elemento dinamizador, como puede ser la reclamación de poder político.

J. C.: Me encantaría pensar que esa insaciabilidad se acabara negociando una serie de competencias, pero creo que no, y ahí tenemos el ejemplo del plan Ibarretxe, que desde luego ha sido una desmesura y una incompatibilidad con la lógica.

P.: ¿En la política de Estado ha fracasado la integración del nacionalismo vasco? ¿Qué errores se han podido cometer?

T. M.: Los mismos que en el XIX. Entender que los derechos de los vascos son un privilegio y no el decantado jurídico institucional de una historia diferenciada y, sobre todo, basada en una constante y actualizada reclamación, común a la inmensa mayoría de los vascos, de mayor poder político. Da la impresión de que el ejercicio del autogobierno impulsa a los vascos a reclamar más autogobierno. Pero recordemos que la idea de constitucionalismo foral y de soberanía está en parte recogida en la propia Constitución, donde a través del reconocimiento de los derechos históricos resulta que vascos y navarros somos soberanos, al menos en lo que a fiscalidad, conciertos y policía se refiere.

J. C.: Seamos serios. El nacionalismo no ha querido integrarse, y su forma de hacerlo es decir que no está integrado. Es su forma de rentabilizar continuamente su posición diciendo "estoy fuera, porque vosotros no cumplís" y por eso "el Estatuto es una ley incumplida".

P.: ¿Es necesario reformar la Constitución tras 30 años?

T. M.: Sí, a mi juicio en tres cosas fundamentales. Primero, en lo referente a la integración en Europa, que ni se menciona en la Constitución. Luego, por su enorme simbolismo político, que además genera profunda desconfianza, derogar el artículo 8, que establece el papel garante de las Fuerzas Armadas del ordenamiento constitucional y de la integridad territorial. Ya empieza a ser hasta una paradoja, porque el Ejército español ya está en misiones de paz por todo el mundo, y, sin embargo, se le arroga el papel de ser el último gendarme en una situación política interior. En cuanto a la Corona, me parece necesario resolver el tema mediante referéndum para saber si la Monarquía se ha ganado la legitimidad y es aprobada por los ciudadanos. Además, sería necesaria una seria profundización del reconocido carácter plurinacional del Estado Español. Y aquí entraría mi propuesta de Constitución foral, de constitucionalización de las reivindicaciones nacionalistas, a través de la Disposición Adicional, en los términos que hace 200 años expresó Yandiola en Bayona ante el Rey al hablar de "convivencia", "coexistencia" y "combinación".

J. C.: Creo que la reforma es necesaria en esos términos y en los cuatro temas que adelantó el Gobierno. El problema se va a plantear a la hora de los consensos y, en consecuencia, en los acuerdos, sobre todo en torno al Título VIII, que sólo dice cómo acceder a la autonomía, pero que ya ha cumplido su misión. Personalmente, estoy de acuerdo con el Consejo de Estado cuando dice lo que se tendría que hacer en materia competencial. La Constitución define cuáles son las competencias del Estado. En definitiva, debemos optar por el modelo federal que diga qué es del Estado. Una de las cosas más penosas es la falta de acuerdo sobre la reforma y la función del Senado como representación territorial. Sólo se discute cuantos escaños tienen o tendrán los partidos, y no se aborda la discusión del futuro papel de la institución. No creo que se logre el consenso con los nacionalistas.

P.: ¿Qué se opone a la apertura de un debate serio sobre la reforma constitucional?

T. M.: Primero, la persistencia de ETA, y ahí estamos todos de acuerdo en que contamina todo proceso de cambio y debate político. La prioridad es tener una vida donde la gente tenga su seguridad personal asegurada y en la que desarrolle su participación política en circunstancias de normalidad. Por eso mis prevenciones hacia el plan Ibarretxe, pues las grandes decisiones hay que tomarlas en los momentos en que se puedan aplicar en situación de igualdad de condiciones, con un debate sosegado y sin estar sometidos a ese vaivén electoral frenético, casi anual.

P.: ¿Por dónde empezar?

J. C.: Por hacer una política más integradora, y en este sentido la política del lehendakari no es la mejor, en la medida en que parte del presupuesto de que sólo hay que fortalecer, reunir e impulsar a la familia nacionalista. Parece olvidar que existen serios problemas para lograr una convivencia tranquila. Que se vive una división interna que no nos merecemos. Que han llegado incluso a degradarse las relaciones personales, y se recurre al silencio para evitar la ruptura. Mientras, se plantean problemas que no tienen nada que ver con nuestras vidas como "el ser para decidir". Empecemos a pensar en lo que nos importa, y eso nos ayudará a serenarnos. Hasta que no se normalice el debate político vamos a pasar momentos difíciles y no avanzaremos.

P.: ¿Qué sería prioritario, la reforma constitucional o la reforma estatutaria?

T. M.: Hay que discernir lo importante de lo urgente. Lo importante es la reforma constitucional.

J. C.: Plantearse una reforma estatutaria con el follón ideológico que tenemos y sin un claro modelo de cuál es el sistema autonómico español en que se va a mover, me parecería arriesgadísimo. Más vale serenar el debate.

T. M.: Me da la impresión de que los políticos vascos han optado por hacer lo segundo, y no se ha tenido urgencia para reformas estatutarias que han planteado en otros sitios. Empiezo a pensar si no ha sido para bien.

Javier Corcuera (a la izquierda) y Txema Montero, antes del debate que mantuvieron en la sede de EL PAÍS en Bilbao.
Javier Corcuera (a la izquierda) y Txema Montero, antes del debate que mantuvieron en la sede de EL PAÍS en Bilbao.SANTOS CIRILO

Txema Montero

Txema Montero (Bilbao, 1954), europarlamentario y miembro de la Mesa Nacional hasta 1992, cayó en desgracia en HB tras criticar a ETA por el atentado de Hipercor. Abogado, dirigió hasta fin de 2007 la tribuna de reflexión de la Fundación Sabino Arana.

Javier Corcuera

Javier Corcuera (Bilbao, 1946), catedrático de Derecho Constitucional de la UPV, ha estudiado en profundidad a lo largo de su carrera la Carta Magna, el Estatuto de Gernika y la construcción y desarrollo del entramado institucional vasco.

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