El billete del metro

Seguramente sin desearlo, el diputado general de Vizcaya, José Luis Bilbao, ha entreabierto la tapa de una caja en la que casi nadie ha querido hurgar en las dos últimas décadas: la de la eficiencia y sostenibilidad de nuestro modelo institucional. No sólo el que viene definido por el Estatuto y la Ley de Territorios Históricos (LTH), sino también, y sobre todo, el resultante de sus desviaciones e incumplimientos. Asumiendo el papel de azote de un Gobierno que su partido, el PNV, sigue considerando espurio, Bilbao se presentó la pasada semana a su primera entrevista con el lehendakari, Patxi López, con una desmesurada lista de reclamaciones. Entre ellas, la intención de "dejar de pagar" la construcción y ampliación del metro a escote con el Gobierno, lo que supondría descargarse de 840 millones de euros hasta 2029.

Es más probable que sea la crisis la que corrija los excesos y duplicidades de gasto

Pero lo más interesante de la pretensión son los motivos aducidos para desprenderse de esa carga financiera: que la competencia de ferrocarriles es del Gobierno y que la Diputación se encuentra muy endeudada. De la argumentación de Bilbao se deduce que su reclamación no se habría producido si la recesión no estuviera estrangulando los ingresos fiscales y si el PNV siguiera gobernando en el País Vasco. Sin embargo, la primera razón aportada, puesta en relación con la segunda, invita a entrar en materia.

Mientras la recaudación y las rentas del Concierto Económico crecían por encima del 8% anual y las diputaciones y el Gobierno eran controlados por un mismo partido, muy pocos apuntaron los desajustes competenciales y actuaciones duplicadas que se estaban produciendo, con un coste muy alto para los contribuyentes. Había dinero de sobra para gastar y derrochar, y, si se producían choques entre instituciones, ahí estaba la dirección del partido guía para dar y quitar razones o imponer laudos de obligado cumplimiento. Lo cierto es que el principio de que cada institución debe ceñirse al ejercicio de las competencias que le corresponden ha sido tan poco respetado en Euskadi como en Madrid. Precisando más, habría que decir que las prácticas expansivas en este ámbito han tenido un suelo fecundo en Vizcaya desde tiempos de José María Makua; también durante el mandato de José Luis Bilbao.

El metro bilbaíno, precisamente, no vale como ejemplo. Cuando el diputado general pide que el Gobierno pague el billete íntegro, porque la competencia sobre ferrocarriles autonómicos es suya, parece olvidar que el suburbano no era la única alternativa para el transporte del Gran Bilbao, que es de su incumbencia. El metro, por lo tanto, se construyó con el compromiso de pagarlo al cincuenta por ciento, al igual que sus nuevas líneas, forzadas desde la Diputación pese a que el número de nuevos usuarios potenciales no justifica en absoluto la enorme inversión requerida. Sin esa financiación a medias, posiblemente el metro no se habría acometido, porque tener la competencia no se traduce en la obligación de realizar un proyecto concreto en un lugar determinado.

La aplicación de la norma del rigor competencial puede volverse en contra de José Luis Bilbao si se examina, por ejemplo, su decisión de poner en marcha un plan foral de vivienda, cuando esta materia corresponde con claridad al Gobierno vasco y los ayuntamientos. Pero se estimó desde su partido que era la vía adecuada para frenar en ese territorio la proselitista política de vivienda de Javier Madrazo. También el Estatuto establece que debe estar en manos del Gobierno el diseño museístico de la comunidad autónoma. Pero eso no impide a la Diputación de Vizcaya intentar arrastrar al Ejecutivo, apoyándose en el formidable e inopinado éxito del Guggenheim, a intentar repetir el bingo con un segundo museo en Urdaibai, del que se sabe lo que costaría (200 millones), aunque se ignora aún qué ofrecería y a cuánta gente podría atraer para compensar tan enorme desembolso. La casuística del primero y del pretendido segundo Guggenheim resulta homologable a la del metro, pero aquí no se aplica el "dejar de pagar", sino que es la Diputación la que tira generosamente de chequera y reclama al Gobierno que haga lo propio, aunque no vea clara la operación. Y lo mismo sucede también a la hora de construirle el nuevo estadio al Athletic.

La naturaleza de las instituciones es expansiva cuando se dispone de recursos económicos abundantes, y la compleja estructura organizativa de la comunidad autónoma, con su fuerte componente territorial, favorece la confusión competencial. Nadie está libre de pecado. Porque el mismo Gobierno que siempre vio con disgusto las entradas de Vizcaya en su área de la política industrial, no ha tenido empacho en pisarle el terreno a las diputaciones en agricultura y ganadería o en obras de carácter municipal. El conjunto de la comunidad autónoma ganaría mucho si se abordara con espíritu constructivo la revisión que necesita la LTH después de 25 años de rodaje. Sin embargo, no parece que la intención de José Luis Bilbao al sacar la cuestión del metro vaya en esa dirección.

Resulta más probable que sea la crisis la que reconduzca, con la fuerza inapelable de la contabilidad, los excesos y duplicidades en el gasto público. Con el contador de los ingresos en rojo y las necesidades sociales disparadas, mal podrán justificar las instituciones adentrarse en jardines competenciales que no son de su incumbencia o ponerse a promotores de conciertos de las grandes estrellas del rock and roll. Pero sería positivo que esa clarificación competencial no fuera consecuencia de la forzada austeridad, sino de un debate profundo sobre la realidad y las necesidades actuales del País Vasco. Se evitaría así que las instituciones vuelvan a las andadas en cuanto la economía vuelva a permitírselo.