La batalla de Kukutza

Rekalde madrugó ayer más de lo previsto. Pasaban las cinco de la madrugada cuando una sirena despertó a buena parte del populoso barrio bilbaíno. No era la de la policía esta vez, ni la de ambulancias o bomberos, sino la señal de alarma prevista por los okupas de Kukutza para advertir sobre el desalojo de su gaztetxe por parte de la Ertzaintza. El estridente sonido, acompañado por varios cohetes, marcó el inició de una mañana que, prevista, pero sin fecha conocida, derivó en lo más parecido a una batalla campal, solo que entre edificios de viviendas y con una antigua fábrica de maquinaria industrial como escenario. Una treintena de detenidos y varios heridos fue el resultado.

Ni las antes habituales algaradas de kale borroka o detenciones de etarras habían provocado en Rekalde un despliegue policial similar. No había despuntado aún el alba cuando decenas de agentes, -"muchos efectivos" según Interior- se personaron ante el gaztetxe, con mandato judicial, para proceder a su desalojo. Lo hicieron equipados con material antidisturbios y acompañados de tanquetas para derribar los accesos al edificio. La respuesta de los okupas se materializó con el lanzamiento de varias piedras y ladrillos que provocaron daños materiales en algunos vehículos aparcados en las inmediaciones.

Los 23 okupas del inmueble fueron trasladados a comisaría

El Ararteko decide abrir un expediente de oficio por la actuación policial

Fue solo el inicio de una tensa jornada. La Ertzaintza tuvo que emplearse a fondo en un doble frente. Primero, en el interior de Kukutza, donde los agentes encontraron a su paso objetos cruzados a modo de barricada que dificultaron su intervención, más aún a oscuras. Más de seis horas se prolongó finalmente la operación hasta que los agentes arrestaron a los 23 inquilinos del gaztetxe y procedieron a su expulsión como paso previo al traslado hasta dependencias policiales.

No más sencilla resultó la labor de contención a pie de calle. El símbolo antisistema que representaba Kukutza y la polémica suscitada en torno a su desaparición había provocado en las últimas semanas un movimiento popular de respuesta que no tardó en tratar de torpedear el dispositivo de la Ertzaintza.

A lo largo de la mañana, cientos de personas quisieron mostrar su apoyo al gaztetxe mediante pequeñas concentraciones de protesta en Rekalde e intentos de escaramuzas que fueron contrarrestados con cargas policiales. Como resultado, el barrio quedó en una especie de estado de sitio, con un cordón policial alrededor del edificio desalojado que interrumpió la circulación en varias arterias y obligó a identificar a varios viandantes.

Siete personas más fueron detenidas y varias resultaron heridas como consecuencia de los disturbios en la vía pública, que se saldaron con el vuelco de varios contenedores. El último arresto se produjo pasadas las diez de la noche tras la manifestación de protesta por el desalojo.

Uno los heridos tuvo que ser atendido en el hospital de Basurto, mientras que el resto de lesionados optaron por ir al ambulatorio del barrio. Ante el aluvión de llamadas recibidas por presuntas acciones desproporcionadas de los agentes, el Ararteko decidió abrir un expediente de oficio para investigar las circunstancias de la actuación de la Ertzaintza. El juzgado número 5 de Bilbao, por su parte, suspendió la orden de derribo de Kukutza durante 48 horas, hasta escuchar a todas las partes.

Al lugar de los hechos se trasladaron representantes como Dani Maeztu, de Aralar; Juanjo Agirrezabala, de EA; Mikel Arana, de EB; el concejal de Bildu Txema Azkuenaga, y Oskar Matute por parte de Alternatiba. Todos ellos coincidieron en criticar la intervención policial en forma y fondo. EA, EB y Aralar, cuyos representantes no pudieron acceder al gaztetxe, pese a exhibir el carné de parlamentarios, anunciaron que pedirán la comparecencia en la Cámara tanto del consejero de Interior, Rodolfo Ares, como del alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna, para que den explicaciones.

El PP recordó que el desalojo era obligado "por la existencia de sentencia judicial y la licencia del Ayuntamiento para el derribo del edifico". Aún así, instó a Azkuna a buscar una opción para Kukutza.

La polémica generada obligó a intervenir a Ares, quien tuvo que ofrecer una rueda de prensa por la tarde en la base central de Erandio para dar su versión. Ares defendió que la intervención policial fue "proporcionada" ante el comportamiento "extremadamente violento de las personas que ocupaban el tercer piso y la azotea del inmueble", mientras que el amplio dispositivo pretendía "garantizar la seguridad" de los implicados y completar la operación "en el menor tiempo posible".

El concejal de Urbanismo en Bilbao, Ricardo Barkala, sostuvo que la Ertzaintza cumplió con su trabajo al ejecutar la orden de desalojo y mostró su sorpresa por las reacciones violentas. "Nos habían advertido de que iban a mantenerse en la defensa de su posición, pero siempre de forma pacífica y eso no cuadra con apedrear lunas o volcar contenedores", lamentó.