'Okupación' versus ocupación

Una treintena de jóvenes, varios de ellos menores de edad, irrumpieron el pasado 24 de septiembre en una vivienda particular de la Parte Vieja donostiarra y campan desde entonces a sus anchas en su interior. Son abiertamente simpatizantes de la izquierda abertzale y nadie les ha impedido instalarse en una propiedad ajena.

Esta misma semana, tres jóvenes del 15-M se adentraron en el antiguo teatro Bellas Artes, en pleno centro de la misma ciudad, y permanecieron allí durante unas horas, hasta que la Guardia Municipal les forzó a abandonarlo. ¿Está siendo más permisivo el gobierno municipal de Bildu con unos movimientos sociales que con otros? ¿Ha vuelto la moda okupa a San Sebastián?

Ibazeta, asesor de Izagirre, estuvo en el momento de ocuparse el piso

Los propietarios de la casa ocupada han cursado una denuncia judicial

PNV y PP impulsan una comisión para dirimir si existen responsabilidades

La actuación de los primeros asaltantes, que se han colado sin ningún permiso en la vivienda de una mujer de 104 años, Pilar Ormazabal, ha causado una sonada polémica en San Sebastián. Tomaron el piso ubicado en el número 5 de la calle Gaztelubide, junto a la subida al monte Urgull, para transformarlo en un gaztetxe que han bautizado como Uxotegi (palomar).

La ocupación se produjo con la intervención de Josetxo Ibazeta, exedil de EH y actual secretario del alcalde donostiarra, Juan Karlos Izagirre, de Bildu. Según consta en los informes de la Guardia Municipal, Ibazeta se presentó ante los agentes como representante de los jóvenes que habían allanado la propiedad.

El asesor del regidor niega que ejerciera este papel. La representación legal de la propietaria sostiene que Ibazeta se identificó ante los guardias como "responsable del movimiento okupa", liderado por la Gazte Asanblada, afín a la izquierda radical. El portavoz municipal del PP, Ramón Gómez, ve una "evidente" implicación del secretario de Alcaldía, dado que entre los ocupantes se encontraba su hija y la de Joseba Álvarez, dirigente de la antigua Batasuna.

Los abogados de la dueña han presentado una denuncia ante los juzgados de San Sebastián. Paralelamente, el PNV y el PP han exigido la creación de una comisión de investigación para esclarecer si el gobierno de Bildu ha sido connivente con los actuales moradores de Uxotegi.

Izagirre no he tenido reparo en afirmar que participa de los deseos de "autogestión" que, al parecer, han impulsado a estos jóvenes. Les apoya porque la autogestión cultural es algo que "los propios jóvenes demandan, a la vez que tiene buenos resultados en la programación" de actividades para el barrio. Lo dice el alcalde de uno de los Ayuntamientos que más recursos destina a la cultura.

Al resto de los partidos les ha sorprendido que la Guardia Municipal, a las órdenes del alcalde, no impidiera la ocupación de la vivienda particular y, en cambio, unos días después los agentes actuaran para desalojar el Bellas Artes. ¿Por qué en un caso se desaloja y en el otro no?

"El alcalde tiene dos varas de medir. Una de 0,75 para los jóvenes radicales y otra de 1,50 para los del 15-M", afirma el concejal José Luis Arrúe, del PP. Eneko Goia (PNV) tiene la impresión de que "hay complicidades y tratamientos distintos por parte del gobierno municipal en función de los protagonistas" de la ocupación. ¿Y si todas las asociaciones o colectivos que ha pedido un local al Ayuntamiento hicieran lo mismo que los jóvenes okupas?, ha llegado a cuestionar Goia al regidor. Esas organizaciones están a la espera de una respuesta del Consistorio, mientras los okupas han "burlado" todas las normas para hacerse con unas instalaciones privadas.

Bildu,por su parte, permitió la ocupación de la casa de la Parte Vieja aduciendo que no existía una orden judicial de desalojo. Tampoco se daba esta condición en el caso del Bellas Artes y, sin embargo, los agentes accedieron al teatro para sacar a los tres miembros del 15-M. El abogado de la familia aporta otro dato relevante: "En la misma casa ocupada ahora, la Guardia Municipal actuó un mes antes desalojando a marroquíes y rumanos que habían ocupado la vivienda. Entonces tampoco había orden judicial".

"Ha existido presión por parte del asesor del alcalde hacia los policías municipales para que estos no impidieran la comisión de delitos. Es inaceptable que desde el Ayuntamiento se favorezcan o consientan actuaciones de este tipo contra el derecho de la propiedad", afirma la defensa de la propietaria. Añade que los ocupantes podrían incurrir, al menos, en delitos de usurpación y daños, contemplados en el Código Penal, además de las responsabilidades políticas que pudieran derivarse de la intervención de Ibazeta.